El referéndum del 1-O ha supuesto un punto de inflexión en la correlación de fuerzas del desafío soberanista. Este domingo, aún a sabiendas de que la consulta plebiscitaria se sitúa fuera de la carcasa legislativa y que no tendría ningún efecto práctico ya que el resultado no sería reconocido por el Estado español, la jornada se erigió en una muestra de potencia. Los soberanistas querían mostrar músculo independentista mientas Mariano Rajoy debía cercenar cualquier atisbo de garantía del referéndum. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, buscaba la fotografía de la población catalana votando con absoluta normalidad y aparentando toda la apariencia garantista posible, mientras el presidente del Gobierno intentaba evitar a toda costa la instantánea, lo que provocó una imagen aún peor que ha visto todo el globo. La prensa internacional criminaliza al presidente del Gobierno por la “desproporcionada” represión y le señalan como el responsable directo.

La gestión de Mariano Rajoy desde incluso antes de aterrizar en la Moncloa no es que haya sido desacertada y poco efectiva, sino que, además, ha sido partidista. El actual presidente del Ejecutivo ha atajado la cuestión catalana de manera interesada, teniendo en cuenta únicamente la calculadora electoral. Empecemos por el principio.

De aquellos lodos, estos barros

Mayo de 2006, Rajoy sube al estrado del Congreso de los Diputados ya como líder del Partido Popular. Allí, pronuncia las siguientes palabras:  "Cuando los ciudadanos piden un referéndum porque quieren opinar, la respuesta no puede ser 'tranquilos, no pasa nada, confíen en mi', ¿qué broma es esta?”, y añadía: “Ante una demanda tan legítima, con un respaldo tan vigoroso", no podía "imaginar que un gobierno democrático la rechace".

José Luis Rodríguez Zapatero impulsó durante su etapa como presidente el desarrollo de las comunidades autónomas y varias de ellas presentaron propuestas para reformar sus respectivos marcos jurídicos autonómicos (Catalunya, Andalucía, Illes Balears, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla La-Mancha y Extremadura).

Catalunya presentó su propuesta y al Partido Popular pareció no entusiasmarle. Los populares recurrieron ante el Tribunal Constitucional 136 artículos del Estatut en unos 400 folios entregados al Alto Tribunal. Ángel Acebes aseguró que el Estatut suponía la “división” y la “ruptura del modelo constitucional”. Soraya Sáenz de Santamaría y Federico Trillo, entre otros, fueron de los más críticos. A sus ojos, se trataba de una “Constitución paralela”. La mayoría de sus críticas se focalizaron en “el empleo del término nación”, el tratamiento de la lengua catalana, la regulación del Poder Judicial y la distribución de competencias impositivas y financieras.

Rajoy se lanzó a la calle exigiendo un referéndum en el que votaran todos los españoles para tumbar el Estatut. ¿Y cuál fue la respuesta? La Abogacía del Estado retrató sus intenciones.

Doble rasero

La Generalitat encargó un informe jurídico que concluyó que existían 119 similitudes entre el Estatut de Catalunya que el PP quería tumbar y otros textos ya aprobados. Según el dossier, 95 de los artículos ya estaban en vigor en los estatutos de Andalucía, Baleares, Aragón y Andalucía. El quid de la cuestión es que todos estos estatutos de autonomía ya fueron aprobados y de manera unánime, con el apoyo del PP.

El caso de Andalucía es el más flagrante. La Abogacía del Estado emitió un documento en el que señalaba que 30 artículos recurridos por el PP eran calcados a los incluidos en el Estatuto de Andalucía, donde el PP no presentó ningún recurso y votó favorablemente. De hecho, varios de estos artículos fueron incorporados al Estatuto de la Comunidad Valenciana promulgado en abril de 2006, unos meses antes del recurso de inconstitucionalidad que presentaron por el Estatut de Catalunya.

¿A qué se debe el tratamiento diferente del PP a Catalunya? ¿Por qué el actual presidente dio a unas comunidades lo que niega a otras? En el caso valenciano es muy fácil responder: el presidente de la Comunidad Valenciana era Francisco Camps.

