El Partido Popular ha vuelto a situarse en contra de los intereses hídricos de Castilla-La Mancha. Esta vez ha sido el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, quien ha cargado contra los hipotéticos recortes al trasvase Tajo-Segura y ha acusado al Gobierno de "poner excusas políticas" basadas en el medio ambiente para reducir los envíos de agua hacia el Levante.
Un nuevo ataque al Tajo que ha llegado, de nuevo, con el silencio de Paco Núñez, presidente del PP castellanomanchego, que sigue sin confrontar públicamente con los dirigentes de su propio partido cuando el debate del agua incomoda a Génova.
Pérez Llorca ha defendido este martes que la Comunitat Valenciana necesita que se garantice el trasvase para proteger a la agricultura de la provincia de Alicante. Lo ha hecho después de que, hace unas semanas, el Tribunal Supremo haya avalado los caudales ecológicos establecidos para el río Tajo al desestimar el recurso del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) contra la revisión del Plan Hidrológico del Tajo aprobada por real decreto en 2023.
Lejos de asumir el pronunciamiento judicial como una garantía para la recuperación ambiental del río, el presidente valenciano ha vuelto a presentar la reducción del trasvase como una decisión política contra el Levante. Ha sostenido que en España existe "un problema con el agua" y ha reclamado al Ejecutivo central que piense en "el bien común que es todo el país", no en "estrategias electorales".
El argumento, sin embargo, vuelve a dejar fuera la realidad de Castilla-La Mancha, una comunidad autónoma que lleva décadas soportando las consecuencias de ser cuenca cedente mientras otros territorios han construido parte de su modelo agrario sobre recursos ajenos. El mensaje del dirigente valenciano encaja en la estrategia que el PP del Levante mantiene desde hace meses, presentar los caudales ecológicos como un obstáculo para sus intereses y no como una obligación legal y ambiental para proteger un río deteriorado. Pérez Llorca ha insistido en que la Comunitat Valenciana es "pionera" en reutilización de agua y ha reivindicado que sus agricultores son "los más eficientes de Europa".
Pero esa apelación a la eficiencia no responde a la cuestión de fondo, que es si el Tajo puede seguir siendo tratado como una reserva permanente para satisfacer demandas externas mientras Castilla-La Mancha exige prioridad para la cuenca cedente.
Nueva posición incómoda para Núñez
El choque político vuelve a colocar a Paco Núñez en una posición incómoda. El líder del PP castellanomanchego ha utilizado en numerosas ocasiones el Pacto Regional por el Agua como bandera, pero cuando dirigentes de su partido en Valencia, Murcia o Alicante reclaman más trasvase, su contundencia desaparece. Núñez ha defendido, una y otra vez, que cumplirá ese pacto "íntegramente", pero ese documento recoge principios difíciles de compatibilizar con la defensa cerrada del Tajo-Segura que sostiene el PP en el Levante.
El Pacto del Agua de Castilla-La Mancha defiende la prioridad de los usos propios de la cuenca cedente, la protección ambiental de los ríos, la aplicación de caudales ecológicos y que cualquier transferencia entre cuencas solo pueda producirse después de garantizar las necesidades presentes y futuras del territorio que cede el recurso.
Es decir, exactamente lo contrario de un modelo que pretende seguir asegurando agua al Segura incluso cuando la justicia ha respaldado la necesidad de reforzar los caudales ecológicos del Tajo. La contradicción de Núñez no es nueva. En septiembre de 2025, el presidente del PP castellanomanchego firmó la conocida como Declaración de Murcia junto a la dirección nacional de su partido y los presidentes autonómicos del PP.
Aquel documento reforzaba la defensa del trasvase Tajo-Segura y consolidaba una posición alineada con los intereses del Levante. Desde entonces, el dirigente popular ha intentado mantener un equilibrio imposible, presentarse en Castilla-La Mancha como defensor del agua de la región mientras evita enfrentarse al PP valenciano y murciano cuando estos reclaman mantener el grifo abierto.
También ocurrió durante su reciente viaje a Estrasburgo, donde Núñez llevó el Pacto Regional del Agua a la Comisión Europea y pidió más margen para cumplir los objetivos comunitarios en materia de depuración, reutilización y modernización de regadíos. Habló de agricultores, de plazos, de fondos y de inversiones, pero no reclamó el fin del trasvase ni denunció con claridad el expolio del Tajo. La foto le permitió envolverse en la defensa del agua, pero dejó intacto el problema político que su partido evita abordar.
Núñez, sin respuesta
Ahora, con Pérez Llorca acusando al Gobierno de usar el medio ambiente como excusa para recortar el Tajo-Segura, Núñez vuelve a quedarse sin respuesta. El presidente del PP castellanomanchego, tan duro habitualmente contra Emiliano García-Page, no ha mostrado la misma vehemencia ante un dirigente de su propio partido que cuestiona decisiones avaladas por el Tribunal Supremo y que afectan directamente a los intereses de Castilla-La Mancha.
El contraste resulta especialmente evidente porque el Gobierno castellanomanchego ha reclamado en las últimas semanas una posición clara del PP regional tras los pronunciamientos judiciales sobre el Tajo. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha pedido a los 'populares' que abandonen el silencio y ha defendido que las sentencias refuerzan la estrategia de Castilla-La Mancha en materia de agua. El PP, sin embargo, sigue atrapado entre el discurso que necesita en la región y la disciplina que le impone un partido nacional volcado con las reivindicaciones del Levante.
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