Al Partido Popular de Castilla-La Mancha le quedan apenas unos meses de margen antes de que el Gobierno de Emiliano García-Page saque adelante la ley con la que pretende recuperar y blindar la carrera profesional sanitaria, un derecho suspendido en 2012 por el PP de María Dolores de Cospedal durante sus cuatro años de mandato. Es por ello que el PP, con Paco Núñez a la cabeza, ha intensificado su ofensiva política en torno a una medida que, durante años, ha sido una de las principales reclamaciones del sector sanitario.
El presidente regional del PP ha exigido ahora que "se levante de forma urgente el veto" a la carrera profesional sanitaria y ha defendido que su recuperación no depende de nuevas leyes, sino de voluntad política. Núñez ha asegurado que bastaría con eliminar la suspensión recogida en la Ley de Presupuestos para ponerla en marcha de inmediato, insistiendo en que se trata de una cuestión para la calidad asistencial y la dignificación de los profesionales.
Sin embargo, el contexto en el que se produce este nuevo posicionamiento resulta determinante. El Gobierno de Castilla-La Mancha trabaja ya en una norma específica para recuperar la carrera profesional sanitaria y blindarla jurídicamente, con el objetivo de evitar que pueda volver a eliminarse con la misma facilidad con la que se hizo en 2012. Esa hoja de ruta, basada en el acuerdo con sindicatos y profesionales, sitúa al PP ante una cuenta atrás política que explica el endurecimiento de su discurso.
De hecho, en las últimas semanas el propio Núñez defendía justo lo contrario de lo que ahora sostiene. El líder del PP regional reclamaba entonces que la carrera profesional sanitaria debía garantizarse por ley, la misma vía que ahora rechaza cuando ha sido el Ejecutivo autonómico quien la ha puesto sobre la mesa. Este cambio evidencia una estrategia centrada más en el desgaste político que en una posición coherente sobre el fondo del asunto.
El calendario juega en contra del PP
En paralelo, los 'populares' han tratado de capitalizar esta reivindicación introduciendo propuestas en distintos debates parlamentarios, como su intento de incluir la recuperación de la carrera profesional a través de una enmienda en la ley de acompañamiento de los presupuestos, una iniciativa que no prosperó. El movimiento reflejaba la voluntad del PP de mantener viva una bandera política que, sin embargo, tiene fecha de caducidad si el Gobierno regional culmina su proceso legislativo.
Porque el calendario juega en contra del discurso del PP. La aprobación de la ley supondrá la recuperación definitiva de un derecho perdido por miles de profesionales sanitarios hace más de una década, cuando el Ejecutivo de Cospedal decidió suspender la carrera profesional dentro de su paquete de innumerables recortes. Desde entonces, la reivindicación ha sido constante en el ámbito sanitario, no solo por su impacto retributivo, sino también por su valor como reconocimiento de la experiencia y la formación de los trabajadores del sistema público.
El último recorte por revertir de Cospedal
Este movimiento tiene además un valor simbólico añadido, ya que la carrera profesional sanitaria es el último gran recorte pendiente de revertir de la etapa de Cospedal en Castilla-La Mancha. Durante aquellos años, el Gobierno del PP aplicó una batería de ajustes en el sistema sanitario público, muchos de los cuales han sido revertidos progresivamente desde la llegada de García-Page al Ejecutivo en 2015. Otros, directamente, no llegaron a ejecutarse gracias al cambio de Gobierno. La recuperación de la carrera profesional cerrará así uno de los capítulos más representativos de aquella política de recortes.
En este escenario, la estrategia del PP pasa por exprimir al máximo este asunto en el corto plazo, tratando de situar al Gobierno regional como responsable del retraso en la recuperación de la medida. Sin embargo, esa ofensiva convive con el peso de la propia hemeroteca y con el hecho de que fue precisamente el Partido Popular quien eliminó este derecho en su momento.
Mientras tanto, el Ejecutivo de García-Page mantiene su apuesta por una recuperación con garantías, vinculada a una norma que dé estabilidad al sistema y evite vaivenes políticos. Un planteamiento que, de salir adelante en los próximos meses, cerrará uno de los capítulos más prolongados de los recortes sanitarios en Castilla-La Mancha y dejará al PP sin uno de sus principales argumentos de los últimos meses.
