El operario investigado como presunto responsable del incendio forestal que ha devastado miles de hectáreas en la provincia de Ávila habría estado utilizando maquinaria pesada durante los días previos al inicio del fuego, pese a que su uso estaba expresamente restringido por las autoridades autonómicas debido al elevado riesgo de incendios derivado de la ola de calor. Así lo recoge el diario El Mundo, que ha tenido acceso a las diligencias de la investigación y a las declaraciones de los implicados.
Según esta información, dos testigos aseguraron ante la Guardia Civil haber visto al investigado empleando un vehículo de gran tonelaje para abrir caminos en el entorno de Burgohondo durante las jornadas anteriores al incendio. Sus testimonios, considerados consistentes por los investigadores, contradicen la versión ofrecida por el propio operario, quien reconoció que manejaba la maquinaria, aunque sostuvo que únicamente la estaba desplazando de un lugar a otro y no realizando trabajos con ella.
Contradicciones
No obstante, las inspecciones realizadas por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), junto con el informe técnico elaborado en colaboración con la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) de la Junta de Castilla y León, concluyeron que existían indicios claros de actividad de la maquinaria en la zona. Tal y como informa El Mundo, los investigadores detectaron importantes contradicciones entre la declaración del operario y las pruebas recabadas sobre el terreno.
Maquinaria prohibida
La investigación también apunta a que los trabajos se llevaron a cabo en unas fechas en las que el Gobierno de Castilla y León había prohibido expresamente el uso de maquinaria susceptible de generar chispas o provocar incendios forestales. Además, tanto el operario como el propietario del vehículo carecían, presuntamente, de la autorización administrativa necesaria para desarrollar esas tareas y no disponían de los medios de extinción obligatorios.
El propietario de la máquina también figura como investigado por un presunto delito de incendio forestal y otro contra los recursos naturales y el medio ambiente, aunque optó por no prestar declaración ante la Guardia Civil. Según las pesquisas del Seprona, una chispa originada por el uso del vehículo habría desencadenado el incendio declarado el pasado 22 de julio, que se propagó con enorme rapidez y ha obligado al desalojo de miles de personas.
Las diligencias incorporan además agravantes relacionados con la cercanía del fuego a núcleos habitados y el grave impacto ocasionado sobre los ecosistemas afectados. Según detalla El Mundo, una vez que el incendio quede completamente extinguido, la Policía Judicial de Ávila llevará a cabo nuevas inspecciones oculares cuyos resultados se incorporarán al informe definitivo del Seprona para determinar con precisión el origen del fuego. Debido a la magnitud del suceso, en la investigación también participará la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil, especializada en este tipo de delitos.
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