Castilla-La Mancha ha consolidado una década de reconstrucción social tras los recortes que asfixiaron al sistema público durante el mandato de María Dolores de Cospedal. Este martes, el Consejo de Gobierno ha autorizado una convocatoria de subvenciones para entidades sociales y corporaciones locales que prestan atención a personas con discapacidad, dotada con 71,1 millones de euros, una cifra que refleja la diferencia entre dos modelos de gestión: el del tijeretazo del PP y el del compromiso sostenido del Ejecutivo de Emiliano García-Page.

La medida permitirá mantener y desarrollar casi 300 programas en toda la región, beneficiando a más de 12.000 familias y reforzando el papel del Tercer Sector y de las administraciones locales como pilares de la red de atención social. En total, más de 140 entidades podrán concurrir a esta convocatoria, que se tramita en régimen de concurrencia competitiva y que garantizará la continuidad de proyectos tanto de ámbito regional como provincial, especialmente en zonas rurales y municipios escasamente poblados, donde la atención de proximidad es clave para la igualdad de oportunidades.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha subrayado que esta convocatoria “refuerza el compromiso del Gobierno de Emiliano García-Page con las personas con discapacidad y con las entidades que trabajan cada día para mejorar su calidad de vida”. Además, ha destacado que “tiene un volumen presupuestario que genera un gran impacto directo en la vida de miles de personas en nuestra Comunidad Autónoma”, y que el Ejecutivo “trabaja de forma directa con las entidades del Tercer Sector, lo que supone garantizar estabilidad laboral y de financiación a estas entidades, además del apoyo que necesitan todas las familias”.

Contraste con los años de Cospedal

La realidad que hoy se consolida en Castilla-La Mancha contrasta con la parálisis y los recortes que se vivieron durante el periodo 2011-2015, cuando el Gobierno de Cospedal redujo drásticamente las ayudas, cerró centros y dejó sin financiación a decenas de entidades que trabajaban con personas con discapacidad. Aquel retroceso provocó el colapso de numerosos recursos sociales y obligó a muchas familias a asumir en solitario la atención de sus hijos o familiares dependientes.

Una década después, la tendencia se ha invertido. El presupuesto aprobado crece en 5,1 millones respecto al año anterior y ha aumentado un 77% desde 2015, pasando de 40,3 millones a los actuales 71,1 millones en 2025. Este incremento ha permitido recuperar la red de atención social y devolver la estabilidad al sector, con un impacto directo en la calidad de vida de miles de personas.

El impulso del Gobierno regional ha sido constante. La inversión global en discapacidad ha pasado de 97,5 millones en 2015 a 157 millones en 2025, consolidando un crecimiento sostenido que no solo compensa los años de recorte, sino que sitúa a Castilla-La Mancha entre las comunidades que más recursos destinan a políticas de inclusión.

La convocatoria incluye distintas líneas de subvención destinadas al mantenimiento y funcionamiento de centros y servicios, como centros ocupacionales, servicios de día, viviendas con apoyo, CADIG o servicios de capacitación, además de programas de atención especializada, promoción de la autonomía personal, proyectos de inversión y equipamiento, acciones de integración sociolaboral y apoyo a familias cuidadoras.

Ejemplo de cohesión social

Gracias a este esfuerzo inversor, el Gobierno de Castilla-La Mancha garantiza la continuidad de los recursos gestionados por el Tercer Sector y las entidades locales, configurando una red integral, estable y cercana, que hoy es un ejemplo de cohesión social y de cómo la política puede servir para reparar el daño causado por los recortes.

Con esta nueva convocatoria, el Ejecutivo de Emiliano García-Page culmina una década de reconstrucción del Estado del bienestar en la región, demostrando que la política social no se mide solo en cifras, sino en dignidad y compromiso. Frente a la Castilla-La Mancha que Cospedal hundió a golpe de recorte, emerge una comunidad que ha apostado por devolver derechos, reforzar servicios públicos y sostener a quienes más lo necesitan.