Albacete afronta en las últimas semanas un aumento de los casos relacionados con posibles empadronamientos irregulares y el uso de documentación presuntamente fraudulenta para conseguir altas en el Padrón Municipal. Una situación que ha generado preocupación entre vecinos que temen que terceras personas puedan haber sido inscritas en sus domicilios sin su conocimiento.

Ante este escenario, se ha habilitado un punto de información dirigido a las personas que sospechen que se ha producido alguna inscripción irregular en sus viviendas. La medida pretende facilitar a los afectados información y orientación sobre cómo comprobar su situación y trasladar posibles incidencias.

En este contexto, el Grupo Municipal Socialista ha exigido al alcalde, el 'popular' Manuel Serrano, “rigor y transparencia” y reclama conocer con detalle el alcance de las irregularidades detectadas, los controles que se han realizado y cuándo tuvo conocimiento el Gobierno municipal de esta situación.

El portavoz socialista, José González, considera imprescindible que el alcalde “dé la cara” y explique “qué controles han fallado, cuántas inscripciones sospechosas se han detectado realmente y desde cuándo tenía constancia” del aumento del uso de documentación presuntamente fraudulenta.

González ha puesto el foco en la importancia del Padrón Municipal, al considerar que no se trata de un registro menor, sino de una herramienta fundamental para la organización de los servicios públicos. “Es la herramienta fundamental sobre la que se vertebran los servicios públicos y la convivencia en la ciudad”, ha defendido.

El PSOE cuestiona la respuesta del Gobierno del PP

Los socialistas consideran que la respuesta del equipo de Gobierno de Manuel Serrano ha sido “insuficiente y tardía”, al entender que las medidas se han puesto en marcha después de que la situación haya generado alarma entre los vecinos.

González ha cuestionado que sean los propios ciudadanos quienes tengan que comprobar si terceras personas han sido empadronadas en sus domicilios. “¿Es serio trasladar a los vecinos la responsabilidad de comprobar si en su domicilio se ha producido un empadronamiento irregular?”, ha planteado.

El portavoz socialista también ha criticado la falta de información trasladada al resto de grupos municipales. González ha acusado al Gobierno de Serrano de actuar con “oscurantismo” y ha lamentado que los concejales de la Corporación hayan conocido las actuaciones municipales a través de los medios de comunicación.

A su juicio, esta forma de proceder responde a una gestión “a golpe de titular”, en lugar de mantener una comunicación directa con los grupos que forman parte de la Corporación.

Reclaman más controles y medios

El PSOE también ha pedido “coherencia” al Gobierno municipal después de que este haya defendido que los procedimientos del Padrón se desarrollan conforme a la normativa y que no resulta necesario adoptar medidas extraordinarias. Los socialistas consideran necesario aclarar entonces cuál ha sido la evolución de los casos y qué controles se han aplicado.

González ha reclamado además que se refuerce la plantilla municipal encargada de estas tareas con los medios que sean necesarios. El portavoz socialista ha reconocido el trabajo de los empleados públicos y ha defendido que deben disponer de recursos suficientes para garantizar el correcto funcionamiento del registro y detectar posibles irregularidades.

El Grupo Municipal Socialista ha trasladado igualmente su apoyo a los vecinos afectados y a las personas en situación de vulnerabilidad que “hayan podido ser utilizadas en este proceso con fines que todavía desconocemos”.

Por último, González ha anunciado que su grupo solicitará acceso detallado a los expedientes de control del Padrón Municipal para comprobar qué inspecciones se han realizado y cómo se ha actuado ante los posibles casos fraudulentos.

Los socialistas reclamarán también que aquellos expedientes en los que finalmente se confirme la existencia de falsedad documental sean puestos a disposición de la Justicia. Con ello, el PSOE quiere conocer el alcance real de las irregularidades, comprobar el funcionamiento de los mecanismos de control y garantizar que cualquier posible fraude sea investigado.

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