Castilla-La Mancha ha alcanzado la primera posición en solitario en la gestión del sistema de dependencia en España, según el XXVI Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia. La comunidad autónoma gobernada por Emiliano García-Page ha obtenido una calificación de 8,25, situándose muy por encima de la media nacional y consolidando un liderazgo que ya había logrado en años anteriores, aunque esta vez lo hace en solitario y con una diferencia notable respecto a otras regiones.

El resultado refleja una década de políticas sociales impulsadas por el Gobierno castellanomanchego, que han situado la atención a las personas dependientes como una prioridad presupuestaria y política. El contraste con la situación que vivía la región hace diez años es evidente. En 2015, cuando terminó el mandato de María Dolores de Cospedal al frente del Ejecutivo regional, Castilla-La Mancha obtenía un suspenso de 4,6 en el mismo informe, situándose entre las comunidades con peor desempeño del país.

Desde entonces, la evolución ha sido radical. Bajo el liderazgo de García-Page, la comunidad autónoma ha pasado de invertir alrededor de 300 millones de euros en dependencia a rozar los 700 millones en la actualidad, lo que ha permitido ampliar de manera significativa tanto el número de beneficiarios como las prestaciones reconocidas.

Este incremento de recursos se ha traducido en más de 82.000 personas beneficiarias del sistema y más de 118.000 prestaciones activas, cifras que reflejan el crecimiento del sistema en la última década. Paralelamente, el conjunto de las políticas sociales del Gobierno regional ha experimentado un aumento presupuestario notable, pasando de 9.500 millones de euros en 2015 a los niveles actuales, lo que evidencia la apuesta del Ejecutivo castellanomanchego por reforzar el estado del bienestar.

Reducción de los tiempos de espera

El informe también destaca otro indicador especialmente relevante para las familias: los tiempos de resolución de los expedientes. En Castilla-La Mancha, el proceso de valoración y reconocimiento de la dependencia se resuelve de media en 165 días, muy por debajo de los 341 días de media en España, lo que supone prácticamente la mitad del tiempo que tardan otras comunidades autónomas.

Este avance se ha producido, según el Ejecutivo regional, gracias al trabajo de los profesionales del sistema de dependencia y a una planificación política que ha situado a las personas en el centro de las políticas públicas. El resultado es que la comunidad autónoma no solo mantiene el liderazgo nacional por tercer año consecutivo, sino que ahora lo hace por primera vez en solitario.

Gran contraste con las comunidades del PP

El contraste con otras regiones es significativo. Mientras Castilla-La Mancha encabeza el ranking con un notable alto, otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se sitúan en los últimos puestos del informe. Es el caso de Extremadura, con una puntuación de 2,25; Murcia, con 3,25; Cantabria, con 3,50; o La Rioja, con 4,00, todas ellas muy lejos de los estándares alcanzados por la región castellanomanchega.

La evolución del sistema de dependencia en Castilla-La Mancha coincide además con un momento simbólico, ya que este año se cumplen veinte años de la aprobación de la Ley de Dependencia en España, una efeméride que llega en uno de los momentos de mayor consolidación del sistema en la comunidad autónoma.

No obstante, desde el Gobierno regional también se insiste en que el modelo necesita una financiación más equilibrada por parte del Estado. En la actualidad, Castilla-La Mancha está asumiendo aproximadamente el 71% del coste del sistema, muy por encima del principio de financiación compartida previsto en la ley, que establece un reparto del 50% entre el Estado y las comunidades autónomas. Esta reivindicación sigue presente en la agenda del Ejecutivo castellanomanchego, que reclama una financiación autonómica que tenga en cuenta las particularidades territoriales y demográficas de la región.