La ciudadanía suele intentar pasar página una vez transcurrida una desgracia para poder seguir sobreviviendo y los responsables políticos tan solo acuden a la zona cero cuando se depositan allí los focos, ni antes cuando las advertencias se acumulan ni después cuando las consecuencias son desoladoras. Pero el monte no olvida. Lo saben perfectamente en Castilla y León, donde el pasado verano ardieron sus montes en varias localizaciones mientras su presidente autonómico, Alfonso Fernández-Mañueco, estaba de vacaciones en Cádiz y no acudió a su tierra hasta días después, cuando los incendios habían alcanzado su punto álgido.
Tragando humo, comiendo raciones inmundas y soportando jornadas maratonianas (más de 14 horas) estaban mientras tanto los bomberos forestales de la Comunidad Autónoma. Sin conocer su destino al día siguiente, sin el material de seguridad y técnico necesario, librando un día a la semana, cobrando poco más de 1.000 euros (con suerte), durmiendo en el suelo, sin su categoría profesional reconocida, con plantillas purgadas superado el verano. Esta es la situación que los profesionales que arriesgaron su vida para salvar vidas y contener las llamas para aminorar los daños contaron a ElPlural.com. Y así están más de medio año después.
Si viene otra ola de incendios estaremos exactamente igual
Las promesas se acumularon en el momento de los incendios, tras los que un Mañueco sobrepasado y avergonzado amplió el operativo a la totalidad del año, una acción que luego resultó tener letra pequeña, dado que solo afectaba al 20% de la plantilla, pues el 80% en manos de las empresas privadas no se ve beneficiada de esta medida. Retirado el foco mediático y superado el rédito político nada más cambió y, con la llegada de la campaña electoral, los bomberos volvieron a interesar a la administración, a quien la oposición le reprocha su inacción.
Cientos de trabajadores nuevamente instrumentalizados en la antesala las elecciones de Castilla y León, pero que han alzado la voz para no volver a ser utilizados como moneda de cambio. Lo mismo ha sucedido con los vecinos de las zonas afectadas, a los que se ha intentado “comprar”, tal y como denuncia Sergio, bombero forestal en el territorio. La Junta ha otorgado 500 euros a todos los ciudadanos (5.000 para los autónomos) de los pueblos castigados, independientemente de su actuación e incluyendo localizaciones con un 2% quemado, pero ha topado la indemnización máxima para aquellos que han sufrido una embestida dura.
Ha pagado deprisa y corriendo para comprar votos
“Existen personas afectadas por los incendios de la Sierra de la Culebra, en 2022, que todavía no han cobrado, pero ahora ha pagado deprisa y corriendo (cantidades ínfimas) para comprar votos”, traslada el bombero. Pero nada ha cambiado en el operativo y los profesionales se temen peor. “Vamos a estar igual que en 2025, el Plan anual es exactamente igual y las dotaciones prácticamente las mismas”, expone el trabajador que estuvo y está al pie de los mismos montes que ardieron, advirtiendo de que “si viene otra ola, todo será exactamente igual”.
Los bomberos se plantan contra Mañueco
La Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (ATIFCYL) inició la pasada semana una ola de movilizaciones por varias provincias castellanas y leonesas para recordar que lo que ocurre en sus montes “no es un accidente”, sino “la consecuencia directa de decisiones políticas, de años de abandono, de recortes sostenidos y de una gestión irresponsable por parte de la Junta de Castilla y León”. Este sábado celebrarán su última marcha en León, saliendo de Pobladura a las 10:00 horas con destino Filiel.
Sergio defiende esta actuación como “un recuerdo a la gente cuando vaya a votar”. “Estos incendios existieron”, comenta a este periódico entre marcha y marcha por los pueblos afectados, donde han querido acudir para conocer la situación de los vecinos y los pueblos. “Nos han utilizado como una proclama electoral más, pero no se han afrontado mejoras importantes de cara a la campaña de 2026. Son solo parches”, lamenta
“Mañueco y su equipo de Gobierno han demostrados no estar a la altura de la gravedad del problema” y por ello no van a dejar de luchar para evitar que se vuelva a producir una situación similar a la del agosto pasado. “Cada hectárea arrasada es una prueba del fracaso político. Cada pueblo amenazado refleja una gestión que prioriza el ahorro presupuestario frente a la seguridad de la población. Cada profesional que trabaja en condiciones precarias y sin recursos suficientes es el reflejo de un modelo que no protege ni a la tierra ni a quienes la defienden”, sentencian los trabajadores.
El monte no olvida
El lema de sus movilizaciones, cuatro palabras grabadas a fuego en los corazones castellanos y leoneses. Los servidores públicos alzan la voz por mucho más que por sus condiciones laborales. Lo hacen por sus vecinos, por la naturaleza a la que aman y por la historia de su territorio, tres condicionantes con los que administraciones de todo el territorio chantajean emocionalmente a estos profesionales cuando se cansan de tragar. Pero los bomberos, aunque les acusen despectivamente de querer hacer política, como si esto fuese algo malo, tienen claro el porqué de sus protestas.
“No aceptamos más discursos vacíos mientras el territorio se convierte en ceniza. No aceptamos que se normalice la devastación de miles de hectáreas, la perdida de vidas humanos, la destrucción de biodiversidad, el riesgo para nuestros pueblos y la angustia permanente de quienes viven en el medio rural”, trasladan. La preocupación, la rabia y la desesperación es máxima entre la plantilla forestal y en los pueblos rurales. En sus protestas, quedadas, charlas, ágoras y dentro de sus propias casas retumba una pregunta que no parece llegar a la Plaza de la Inmaculada de Valladolid. “¿Qué hacemos, nos quedamos sentados a esperar que lleguen los fuegos de 2026, 2027 o 2028?”.
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