Resulta difícil de explicar que los cuatro diputados de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, que perciben alrededor de 280.000 euros anuales en sueldos públicos, continúen señalando al Gobierno de Emiliano García-Page por cuestiones que ni siquiera dependen de la comunidad autónoma. El portavoz de la formación de extrema derecha en el Parlamento regional, Iván Sánchez, ha responsabilizado al Ejecutivo castellanomanchego del supuesto "colapso" de los juzgados de la región, pese a que la Administración de Justicia es una competencia exclusiva del Gobierno central y no de la Junta de Comunidades. La crítica llega además acompañada de reproches por los 410.000 euros destinados por el Gobierno regional a políticas de igualdad de género, en un discurso que vuelve a mezclar ámbitos de gestión que pertenecen a administraciones distintas.
La crítica de Vox se ha producido después de que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, María Pilar Astray, alertara de la saturación que padecen los juzgados de la región. A partir de esas palabras, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes regionales, Iván Sánchez, ha cargado contra el Ejecutivo autonómico asegurando que el sistema judicial castellanomanchego sufre "una grave sobrecarga" de trabajo y que los juzgados de la comunidad autónoma se encuentran entre los más congestionados del país.
Según ha afirmado Sánchez, esta situación provoca que miles de procedimientos se acumulen y que los asuntos judiciales puedan retrasarse durante años, un escenario que ha utilizado para dirigir sus críticas contra el Gobierno de Emiliano García-Page. Sin embargo, la argumentación del portavoz de Vox vuelve a poner de manifiesto una confusión básica sobre el reparto de competencias en España, ya que la organización y gestión del sistema judicial depende del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial, no del Gobierno de Castilla-La Mancha.
La comunidad autónoma únicamente puede asumir determinadas funciones de apoyo material o de gestión de medios personales y recursos en aquellos territorios que tienen transferidas estas competencias, algo que Castilla-La Mancha no tiene. En consecuencia, ni la creación de nuevos juzgados ni la planificación de la planta judicial, ni la dotación estructural de jueces o fiscales dependen del Ejecutivo autonómico que preside García-Page.
A pesar de ello, Vox ha optado por centrar su ataque político en el Gobierno regional. Sánchez ha lamentado que, mientras a su juicio los juzgados sufren esta saturación, el Ejecutivo castellanomanchego haya destinado 410.000 euros a subvenciones dirigidas a asociaciones para el desarrollo de actividades vinculadas a la igualdad de género, una inversión que el dirigente de Vox ha calificado como "difícilmente justificable con dinero público".
La comparación vuelve a mezclar ámbitos completamente distintos de la gestión pública. Mientras la financiación de programas de igualdad forma parte de las competencias propias de las comunidades autónomas en materia de políticas sociales, la estructura del sistema judicial y su capacidad para absorber el volumen de procedimientos es una responsabilidad del Estado.