Acceder a una vivienda se ha convertido en una carrera de obstáculos para miles de jóvenes y familias de Castilla-La Mancha. Los alquileres no dejan de subir, los salarios son incapaces de seguirles el ritmo y emanciparse o encontrar un piso a un precio asequible resulta cada vez más complicado. El precio del alquiler se ha disparado hasta el punto de que arrendar una vivienda de apenas una habitación cuesta ya entre los 800 y los 1.000 euros ciudades como Guadalajara o Toledo.
En este contexto, el Partido Popular de Paco Núñez ha votado este jueves en contra de una ley que pretende facilitar la construcción de más viviendas protegidas, movilizar terrenos públicos y privados y reducir considerablemente los plazos administrativos. La norma ha salido adelante en las Cortes de Castilla-La Mancha gracias a la mayoría socialista, con el rechazo tanto del PP como de Vox.
Se trata de la Ley de Medidas Urgentes para la Movilización de Suelo, el Impulso de la Vivienda y la Simplificación Urbanística, una reforma impulsada por el Gobierno de Emiliano García-Page que introduce importantes cambios para incrementar la oferta residencial y facilitar el desarrollo de promociones destinadas a personas con dificultades para acceder al mercado inmobiliario.
Suelo público hasta un 50% más barato para construir viviendas protegidas
Una de las principales novedades permitirá a los ayuntamientos licitar terrenos públicos hasta un 50% por debajo de su valor de mercado, siempre que se destinen a construir viviendas sometidas a algún régimen de protección pública. En la práctica, esto significa que las administraciones podrán ofrecer suelo considerablemente más barato a los promotores que se comprometan a levantar viviendas protegidas, reduciendo uno de los costes que más condicionan el precio final de una promoción.
La ley también permitirá aprovechar terrenos privados destinados actualmente a oficinas, comercios u otros equipamientos para construir vivienda protegida, sin necesidad de modificar previamente el planeamiento urbanístico. Este cambio puede evitar procedimientos que, según ha explicado el diputado socialista Álvaro Toconar, llegan a retrasar los proyectos durante meses e incluso años.
Más viviendas en el mismo terreno y edificios públicos recuperados
Otra de las medidas contempla aumentar la capacidad de construcción en determinadas parcelas destinadas a vivienda protegida.
La reforma introduce incrementos de hasta un 20% en la edificabilidad y un 30% en la densidad, además de permitir, en determinados supuestos, levantar hasta dos alturas adicionales. Esto facilitará aprovechar mejor el suelo disponible para incrementar el número de viviendas.
Además, la Junta podrá convertir edificios públicos que actualmente se encuentran en desuso en viviendas protegidas, como ya plantea en Ciudad Real. La medida permitirá aprovechar inmuebles ya existentes, en lugar de depender exclusivamente de nuevas construcciones.
La norma también incorpora los denominados Programas de Renovación Urbana (PRU), destinados a transformar barrios deteriorados y facilitar actuaciones de rehabilitación que muchas comunidades de propietarios difícilmente podrían asumir sin intervención pública.
Menos burocracia y facilidades para construir en los pueblos
La reducción de los plazos administrativos constituye otro de los principales cambios. La nueva legislación permitirá acortar hasta un 50% determinados procedimientos urbanísticos, especialmente los relacionados con programas de actuación urbanizadora y planes especiales de vivienda en municipios rurales.
También facilitará, mediante instrumentos específicos, la transformación de suelo rústico en terrenos aptos para construir viviendas. Con ello se pretende que los pequeños ayuntamientos, que habitualmente cuentan con menos recursos técnicos y administrativos, puedan impulsar promociones sin afrontar procedimientos que se prolonguen durante años.
No obstante, estas medidas no garantizan por sí solas una reducción inmediata de los precios. Su eficacia dependerá de que administraciones y promotores desarrollen nuevas viviendas y de las condiciones económicas de cada proyecto.
El PP reconoce el problema, pero vota contra la ley
Pese a estas medidas, el diputado popular Nacho Redondo ha justificado su rechazo argumentando que la norma llega tarde y presenta dudas jurídicas. El PP asegura que no está en contra de construir más viviendas, pero reclama mayores garantías sobre el incremento de la edificabilidad, las infraestructuras necesarias y la participación de los ayuntamientos en las decisiones urbanísticas.
Redondo ha advertido incluso de que algunos aspectos podrían terminar en los tribunales y ha responsabilizado al Gobierno de Emiliano García-Page de no haber actuado antes para afrontar la crisis residencial.
El rechazo supone, además, un cambio respecto a la posición que mantuvieron inicialmente los populares, que se abstuvieron cuando la proposición de ley comenzó su tramitación parlamentaria en septiembre.
Por su parte, Vox también ha votado en contra. Su diputado Francisco Cobo ha calificado la reforma de "un parche más" y ha defendido establecer criterios de prioridad nacional en el acceso a los recursos públicos.
Hernando reprocha al PP su cambio de posición ante las elecciones
El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha atribuido el distanciamiento del PP al escenario electoral abierto tras la convocatoria de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. "No intente hoy escenificar por cuestiones de convocatoria electoral una distancia que no debiera existir", ha reclamado a los populares.
Hernando ha recordado que anteriormente existía un clima de diálogo para sacar adelante la norma y ha cuestionado que el PP termine rechazando medidas dirigidas a aumentar la oferta residencial. "¿Cómo van a estar ustedes en contra de que haya más vivienda, más asequible, sea más rápido el trámite, más suelo disponible y que le demos un mejor uso a los edificios que ya existen y están vacíos?", les ha preguntado.
El consejero ha insistido en que la reforma busca ofrecer soluciones a quienes destinan una parte considerable de sus ingresos al alquiler y ha lamentado que una legislación que pretendía contar con un respaldo parlamentario amplio haya terminado aprobándose únicamente con los votos socialistas.
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