La consejera de Territorio de la Generalitat de Catalunya, Ester Capella, ha anunciado este jueves en Madrid después de reunirse con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que “en febrero entrará en vigor en Cataluña la contención de rentas” de los precios del alquiler.
“En febrero, cuando acaben, el ministerio publicará la memoria y la declaración de zona tensa de 140 municipios que enviamos en verano de 2023 y los índices a aplicar”, ha informado, explicando que en las próximas semanas finalizarán los trabajos entre el Govern y el Gobierno “del sistema de índices a aplicar” a los precios de la vivienda de alquiler.
De esta forma, Cataluña se conforma como la única comunidad autónoma que por ahora ha pedido poder regular los alquileres, como prevé la Ley de Vivienda que se aprobó en abril de 2023.
Y con ello, la comunidad recuperará la contención de rentas que estuvo en vigor entre septiembre de 2020 y marzo de 2022, cuando el Tribunal Constitucional la tumbó en respuesta a un recurso del Gobierno.
Por su parte, desde el Ministerio de Vivienda se ha confirmado a través de una nota de prensa que “el Índice de Precios de Referencia de Alquiler que permitirá declarar las zonas tensionadas está previsto que se publique a lo largo del mes de febrero”. “Hoy la vivienda es un problema transversal, de mayorías, y ambos gobiernos aspiran a atender esta demanda”, ha subrayado Isabel Rodríguez.
Zonas tensionadas y límites en el alquiler
El Govern incluyó 140 ciudades y pueblos catalanes, en los que viven 6,2 millones de personas (el 80,6% de la población de la comunidad), en su lista de municipios con precios del alquiler tensionados. Prácticamente un centenar de ellos están concentrados en Barcelona, su área metropolitana y las ciudades más grandes del Vallès.
Esta lista la envió la consejería de Territorio al Gobierno central en agosto para que el Ejecutivo avalase tanto la memoria como el índice de precios por un periodo de tres años, prorrogable cada año mediante el mismo procedimiento.
En aquel entonces, Capella expresó su confianza en que el Ejecutivo diese rápidamente el visto bueno y que los controles de precios se pudieran aplicar en el mismo mes de agosto. No obstante, dicha aprobación por el Gobierno que entonces estaba en función se retrasó.
Según marca la ley de Vivienda, hay dos requisitos para que un área sea considerada tensionada. El primero es que en la zona la carga mediana de la hipoteca o del alquiler, más los suministros, supere el 30% de los ingresos medios de un hogar. Y el segundo consiste en que el precio del alquiler haya subido al menos tres puntos por encima del IPC en los últimos cinco años.
No obstante, con que se dé una de las dos condiciones es suficiente para ser considerada como zona tensionada. Al ser consideradas zonas tensionadas los arrendatarios podrán acogerse a la finalización del contrato a una prórroga extraordinaria de carácter anual, y por un periodo máximo de tres años, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor.
En los nuevos contratos también se limitará el precio a la renta del contrato anterior, una vez aplicada la cláusula de actualización anual de ese contrato. Y en el caso de los grandes tenedores la renta no podrá exceder el límite máximo fijado por el índice de precios de referencia que el ministerio se ha comprometido a aprobar en febrero.
