Mientras el humo ha cubierto estas semanas montes enteros en Galicia y en Castilla y León, Castilla-La Mancha ha exhibido otra fotografía. Aquí, los cortafuegos están trazados, los montes desbrozados y las brigadas forestales desplegadas desde antes de que el verano llegara con su sequía abrasadora. El fuego, que se ha convertido en enemigo implacable de media España, se encuentra con una comunidad que eligió anticiparse, que invirtió en prevención mientras otros gobiernos autonómicos confiaban todo a la suerte y a la improvisación.

En este contexto, el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha defendido la importancia de destinar 116 millones de euros anuales a un plan donde la clave es adelantarse al desastre.

“Lo importante es haber hecho los trabajos antes y estar preparados”, ha subrayado, convencido de que solo la profesionalización de los equipos y la planificación continuada pueden frenar la brutalidad de los incendios de sexta generación que azotan al resto del país.

Caballero ha recordado que Castilla-La Mancha cuenta con 2.800 profesionales y cerca de 300 medios terrestres y aéreos, apoyados por la última tecnología, en una estrategia que prioriza el trabajo previo: limpieza, mantenimiento, vigilancia y contratos estables que permiten contar con brigadas activas todo el año. 

Incendios virulentos y gestión fallida del PP en otras comunidades

Mientras tanto, Castilla y León y Galicia padecen un verano catastrófico. En la primera, gobernada por Alfonso Fernández Mañueco, ya se han arrasado más de 150.000 hectáreas, con León y Zamora entre las provincias más golpeadas. En Galicia, Ourense se ha convertido en el epicentro de la tragedia: solo en Larouco, el fuego ha calcinado más de 30.000 hectáreas, en lo que ya se considera uno de los peores episodios de los últimos 20 años. Las cifras globales en España superan las 400.000 hectáreas quemadas.

La ciudadanía gallega ha salido a la calle en 26 localidades para protestar contra la gestión de la Xunta, reclamando medios suficientes y denunciando la privatización de los servicios de extinción. Incluso la vicepresidenta Yolanda Díaz ha participado en una de estas movilizaciones, reflejo de la dimensión política del desastre. En Castilla y León, las críticas a Mañueco se multiplican, recordándole promesas incumplidas de reforzar la prevención tras episodios similares en años anteriores.

El contraste político y social

El contraste resulta evidente. Allí donde se ha gobernado con previsión, recursos estables y condiciones dignas, el fuego encuentra resistencia. Allí donde se ha apostado por la improvisación, la precariedad laboral y la desatención del medio rural, las llamas han encontrado terreno abonado para arrasar sin control.

Caballero lo ha resmido en una idea. La lucha contra los incendios no debe convertirse en un campo de batalla político, pero la realidad demuestra que las políticas del PP y Vox, basadas en el recorte y el cortoplacismo, han dejado sin defensas a miles de familias y hectáreas de bosque y monte. Frente a esa inacción, Castilla-La Mancha ofrece un modelo que prueba que prevenir no es un gasto, sino una inversión que salva vidas, hogares y el medio ambiente.