El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, ha reaccionado con dureza a las palabras del arzobispo de Toledo en favor de la regularización extraordinaria de personas migrantes, llegando a pedir implícitamente que la Iglesia se mantenga al margen del debate público. Una respuesta que ha evidenciado el malestar de la formación de extrema derecha ante una posición eclesial que choca frontalmente con su discurso político sobre inmigración.
Durante una rueda de prensa y a preguntas de los periodistas, Sánchez ha evitado entrar en profundidad en el posicionamiento de la Iglesia, aunque sí ha lanzado un mensaje claro al señalar que “la Iglesia lo que tiene que hacer es promover la palabra del Señor y dejar de meterse en asuntos políticos”. Una afirmación que contrasta con la habitual utilización de los valores cristianos por parte de Vox como elemento identitario y que ha vuelto a poner de manifiesto el carácter selectivo y oportunista con el que la formación invoca esos principios en función de sus intereses.
El portavoz de Vox ha aprovechado además para vincular la regularización de inmigrantes con el sistema sanitario público, recurriendo a un discurso basado en la alarma social. En este sentido, se ha preguntado qué va a hacer el presidente regional, Emiliano García-Page, ante este proceso y cómo puede afectar a la sanidad castellanomanchega. “¿Cuántos le van a tocar a Castilla-La Mancha? ¿Qué vamos a hacer cuando nos metan a toda esa gente?”, ha planteado Sánchez, utilizando una retórica deshumanizadora que reduce a las personas migrantes a una carga para los servicios públicos.
En esta línea, Vox ha anunciado que ha registrado una pregunta en las Cortes regionales para conocer “cuánto dinero ha gastado Castilla-La Mancha en sanidad y farmacia para inmigrantes en situación irregular, que no cotizan y están viviendo en ayudas”. Una formulación que vuelve a insistir en un marco de confrontación social, obviando que el acceso a la sanidad es un derecho básico y que la atención sanitaria preventiva evita costes mayores a medio y largo plazo.
Además, la formación de extrema derecha ha solicitado la comparecencia del director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha para que explique cuántas tarjetas sanitarias ha entregado el sistema público regional. Una iniciativa que se suma a otras acciones parlamentarias impulsadas por Vox con el objetivo de señalar a la población migrante y alimentar la idea de un supuesto trato de favor, pese a la ausencia de datos que respalden sus insinuaciones.
Las declaraciones de Iván Sánchez se producen después de que la Iglesia haya defendido la regularización desde el prisma de la dignidad humana, la acogida y la integración, argumentos que Vox rechaza cuando no encajan con su agenda política. Un choque que ha vuelto a poner de relieve la contradicción de una formación que apela constantemente a los valores cristianos, pero que reacciona con hostilidad cuando esos mismos valores se traducen en políticas de inclusión y reconocimiento de derechos.