El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que pedirá en Bruselas una moratoria de la Directiva Marco del Agua, con el objetivo de aplazar la aplicación de la nueva estrategia comunitaria mientras se alcanza un consenso amplio entre regiones y Estados miembros. La propuesta será planteada formalmente en el seno del Comité Europeo de las Regiones para su evaluación ante la Comisión Europea.

García-Page, que este lunes se desplazará a Bruselas para participar en una nueva reunión del Comité Europeo de las Regiones, que Castilla-La Mancha está "muy agradecida" a la estrategia actual por lo que ha supuesto para las reivindicaciones hídricas de la comunidad autónoma, pero ha defendido la necesidad de una prórroga para evitar que se adopten medidas sin el consenso suficiente.

La norma europea en cuestión es la Directiva Marco del Agua, que ha marcado durante más de dos décadas la política hídrica en la Unión Europea. En España, su aplicación ha tenido especial incidencia en la fijación de caudales ecológicos y en la planificación hidrológica, con efectos directos en territorios como Castilla-La Mancha.

El jefe del Ejecutivo castellanomanchego ha vinculado su propuesta a la idea de resiliencia hídrica, uno de los debates emergentes en el ámbito comunitario. Según ha expuesto, una parte importante del continente no sufre problemas estructurales de agua, lo que obliga a buscar equilibrios para las regiones que sí padecen escasez. En ese contexto, ha defendido que cualquier nueva estrategia debe construirse desde el acuerdo y no desde la imposición.

García-Page ha subrayado además que coincide en esta posición con el presidente de la Región de Murcia, un entendimiento que ha reconocido que puede sorprender en el mapa político nacional. A su juicio, si se quiere fraguar un consenso real en España sobre el agua, la base debe ser precisamente la moratoria de la estrategia actual. Ha insistido en que, sin ese aplazamiento, se pueden precipitar decisiones que no cuentan hoy con respaldo generalizado en Europa.

El debate sobre el agua ha sido históricamente uno de los ejes de tensión territorial en España, especialmente en lo relativo al trasvase Tajo-Segura y a la aplicación de los caudales ecológicos en el Tajo. La Directiva Marco del Agua ha reforzado el peso jurídico de esos caudales y ha condicionado la planificación hidrológica estatal, reduciendo el margen de maniobra política en determinados escenarios.

En este contexto, la petición de moratoria introduce un nuevo elemento en la discusión europea. Mientras algunas fuerzas políticas, entre ellas el Partido Popular y Vox, han defendido históricamente posiciones más favorables al mantenimiento amplio de los trasvases y a una interpretación flexible de las exigencias ambientales, el marco comunitario ha ido consolidando un enfoque que prioriza la sostenibilidad ecológica y el cumplimiento estricto de objetivos ambientales.

Junto al agua, García-Page ha avanzado que abordará en Bruselas otros dos asuntos estratégicos para la comunidad autónoma: la Política Agraria Comunitaria y el relevo generacional en el campo. El presidente intervendrá en distintos foros del Comité de las Regiones para defender el papel del sector vitivinícola, donde Castilla-La Mancha ejerce liderazgo productivo, y para reclamar un blindaje frente a iniciativas que puedan derivar en restricciones o estigmatizaciones del vino en el ámbito europeo.

Asimismo, ha puesto el acento en la incorporación de jóvenes al sector agrario como una de las claves para apuntalar el futuro de la PAC. Según ha señalado, garantizar el relevo generacional resulta imprescindible para sostener el tejido productivo rural y evitar el abandono de explotaciones.

La agenda en Bruselas sitúa así a Castilla-La Mancha en el centro de debates estructurales sobre agua, agricultura y sostenibilidad, en un momento en que la Unión Europea revisa sus estrategias ambientales y redefine sus prioridades presupuestarias.