El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha resumido en una sola comparación el principal reproche de la región al nuevo modelo de financiación autonómica: atender a una población similar no cuesta lo mismo cuando sus habitantes se concentran en una ciudad que cuando están repartidos entre decenas de municipios.
"Madrid, para atender la Atención Primaria en Fuenlabrada, necesita cinco centros. Yo, en la provincia de Cuenca, que tiene toda la población de Fuenlabrada, necesito 50", ha expuesto durante una entrevista en el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER.
La comparación utilizada por Page coloca el foco sobre una de las variables que Castilla-La Mancha considera insuficientemente reconocidas en la propuesta del Gobierno: el coste real de garantizar la sanidad, la educación y los servicios sociales en un territorio extenso, envejecido, poco poblado y con una enorme dispersión geográfica.
No se trata únicamente de contar habitantes. Una comunidad debe mantener consultorios, colegios, carreteras, transporte sanitario, residencias y servicios de emergencia aunque algunos de ellos atiendan a poblaciones reducidas. La alternativa sería obligar a los ciudadanos del medio rural a recorrer decenas de kilómetros para acceder a derechos que en las grandes ciudades se encuentran a pocos minutos de casa.
El Ministerio de Hacienda sostiene que su propuesta incorpora una nueva definición de población ajustada, con más variables y una clasificación más precisa de los habitantes, además de mecanismos para reforzar la solidaridad entre territorios. El modelo elevaría en 20.975 millones los recursos autonómicos y el Gobierno pretende que entre en vigor el 1 de enero de 2027.
Page considera, sin embargo, que el resultado final continúa sin compensar adecuadamente el coste de prestar servicios en comunidades como Castilla-La Mancha. La región recibiría más dinero en términos absolutos, pero seguiría situada, según los cálculos manejados por el Ejecutivo autonómico, en el último puesto de financiación por habitante ajustado.
"Mi tierra recibiría más, pero seríamos la peor financiada, de manera que es entendible mi posición", ha advertido.
Para el presidente castellanomanchego, el problema de fondo es que la propuesta termina favoreciendo a las autonomías con mayor capacidad económica en lugar de aplicar un criterio verdaderamente redistributivo. Page ha recordado que un planteamiento progresista debe exigir más esfuerzo a quien más tiene y garantizar más apoyo a quien afronta mayores dificultades.
"Los más ricos pagan más y los pobres pagan menos", ha señalado antes de advertir de que, con el nuevo sistema, se estaría aplicando la lógica contraria: "Aquí se aplica que a quien más tiene, más se le paga. Y yo ese planteamiento no lo voy a asumir desde una visión progresista".
El presidente regional ha reconocido que la Generalitat está en su derecho de reclamar más recursos, pero ha rechazado que el punto de partida de la negociación sea conceder más financiación a Cataluña simplemente por disponer de una mayor capacidad fiscal. A su juicio, ese enfoque debería preocupar especialmente a la izquierda porque rompe con sus principios tradicionales de solidaridad e igualdad.
Page también ha cuestionado que el Gobierno intente cerrar una reforma estructural de esta dimensión en la recta final de una legislatura marcada por la debilidad parlamentaria y la ausencia de Presupuestos Generales del Estado. "No es un contexto para alcanzar un gran pacto", ha afirmado.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera previsto para este miércoles ha quedado aplazado hasta el 4 de septiembre después de que las once comunidades gobernadas por el Partido Popular reclamaran más tiempo e información para estudiar la propuesta. El Ministerio aceptó el retraso, aunque reprochó a los gobiernos populares que la mayoría no participara previamente en las reuniones técnicas bilaterales ofrecidas para analizar el modelo.
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