Apenas había transcurrido una hora desde que dos trenes de alta velocidad colisionaran en Urda (Toledo) cuando Emiliano García-Page llegó al lugar de la tragedia. Eran las 9.45 horas del 28 de octubre. El presidente de Castilla-La Mancha había suspendido toda su agenda y el Gobierno regional ya había activado el dispositivo de emergencias. Mientras los equipos de rescate trabajaban contrarreloj para auxiliar a las víctimas, Page se ponía al frente de la respuesta institucional a una de las mayores tragedias ferroviarias de España.
Trece años antes, otro presidente autonómico tuvo que afrontar una situación semejante. Era Alberto Núñez Feijóo, entonces al frente de la Xunta de Galicia, tras el descarrilamiento de un tren en Angrois que dejó 80 fallecidos. Sin embargo, aquella emergencia estuvo marcada por retrasos y problemas de coordinación que posteriormente salieron a la luz. También por una gestión política que llevó al PP a bloquear las investigaciones parlamentarias sobre lo ocurrido. Ahora, convertido en líder de la oposición, Feijóo exige responsabilidades políticas inmediatas por Urda, sin esperar siquiera a que concluyan las investigaciones.
La reacción del Gobierno castellanomanchego había comenzado mucho antes de que su presidente llegara al lugar del siniestro. A las 9.15 horas, apenas veinte minutos después de la colisión, se activó el Plan Territorial de Emergencias de Castilla-La Mancha (Platecam) en su nivel 1. Diez minutos después, Page ya viajaba hacia Urda acompañado del consejero responsable de Emergencias, Juan Alfonso Ruiz Molina, y de su equipo de Presidencia.
Al llegar, todavía no se había instalado el Puesto de Mando Avanzado y comenzaban a desplegarse los primeros recursos sanitarios. La confirmación de las primeras víctimas mortales precipitó nuevas decisiones. A las 10.30 horas, el Ejecutivo regional elevó oficialmente la emergencia al nivel 2 y solicitó la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Paralelamente, se reforzaron los hospitales, se habilitaron espacios para atender a los afectados y se movilizaron efectivos de diferentes administraciones.
Pero la actuación de Page no se limitó a aquellas primeras horas. Durante la jornada permaneció pendiente del dispositivo, mantuvo contacto con Pedro Sánchez y otros responsables institucionales y compareció ante los medios para comunicar la evolución de una tragedia cuyo balance se agravaba conforme avanzaban los rescates. Al día siguiente participó en las reuniones del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI).
Angrois: retrasos, descoordinación y una investigación bloqueada
La hemeroteca de Angrois ofrece otro escenario. Aquella noche del 24 de julio de 2013, los vecinos fueron los primeros en socorrer a los pasajeros del Alvia descarrilado. Los servicios sanitarios y de emergencia también acudieron rápidamente, pero los partes oficiales del 112 gallego revelaron posteriormente importantes deficiencias en la organización del operativo.
La declaración del nivel 2 de alerta se demoró más de dos horas y el vehículo destinado a coordinar las comunicaciones no llegó hasta 106 minutos después del accidente. Durante buena parte de ese tiempo, el responsable del dispositivo tuvo que transmitir instrucciones mediante teléfonos móviles. Ninguno de los dos helicópteros movilizados consiguió despegar y los equipos reclamaron repetidamente medios de iluminación.
Pese a estos problemas, la Xunta defendió su actuación. El entonces vicepresidente gallego y responsable de Emergencias, Alfonso Rueda, aseguró ante el Parlamento que el dispositivo había funcionado "razonablemente bien o muy bien". La oposición cuestionó aquella valoración y reclamó esclarecer las deficiencias detectadas.
Sin embargo, el PP utilizó su mayoría para rechazar repetidamente la apertura de una comisión de investigación parlamentaria. Solo durante los primeros meses posteriores al accidente, los populares impidieron hasta en tres ocasiones que prosperaran iniciativas para investigar lo ocurrido, tanto en Galicia como en el Congreso. Las peticiones de las víctimas tampoco modificaron inicialmente esa posición.
Feijóo exige ahora responsabilidades sin esperar a la investigación
Trece años después, la posición de Feijóo ante otra tragedia ferroviaria plantea un contraste. El 29 de octubre, apenas un día después de la colisión de Urda, el líder del PP reclamó responsabilidades políticas al Gobierno de Pedro Sánchez sin esperar a que concluyeran las investigaciones.
"Las responsabilidades políticas no son opcionales, son imprescindibles", aseguró desde el lugar del accidente. Feijóo cuestionó la gestión ferroviaria del Ejecutivo y recordó que España había sufrido dos accidentes mortales de alta velocidad en apenas nueve meses, aunque evitó pedir expresamente la dimisión de Óscar Puente.
Sus exigencias contrastan con la posición que mantuvo el PP durante su etapa al frente de Galicia. Entonces, las reclamaciones para investigar políticamente Angrois encontraron el rechazo de la mayoría popular. Feijóo tampoco exigió responsabilidades al Gobierno de Mariano Rajoy, que entonces gobernaba España, ni a la ministra de Fomento, Ana Pastor, a quien defendió públicamente pese a las críticas por la seguridad ferroviaria. Ahora, sin embargo, el líder del PP considera que las responsabilidades políticas deben exigirse sin esperar a que concluyan las investigaciones, un criterio muy diferente al que sostuvo cuando tanto la Xunta como el Gobierno central estaban en manos de su partido
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