Albacete tiene en la cuchillería mucho más que un oficio. Tiene una seña de identidad, una tradición centenaria, una marca reconocida dentro y fuera de España y una actividad económica que sostiene empleo, comercios, talleres, artesanos y empresas especializadas. Por eso, la iniciativa impulsada por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados para endurecer el control sobre las armas blancas ha caído como una amenaza política sobre uno de los sectores más representativos de la ciudad. Una vez más, el PP ha optado por el titular fácil en materia de seguridad sin medir con suficiente cuidado las consecuencias que una regulación mal afinada puede tener sobre quienes cumplen la ley.
El Congreso respaldó el pasado 22 de abril una Proposición no de Ley de los 'populares' para aumentar las condenas y sanciones por tenencia ilegal de armas blancas, reforzar la vigilancia sobre su compraventa, ampliar los tipos de armas prohibidas, controlar las ventas por Internet y revisar la ley del menor en relación con este tipo de delitos. Sobre el papel, el objetivo es combatir el uso de armas blancas en delitos violentos. El problema aparece cuando esa ofensiva se formula desde Madrid sin escuchar antes al territorio que más sabe de cuchillos y navajas en España. Y ese territorio es Albacete.
La inquietud del sector cuchillero albaceteño no nace de una oposición al control de las conductas ilegales. Nadie discute que haya que sancionar con firmeza a quienes utilizan armas blancas para delinquir. La preocupación está en el alcance que puedan tener futuras medidas si no distinguen con precisión entre delincuencia e industria legal. Porque no es lo mismo perseguir a quien comete un delito que poner bajo sospecha normativa a fabricantes, comercios y profesionales que desarrollan una actividad legal, reglada y vinculada a sectores como la cocina, la hostelería, la caza, la artesanía, el coleccionismo o el regalo institucional.
Ahí es donde la iniciativa del PP ha encendido las alarmas. En Albacete se teme que una regulación planteada con trazo grueso pueda acabar afectando a la fabricación, venta, transporte, exposición o promoción de cuchillos y navajas. El sector no pide privilegios ni excepciones injustificadas. Reclama algo mucho más básico, que no se le confunda con el problema que también rechaza. La cuchillería albaceteña no tiene nada que ver con la delincuencia. Forma parte de la historia industrial de la ciudad y de una economía legal que ha dado prestigio a Albacete durante generaciones.
Page sale en defensa de la cuchillería
Ante esta propuesta del PP, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha aprovechado su presencia en el I Foro de la Industria de Castilla-La Mancha, celebrado este miércoles en Albacete, para salir en defensa del sector y marcar distancia con una forma de hacer política que puede perjudicar gravemente a la ciudad, desde donde ha reclamado que cualquier iniciativa en el Congreso sobre esta materia parta de una premisa elemental, escuchar a quienes conocen la cuchillería y viven de ella.
"Todos los que presenten iniciativas en el Congreso sobre la cuchillería, lo primero que tienen que hacer es hablar con el sector", ha advertido García-Page. La frase resume el fondo del problema. Frente a un PP que ha llevado al Congreso una iniciativa con impacto potencial sobre una industria emblemática sin garantizar antes ese diálogo con fabricantes, artesanos y comercios, el Gobierno castellanomanchego ha decidido situarse del lado del sector y de la identidad productiva de Albacete.
El presidente regional ha anunciado además una proposición que elevará primero a las Cortes de Castilla-La Mancha y, posteriormente, al Congreso de los Diputados, con el objetivo de defender y proteger la cuchillería, su industria y su peso económico y cultural. Según ha planteado, las leyes deben ser duras con quienes delinquen, pero no con quienes "legal y decentemente forman una industria y un sector como cualquier otro".
Un símbolo que no puede pagar la propaganda de la mano dura
La cuchillería es uno de los grandes emblemas industriales y culturales de Albacete. La ciudad ha construido parte de su proyección exterior alrededor de este oficio, con empresas que fabrican, distribuyen y venden cuchillos, navajas y otros artículos especializados tanto en España como en mercados internacionales. Convertir ese patrimonio en un problema por una regulación imprecisa sería un golpe injusto para una ciudad que ha hecho de la cuchillería una bandera de calidad, tradición y especialización.
El debate se ha situado ahora en cómo reforzar la seguridad frente al uso delictivo de armas blancas sin afectar a la actividad legal de la cuchillería. En Albacete, la preocupación del sector se centra en que cualquier futura regulación distinga con claridad entre la tenencia ilícita o el uso violento de estos objetos y la fabricación, venta o utilización de productos tradicionales, profesionales y artesanales. Fabricantes, comercios y artesanos defienden que la respuesta normativa debe perseguir las conductas delictivas, pero preservar una industria que forma parte de la identidad económica y cultural de la ciudad.
La proposición anunciada por García-Page irá en esa línea. El Gobierno castellanomanchego quiere llevar primero a las Cortes regionales y después al Congreso de los Diputados una iniciativa para proteger al sector cuchillero y garantizar que cualquier cambio legal no perjudique a quienes trabajan dentro de la legalidad. El planteamiento pasa por compatibilizar el endurecimiento de las medidas contra quienes delinquen con la defensa de una actividad histórica en Albacete, vinculada a la fabricación, comercialización y promoción de cuchillos y navajas de uso profesional, doméstico, artesanal o coleccionista.
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