El Hospital de Almansa tiene memoria. También la tienen los profesionales sanitarios y los miles de ciudadanos que hace poco más de una década salieron a las calles para impedir que María Dolores de Cospedal entregara la gestión de varios hospitales públicos de Castilla-La Mancha a empresas privadas. Una etapa que Paco Núñez parece haber olvidado ahora que pretende presentarse como el gran defensor de la sanidad pública regional.
El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha elegido este jueves las inmediaciones del centro hospitalario de su ciudad para denunciar las listas de espera y acusar al Gobierno de Emiliano García-Page de "cerrar y desmantelar servicios". Núñez ha señalado especialmente la situación de la Unidad de Cuidados Intensivos y ha afirmado que Castilla-La Mancha es la comunidad donde más tiempo se espera para una operación, una prueba diagnóstica o una consulta especializada.
Una denuncia que puede formar parte del legítimo debate político y que obliga al Gobierno regional a explicar la situación de cada servicio, pero que choca frontalmente con dos obstáculos para el dirigente popular: los datos oficiales y su propio pasado.
El último informe homogéneo publicado por el Ministerio de Sanidad, correspondiente a diciembre de 2025, no sitúa a Castilla-La Mancha como la peor comunidad en demora quirúrgica. La espera media regional era de 92 días, lejos de los 173 de Andalucía, los 142 de Cataluña, los 137 de Cantabria, los 135 de Extremadura o los 132 de Aragón.
Tampoco era la peor en consultas con especialistas. Castilla-La Mancha registraba una demora media de 64 días, frente a los 162 de Canarias, 152 de Navarra, 138 de Aragón o 136 de Andalucía. Por tanto, la afirmación generalizada de Núñez no se sostiene, al menos en dos de los tres ámbitos que ha mencionado, con los últimos datos comparables disponibles.
Pero el principal problema de credibilidad de Núñez no se encuentra únicamente en las estadísticas. Está en la hemeroteca. En junio de 2013, cuando era simultáneamente alcalde de Almansa y presidente de la Diputación de Albacete, Núñez justificó públicamente la posibilidad de privatizar la gestión del hospital ante el que ahora posa para exigir más sanidad pública.
Núñez explicó entonces que Cospedal había decidido "explorar la gestión público-privada" para que un socio privado pudiera inyectar dinero y gestionar el centro durante 25 años. Y añadió una frase que hoy resulta especialmente incómoda: "Defendimos el cambio de modelo de la gestión porque era, sobre el papel, la única solución".
El actual líder regional del PP no puso reparos ideológicos a entregar la gestión del Hospital de Almansa a intereses privados. Al contrario, asumió sin peros el argumentario de Cospedal y presentó aquella operación como una alternativa inevitable. Lo hizo mientras ocupaba dos de los cargos institucionales más importantes de la provincia y cuando su responsabilidad debía ser defender a los vecinos de Almansa y al conjunto de municipios albaceteños.
El proyecto de Cospedal no afectaba únicamente a este hospital. El Gobierno del PP planteó ceder al sector privado la gestión de los centros también de Villarrobledo, Tomelloso y Manzanares. Un informe interno llegó a estudiar su entrega a constructoras vinculadas a la Autovía de los Viñedos, como ACS y Acciona, a cambio de reducir las deudas que la Junta mantenía con estas compañías.
El documento cifraba en 170 millones de euros los ingresos esperados por la operación y calculaba un supuesto ahorro anual de más de 37 millones mediante la gestión privada. Finalmente, la iniciativa no salió adelante porque las cuentas no resultaban atractivas y no aparecieron empresas interesadas.
Es decir, los hospitales no permanecieron públicos gracias a la resistencia política de Núñez. Permanecieron públicos porque la operación privatizadora impulsada por su partido no encontró comprador.
Aquella ofensiva coincidió con los años más duros para la sanidad castellanomanchega. El plan de ajuste del Gobierno de Cospedal recortó cientos de millones de euros en los centros sanitarios y un documento interno del Sescam contempló la eliminación de 2.375 puestos de trabajo, el 8,6% de toda la plantilla, principalmente mediante el despido o la no renovación de trabajadores interinos.
A ello se sumaron la jubilación forzosa de los médicos a los 65 años, la reducción de las guardias y de su remuneración, la congelación de la oferta pública de empleo y el cierre de plantas hospitalarias. La tijera también llegó a la atención rural, con el intento de cerrar durante la noche 21 puntos de urgencias que daban servicio a más de 100.000 vecinos, algunos de los cuales habrían tenido que recorrer hasta 50 kilómetros para recibir atención sanitaria.
Las listas quirúrgicas aumentaron un 44% en solo un año, pasando de 26.399 pacientes a 38.036, mientras que la espera para pruebas diagnósticas prácticamente se triplicó. Fueron años de menos profesionales, menos recursos, plantas cerradas y una presión asistencial creciente que todavía permanece en la memoria de numerosos trabajadores del sistema público.
La estrategia de Cospedal no consistió únicamente en buscar ahorro. Supuso un intento de cambiar el modelo sanitario regional, reducir el peso de lo público y abrir la puerta a empresas privadas en la gestión de hospitales construidos con dinero de todos. Paco Núñez no fue una voz discordante dentro de aquel PP. Fue uno de los dirigentes que defendió públicamente el proyecto.
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