El concierto de Manuel Carrasco que el Gobierno del PP canceló en Puertollano al llegar a la Alcaldía ya no es solo una polémica política. La actuación, programada para las Fiestas de Septiembre de 2023 durante la etapa del anterior Ejecutivo socialista, nunca llegó a celebrarse después de que el nuevo equipo municipal decidiera cancelarla. Ahora, casi tres años después, la promotora Riff Producciones reclama alrededor de 200.000 euros al consistorio por los perjuicios ocasionados, en un procedimiento que debía celebrarse el pasado miércoles, 6 de mayo, en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ciudad Real y que fue aplazado a petición del propio Ayuntamiento.
El caso ha entrado ya en una fase distinta. La discusión no gira únicamente en torno a si el concierto debía mantenerse o no, sino a las consecuencias de haber cancelado una actuación que ya estaba anunciada, que tenía fecha cerrada y que había comenzado a vender entradas. La reclamación de Riff Producciones sitúa al Ayuntamiento ante un posible coste cercano a los 200.000 euros, prácticamente la misma cantidad que el Gobierno local del PP rechazó asumir cuando decidió suspender el espectáculo.
Ahí está una de las claves del asunto. El PP justificó la cancelación en que los 205.000 euros apalabrados por el anterior Ejecutivo socialista eran una cifra excesiva para las arcas municipales. Sin embargo, si el procedimiento judicial acaba dando la razón a la promotora, Puertollano podría terminar pagando una cantidad similar sin que el concierto se haya celebrado, sin que los vecinos hayan disfrutado del espectáculo y sin que la ciudad haya obtenido el retorno económico asociado a un evento de estas características.
La decisión, por tanto, puede acabar teniendo un efecto contrario al que defendió el Gobierno local. Lo que se presentó como una forma de evitar un gasto elevado amenaza ahora con convertirse en una factura sin contraprestación. No habría concierto, no habría actividad vinculada a la llegada de público, no habría impacto en hostelería ni en comercio y, en cambio, sí podría haber una indemnización con cargo a las arcas municipales.
El procedimiento también cuestiona la gestión posterior del conflicto. El Ayuntamiento no solo se enfrenta a una reclamación económica, sino que además pidió el aplazamiento de la vista prevista para el pasado 6 de mayo alegando que no disponía de letrado ni de servicios jurídicos de defensa por cuestiones internas de personal. Ese extremo agrava la imagen de un asunto que ya había pasado de la confrontación política al terreno judicial y que exigía una preparación administrativa sólida por parte del consistorio.
"Ruptura unilateral"
La promotora sostiene que la suspensión se produjo por una "sorpresiva ruptura unilateral de las conversaciones y pactos" por parte del nuevo equipo de gobierno. Riff Records defiende que el actual Ayuntamiento conocía el apoyo municipal acordado y vincula esa posición a la modificación de crédito realizada el 30 de junio de 2023 y aprobada ese mismo día. Desde esa lectura, el concierto no era una simple propuesta sin recorrido, sino un evento con preparación avanzada que quedó frustrado tras el cambio político en la Alcaldía, por el que entró a gobernar el 'popular' Miguel Ángel Ruiz.
El Gobierno local, por su parte, ha defendido desde el inicio que no existía "un solo papel" que obligara al Ayuntamiento a asumir el coste del concierto y que el acuerdo se había producido de forma verbal durante la etapa socialista. Esa fue la base del argumento político del PP para suspender la actuación. Pero será ahora el juzgado el que determine hasta qué punto esos contactos, compromisos, comunicaciones, trámites presupuestarios y preparativos pueden generar responsabilidad para el consistorio.
El impacto del caso va más allá de la cifra reclamada. La cancelación afectó a un concierto anunciado para las Fiestas de Septiembre de 2023, con entradas ya a la venta y con la ciudad situada en el circuito de una gira de gran repercusión. La suspensión dañó la imagen de Puertollano como plaza capaz de acoger grandes eventos y trasladó una sensación de inseguridad a promotores, artistas y público. Esa pérdida de credibilidad es una de las consecuencias que ahora vuelve a pesar sobre el Ayuntamiento.
El PP llegó al Gobierno municipal y decidió no continuar con un concierto organizado en la etapa socialista porque lo consideraba demasiado caro y mal tramitado. Casi tres años después, aquella decisión puede obligar al Ayuntamiento a pagar una cantidad cercana a la que se quiso evitar, pero sin beneficio alguno para la ciudad. El caso Manuel Carrasco ha pasado así de ser una polémica de fiestas a convertirse en un problema económico, jurídico y reputacional para Puertollano.
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