Comparemos artículos:

Artículo 95.1 del Estatut de Catalunya (recurrido) vs. artículo 140.1 del Estatuto de Andalucía:

"El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya es el órgano jurisdiccional en que culmina la organización judicial en Catalunya y es competente, en los términos establecidos por la ley orgánica correspondiente, para conocer de los recursos y de los procedimientos en los distintos órdenes jurisdiccionales y para tutelar los derechos reconocidos por el presente Estatuto. En todo caso, el TSJ de Catalunya es competente en los órdenes jurisdiccionales civil, penal, contencioso-administrativo, social y en los otros que puedan crearse en el futuro".

"El TSJ de Andalucía es el órgano jurisdiccional en que culmina la organización judicial en Andalucía y es competente, en los términos establecidos por la ley orgánica correspondiente, para conocer de los recursos y de los procedimientos en los distintos órdenes jurisdiccionales y para tutelar los derechos reconocidos por el presente Estatuto. En todo caso, el TSJ de Andalucía es competente en los órdenes jurisdiccionales civil, penal, contencioso-administrativo, social y en los que pudieran crearse en el futuro".

Artículo 204.1 del Estatut de Catalunya (recurrido) vs. artículo 133.2 Estatuto Baleares:

"La gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección de todos los tributos propios de la Generalitat de Catalunya, así como, por delegación del Estado, de los tributos estatales cedidos totalmente a la Generalitat, corresponde a la Agencia Tributaria de Cataluña".

"La gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección de los tributos propios de la Comunidad de las Illes Balears, así como, por delegación del Estado, de los tributos estatales cedidos totalmente a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, corresponden a la Agencia Tributaria de las Illes Balears".

Artículo 24.3 Estatut Catalunya (recurrido) vs. artículo 15 Estatut P. Valenciano:

"Las personas o las familias que se encuentran en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna, de acuerdo con las condiciones que legalmente se establecen".

"Con el fin de combatir la pobreza y facilitar la inserción social, la Generalitat garantiza el derecho de los ciudadanos valencianos en estado de necesidad a la solidaridad y a una renta de ciudadanía en los términos previstos en la ley".

Rajoy capitaliza el auge independentista

El Estatut de autonomía se aprobó con varias modificaciones, en concreto, con la supresión de 14 artículos. De esta manera, Catalunya se convirtió en la única comunidad autónoma con un estatuto de autonomía que no ha sido ratificado en referéndum ya que el cuerpo normativo se sometió a votación en 2006, pero a posterior, se introdujeron alteraciones a instancias del Constitucional.

Desde entonces, la causa soberanista no ha hecho más que ganar adeptos hasta sumar una base potencial de unos dos millones de catalanes (tal y como demuestran las elecciones autonómicas desde 2010 y las diferentes consultas).  Una causa que ha acelerado desde 2010, con la victoria de Artur Mas en los comicios autonómicos. Dos años después, en 2012, convocó elecciones anticipadas y volvió a ganar. Fue entonces cuando promulgó la denominada Vía Catalana.

Artur Mas convocó una consulta, el archiconocido 9-N (2014), que desembocó en la convocatoria de otros comicios autonómicos. El 27-S se presentaron los partidos independentistas de manera conjuntamente y con un único precepto como programa: un referéndum secesionista.

Carles Puigdemont, por las dinámicas surgidas en el seno de Junts pel Sí, tomó el relevo a Mas, y el resto es de sobra conocido. La hoja de ruta del procés concluyó el 1-O. Ahora la pregunta es qué pasara a partir de este 2 de octubre. Lo único que está claro es que la gestión de Rajoy ha sido partidista, buena prueba de ello es que toda la prensa internacional le señala como responsable de lo ocurrido el 1-O. Y es que, el despliegue de fuerza en Catalunya -que la ONU investigará-, así como la gestión al completo, está cristalizándose en un mayor apoyo ciudadano al PP en el resto de comunidades autónomas en detrimento de respaldo en Cataluña, pero allí, ya son una fuerza residual.