Paco Núñez ha vuelto a sacar el agua de la carpeta de los grandes consensos para llevarla al terreno que mejor domina el Partido Popular de Castilla-La Mancha: el titular, la rueda de prensa y la acusación contra Emiliano García-Page. Esta vez, además, lo ha hecho despreciando el principal instrumento administrativo que tienen las instituciones para influir en la futura planificación hidrológica. “Con alegaciones no se riega, se riega con agua”, ha sentenciado el dirigente popular en una rueda de prensa.
El problema para Núñez es que las alegaciones no son un adorno burocrático ni un comunicado político. Son el trámite formal mediante el que administraciones, organizaciones agrarias, ayuntamientos, diputaciones y colectivos pueden corregir los documentos elaborados por las confederaciones hidrográficas antes de que se redacten los planes definitivos para el periodo 2028-2033. Es decir, constituyen uno de los principales mecanismos disponibles para reclamar más recursos, proteger derechos de riego e incorporar inversiones.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado un centenar de alegaciones a los esquemas provisionales de las siete cuencas que atraviesan la comunidad autónoma. De ellas, 30 corresponden al Guadiana, 22 al Tajo, 18 al Júcar y otras 18 al Segura, además de diferentes propuestas para las demarcaciones del Guadalquivir, el Ebro y el Duero. El proceso ha contado con la participación de 71 agentes y ha recogido más de 200 aportaciones.
Entre las demandas figuran la elaboración de un balance real de los recursos disponibles, la mejora de las redes de control de los acuíferos, la protección de las concesiones existentes, el impulso de los regadíos sociales, la prioridad de las necesidades de las cuencas cedentes y la garantía de los caudales ecológicos. La Junta también ha identificado 37 inversiones hidráulicas prioritarias, desde la ampliación del sistema de abastecimiento de la Llanura Manchega hasta nuevas conexiones, depuradoras, sistemas de reutilización y proyectos de recarga de acuíferos.
El PP se queda de brazos cruzados
Frente a ese trabajo, ni el PP regional ni las principales instituciones que controla han mostrado un documento equivalente. El Gobierno autonómico ya denunció a comienzos de julio que no tenía constancia de que ayuntamientos y diputaciones gobernados por los populares hubieran registrado sus propias alegaciones.
Núñez ha preferido este jueves cargar contra el Ejecutivo autonómico por no aceptar una declaración institucional promovida por Asaja, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias. Según el presidente del PP, el PSOE ha “vetado” el consenso y lleva más de cinco años sin cumplir “ni una sola coma” del Pacto Regional por el Agua firmado en diciembre de 2020.
El líder popular ha citado como asuntos pendientes la auditoría hídrica, el mapa regional de necesidades, un plan de inversiones en regadíos y la prioridad de la cuenca cedente. Sin embargo, ha reducido las cien alegaciones registradas por la Junta a “recursos, burocracia, titulares y alegaciones”, pese a que varias de esas propuestas reclaman precisamente balances hídricos, inversiones y prioridad para los territorios de origen.
El PSOE huele el miedo de Núñez a Génova
Desde el PSOE de Castilla-La Mancha han interpretado las palabras de Núñez como la admisión de que el PP regional ha renunciado a presentar alegaciones para no enfrentarse a las posiciones de sus compañeros de partido en Murcia, la Comunidad Valenciana o Génova.
El secretario de Organización socialista, Sergio Gutiérrez, ha calificado la afirmación de Núñez como “la frase más cobarde” que recuerda del presidente regional del PP. A su juicio, el dirigente popular ha explicado con sus propias palabras por qué ni su grupo parlamentario ni las instituciones gobernadas por su partido han pedido formalmente más agua para el Tajo, el Guadiana, el Júcar o el Segura.
“Es cobarde porque esconde la verdad que nos confesaron: ‘Génova nos corta la cabeza si lo hace’. Y es cobarde porque es la constatación de que renuncian a pelear, que no es capaz de enfrentarse a Génova”, ha reprochado Gutiérrez.
El dirigente socialista ha recordado que los avances en la implantación de caudales ecológicos en el Tajo no llegaron mediante declaraciones institucionales, sino a través de recursos judiciales, reclamaciones ante el Gobierno de España y actuaciones en instancias europeas. El Tribunal Supremo ha rechazado diferentes recursos contra el escalonamiento de esos caudales y ha respaldado su aplicación frente a las pretensiones de administraciones del Levante.
Gutiérrez también ha contrapuesto esta estrategia con declaraciones anteriores de Núñez, como cuando afirmó que prefería que el agua del Tajo fuera “para Murcia antes que para Portugal”. Para el PSOE, la defensa de los intereses hídricos de Castilla-La Mancha exige presentar documentos, recurrir decisiones, reclamar inversiones y asumir enfrentamientos políticos incluso con gobiernos y dirigentes del mismo partido.
Mientras tanto, Núñez insiste en exigir el cumplimiento del Pacto Regional por el Agua y la aprobación de la declaración de las organizaciones agrarias, pero sigue sin concretar qué alegaciones ha registrado el PP de Castilla-La Mancha, qué propuestas han presentado sus diputaciones o qué medidas han defendido formalmente sus ayuntamientos ante las confederaciones hidrográficas.
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