Las Cortes de Castilla-La Mancha han obligado a Vox a devolver 34.345,64 euros después de que el interventor de la institución detectara una transferencia irregular de dinero público a la sede central del partido en Madrid. El dinero había salido directamente del grupo parlamentario de extrema derecha, con cuatro diputados en el Parlamento autonómico, hacia la caja central de la formación que preside Santiago Abascal, vulnerando de forma flagrante la normativa sobre subvenciones públicas a los grupos institucionales.

El informe de fiscalización aprobado por la Mesa de las Cortes es contundente. Vox se arrogó el derecho de quedarse con fondos que no le correspondían, amparándose en un convenio interno que permitía enviar a Madrid el dinero no gastado a final de año. Esta práctica, calificada como “nula de pleno derecho” y “contraria al ordenamiento jurídico”, ha forzado al partido a reintegrar la cantidad íntegra el pasado 29 de septiembre, según publica este martes El País.

Según el documento, Vox en Castilla-La Mancha recibió en 2024 265.848 euros en subvenciones públicas destinadas exclusivamente al funcionamiento del grupo parlamentario, pero una parte sustancial terminó en la sede nacional. En concreto, se transfirieron 53.170 euros por supuestos servicios de “asesoramiento estratégico, comunicación o fiscalización contable” y otros 34.345,64 euros como “remanente no empleado”, lo que en la práctica suponía desviar fondos autonómicos al aparato central del partido.

Casi 35.000 euros ha tenido que devolver Vox solo en 2024, pero el caso va más allá. La dirección nacional “ha facturado” otros 60.000 euros al grupo de Vox en Castilla-La Mancha por unas 3.000 horas de trabajo realizadas por los propios empleados del partido, una fórmula circular que ilustra el modelo de financiación interna de la ultraderecha. Vox factura a Vox para financiar a Vox.

El interventor advierte de que no existe ningún control sobre la veracidad de los servicios facturados ni sobre las horas de trabajo atribuidas a la sede central. Vox justifica el gasto afirmando que 12 empleados en Madrid dedicaron más de 2.500 horas a asistir al grupo regional, pero el informe subraya que tales afirmaciones no han sido contrastadas ni verificadas. De hecho, el grupo en Toledo ya cuenta con personal propio pagado con fondos públicos, por lo que el uso de dinero regional para financiar nóminas en el cuartel general de Vox resulta injustificable e irregular.

La cláusula escoba incluida en el convenio entre el grupo regional y la dirección nacional establecía que todo dinero no gastado debía ser transferido automáticamente al partido. En la práctica, esa disposición convertía una subvención institucional en una fuente de financiación partidista, un modelo que el propio Tribunal de Cuentas solo permite si se acredita una contraprestación real, algo que aquí no se ha producido.

El informe evidencia además que Vox aplica este mismo patrón en otras comunidades autónomas, donde los grupos regionales actúan como recaudadores del aparato central. Solo en 2024, los quince grupos autonómicos aportaron casi 1,6 millones de euros a Madrid, elevando hasta 3,5 millones el total captado desde instituciones públicas, incluyendo ayuntamientos, diputaciones, Congreso y Senado. Una red de absorción de dinero público que recuerda más a una estructura piramidal que a un partido democrático.

Golpe al discurso de Vox

Este escándalo, destapado por la fiscalización de las Cortes castellano-manchegas, golpea de lleno al discurso de Vox sobre la austeridad y el control del gasto público. Mientras el partido exige recortes y presume de “eficiencia”, su dirección nacional se financia con dinero que pertenece a las instituciones autonómicas, dinero que, en este caso, ha tenido que devolver por orden del interventor.

La situación pone en evidencia el doble rasero de una derecha que enarbola la bandera de la eficiencia de los fondos públicos, pero no duda en aprovecharlos en beneficio propio.