El pasado 16 de octubre, durante el Debate sobre el Estado de la Región, el líder del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se mostraba convencido de que el nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha podía ser víctima de un supuesto veto de Pedro Sánchez. “Me da en la nariz que Sánchez y el PSOE no nos va a dejar que aprobemos el Estatuto”, llegó a decir en las Cortes regionales, sugiriendo que el Gobierno central podría “boicotear” el texto pactado entre PSOE y PP.
Sin embargo, la realidad ha acabado desmintiendo por completo esa sospecha. Este martes, durante el debate de toma en consideración en el Congreso de los Diputados, el único partido con representación en Castilla-La Mancha que ha votado en contra del Estatuto ha sido Vox, el mismo que sostiene al PP en las diputaciones de Ciudad Real y Toledo y en decenas de ayuntamientos castellano-manchegos, donde los populares gobiernan gracias a su apoyo.
La contradicción ha dejado en evidencia al dirigente popular, que en su día reivindicó el “consenso institucional” alcanzado con Emiliano García-Page y lo definió como un símbolo de “igualdad y justicia” para Castilla-La Mancha. En aquel debate, Núñez incluso presumió de que el texto había sido enviado al Congreso “con el acuerdo de los dos principales partidos”, presentándolo como una muestra de madurez política.
El contraste no ha podido ser mayor. Mientras Núñez se esforzaba hace un mes en culpar a Pedro Sánchez de un posible “boicot” al texto, han sido sus propios aliados los que se han desmarcado frontalmente, rechazando la reforma que el PP firmó junto al PSOE como símbolo de consenso y estabilidad institucional.
Con su voto en contra, Vox ha dejado en evidencia la fragilidad política del discurso de Núñez, que por un lado presume de haber alcanzado acuerdos “por el bien de Castilla-La Mancha” y, por otro, depende de un socio que no solo se opone al Estatuto, sino que ha prometido derogarlo en cuanto llegue al Gobierno regional, si es que eso ocurre.
Mientras el PP respalda en Madrid el Estatuto acordado con el PSOE, sus socios de gobierno en diputaciones y ayuntamientos lo rechazan y lo califican de “estafa”. Un equilibrio cada vez más difícil de sostener para Núñez, que se ha quedado atrapado entre el consenso institucional que avala su partido y el negacionismo de la ultraderecha que le apuntala políticamente.