Castilla-La Mancha va a llevar al Ministerio de Hacienda una propuesta propia de financiación autonómica con una idea central muy clara, que todos los ciudadanos puedan recibir los mismos servicios públicos con independencia del lugar en el que vivan y de la riqueza del territorio en el que residan. Esa será la posición que el Gobierno de Emiliano García-Page trasladará el próximo 22 de junio en la reunión que mantendrá con el ministro de Hacienda, Arcadi España, dentro de la ronda de contactos bilaterales abierta por el Gobierno de España con las comunidades autónomas.
La cita llega en un momento especialmente sensible para el debate territorial, marcado por las negociaciones del Ejecutivo central con el independentismo catalán y por la preocupación de varias comunidades autónomas ante un posible cambio de modelo que rompa la lógica de solidaridad entre territorios. Frente a esa deriva, el Gobierno castellanomanchego ha vuelto a fijar una posición que García-Page ha defendido en distintas ocasiones, que la financiación no puede depender de la fuerza política de cada territorio ni de su capacidad para condicionar mayorías parlamentarias, sino de las necesidades reales de la ciudadanía.
El consejero de Hacienda del Gobierno de García-Page, Juan Antonio Ruiz Molina, ha avanzado esta reunión durante la clausura de la Jornada Autonómica de la Comisión de Coordinación del Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo, donde ha explicado que Castilla-La Mancha aprovechará el encuentro para trasladar al Ministerio una propuesta basada en el coste efectivo que soportan las comunidades autónomas para prestar los servicios de su competencia. Sanidad, educación, servicios sociales o dependencia no cuestan lo mismo en todos los territorios, especialmente en una comunidad autónoma extensa, dispersa y con una población distribuida en numerosos municipios como Castilla-La Mancha.
Garantizar el coste real de los servicios públicos
El consejero ha subrayado que el modelo castellanomanchego parte de una premisa básica, garantizar el coste real de los servicios públicos y blindar el principio de igualdad. En palabras de Ruiz Molina, Castilla-La Mancha quiere que el nuevo sistema asegure que todos los ciudadanos puedan recibir los servicios públicos "en las mismas condiciones de calidad", con independencia de la capacidad económica o tributaria de cada comunidad autónoma.
La posición del Ejecutivo regional contrasta con el modelo que, según ha advertido el consejero, se ha negociado desde el Gobierno central con los independentistas catalanes. Ruiz Molina ha sido tajante al señalar que la propuesta castellanomanchega es "diametralmente diferente" a ese planteamiento, porque no busca primar la capacidad tributaria de los territorios, sino garantizar la igualdad de los ciudadanos. El consejero ha recordado, en este sentido, que los impuestos los pagan las personas y que quienes reciben los servicios públicos son también las personas, no los territorios.
Ese matiz resulta clave en la posición política de García-Page, que ha venido defendiendo una reforma del sistema de financiación autonómica que atienda a la realidad de comunidades como Castilla-La Mancha, donde la prestación de servicios públicos se encarece por la dispersión geográfica, el envejecimiento de la población y la necesidad de mantener recursos básicos en zonas rurales. Para el Gobierno regional, cualquier reforma que ignore estos factores acabaría perjudicando a las comunidades con más dificultades estructurales para prestar servicios en igualdad de condiciones.
Igualdad entre ciudadanos
La defensa de este modelo también tiene una lectura política clara. Mientras algunas fuerzas han asumido el discurso de que los territorios con mayor recaudación deben disponer de un trato singular, Castilla-La Mancha ha situado el debate en el terreno de la igualdad entre ciudadanos. La comunidad autónoma no reclama privilegios, sino reglas comunes que permitan financiar adecuadamente los servicios esenciales y evitar que la negociación política con partidos independentistas acabe condicionando el reparto de recursos públicos.
El Gobierno de García-Page acudirá así a la reunión del 22 de junio con una propuesta que busca alejar el debate de los intereses partidistas y territoriales. La financiación autonómica, defiende el Ejecutivo castellanomanchego, no puede convertirse en una subasta política ni en una moneda de cambio para sostener acuerdos parlamentarios. Debe servir para garantizar que una persona que vive en un pequeño municipio de Castilla-La Mancha tenga acceso a una sanidad, una educación y unos servicios sociales de calidad en las mismas condiciones que quien reside en una gran capital o en una comunidad con mayor capacidad fiscal.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.