Vox ha anunciado que trasladará a las Cortes de Castilla-La Mancha su rechazo frontal a la regularización extraordinaria de personas migrantes planteada por el Gobierno de España, una posición que vuelve a situar a la formación de ultraderecha en abierta contradicción no solo con el Ejecutivo central, sino también con amplios sectores sociales, económicos y humanitarios que defienden públicamente la necesidad de este tipo de medidas.
El presidente del Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes regionales, David Moreno, ha avanzado que su formación se sumará en el ámbito autonómico a la iniciativa registrada por Vox en el Congreso de los Diputados para rechazar cualquier proceso de regularización administrativa de inmigrantes. Un anuncio que ha llegado acompañado de la intención de extender esta ofensiva política a los ayuntamientos de la región donde Vox tiene representación.
La postura de Vox choca frontalmente con el posicionamiento expresado por la Iglesia católica, que ha apelado reiteradamente a criterios de humanidad, dignidad y derechos fundamentales en el trato a las personas migrantes, especialmente a aquellas que ya viven y trabajan en España. También se ha situado en sentido opuesto al de numerosas organizaciones agrarias y empresariales, que desde hace años vienen alertando de la falta de mano de obra en sectores clave como el campo, la industria agroalimentaria, la hostelería o los cuidados, y que han reclamado soluciones realistas que permitan regularizar a trabajadores que ya están integrados en el mercado laboral, aunque sea de forma precaria.
"Prioridad nacional"
Lejos de atender a estas demandas, Vox ha vuelto a insistir en un discurso restrictivo y excluyente. Entre las medidas anunciadas por Moreno se encuentra el establecimiento de la llamada "prioridad nacional" en el acceso a ayudas sociales y servicios públicos. Asimismo, la formación ha anunciado el impulso de iniciativas municipales para endurecer los controles sobre el empadronamiento, vinculando este trámite administrativo con supuestos fraudes cometidos por personas migrantes.
La iniciativa anunciada por Vox vuelve a evidenciar su aislamiento respecto a amplios consensos sociales y económicos. Mientras la Iglesia, las organizaciones agrarias y el tejido empresarial han reclamado soluciones que combinen humanidad y pragmatismo ante una realidad laboral evidente, la ultraderecha ha optado por profundizar en un discurso de confrontación que ignora las necesidades reales del país y de la comunidad autónoma.