La propuesta de financiación autonómica presentada el domingo por Alberto Núñez Feijóo ha situado de nuevo al líder del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, en el centro del debate, al respaldar un documento que no define cómo se corregirá la infrafinanciación regional. Una postura opuesta a la del presidente Emiliano García-Page, que ha sostenido una defensa continuada de la igualdad y de los intereses de Castilla-La Mancha con independencia del signo político del Gobierno central.

El texto suscrito por los barones populares pretende construir un frente común frente al Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero evita descender al terreno que más preocupa a las comunidades infrafinanciadas. No hay referencias numéricas, ni propuestas concretas de reparto, ni explicaciones sobre cómo se cubrirá el coste real de los servicios públicos en regiones extensas y con población dispersa. Aun así, Paco Núñez ha avalado una propuesta que, en la práctica, deja a Castilla-La Mancha en el mismo punto de incertidumbre que antes del debate.

La Declaración de Zaragoza arranca acusando al Gobierno central de introducir “arbitrariedad” en el sistema de financiación como cesión al independentismo y reclama reiniciar el proceso desde cero. Sin embargo, más allá de esa enmienda a la totalidad, el documento no ofrece una alternativa definida. Se apela a la igualdad, a la Constitución y a la necesidad de evaluaciones rigurosas y transparentes, pero sin detallar qué criterios se aplicarían ni cómo se medirían. Un planteamiento genérico que contrasta con la dureza del discurso político utilizado por el PP.

En el apartado de solidaridad, el texto enumera una larga lista de variables como demografía, dispersión, envejecimiento, despoblación, orografía o superficie, muchas de ellas directamente vinculadas a la realidad de Castilla-La Mancha. Sin embargo, el documento se queda en la enumeración y evita traducir esos factores en un modelo concreto de financiación. La única mención específica responde a una reclamación del Gobierno de Aragón, al subrayar la orografía y la despoblación, un guiño territorial que no se acompaña de compromisos equivalentes para otras comunidades con problemas similares.

Paco Núñez no sabe si apoya o no la ordinalidad

Pese a este vacío de contenido, Paco Núñez ha respaldado una declaración que tampoco aclara si el PP asume o no el principio de ordinalidad, una de las cuestiones más controvertidas del debate y que perjudica a Castilla-La Mancha al consolidar diferencias estructurales en la financiación por habitante. El silencio del documento sobre este punto resulta especialmente significativo, teniendo en cuenta que el propio Núñez ha exigido en los últimos días al PSOE castellanomanchego gestos de rebeldía y coherencia en defensa de la región.

La única propuesta concreta incluida en la Declaración de Zaragoza es la creación de un fondo transitorio para paliar la infrafinanciación, una idea ya planteada en otros foros y que el propio Gobierno de Castilla-La Mancha ha venido defendiendo desde hace tiempo. No obstante, el texto del PP vuelve a quedarse a medio camino, al no especificar ni el volumen de recursos, ni los criterios de reparto, ni el calendario de aplicación. En paralelo, introduce una excepción específica para la Comunitat Valenciana por la dana, sin explicar cómo se articularía ni qué impacto tendría en el resto de territorios.

El documento también carga contra el “separatismo” y acusa a determinadas comunidades de haber promovido estructuras paralelas al Estado con un elevado coste, un discurso que vuelve a desplazar el foco del debate hacia el enfrentamiento político y evita entrar en el análisis técnico del sistema de financiación. De hecho, la declaración dedica más espacio a criticar al Gobierno central que a explicar cómo se garantizará que un ciudadano de Castilla-La Mancha tenga acceso a la sanidad, la educación o los servicios sociales en igualdad de condiciones.

En este contexto, el respaldo de Paco Núñez a la propuesta de Feijóo refuerza la imagen de un liderazgo regional que endurece el discurso en Castilla-La Mancha, pero se alinea sin matices con Génova cuando se trata de fijar posición a nivel nacional. Mientras el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, ha mantenido una postura crítica con cualquier modelo que perjudique a la región, gobierne quien gobierne en España, Núñez ha avalado un documento que no garantiza mejoras reales para su comunidad.

La Declaración de Zaragoza cierra su planteamiento con una defensa del régimen común y de la integridad de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, junto a críticas al Gobierno central por su gestión del debate sobre financiación autonómica. El documento no incorpora, en ningún caso, cifras, simulaciones ni un desarrollo técnico que permita evaluar cómo se corregiría la situación de infrafinanciación que afecta a comunidades como Castilla-La Mancha.

De este modo, la propuesta presentada el domingo en Zaragoza ha servido para escenificar una posición común del Partido Popular, aunque sin concretar los efectos que tendría el nuevo modelo en cada territorio. En el caso de Castilla-La Mancha, el texto no detalla qué impacto tendría sobre la financiación de los servicios públicos ni qué mejoras introduciría respecto al sistema actual.