Castilla-La Mancha comienza este lunes nuevo curso universitario manteniendo una singularidad que cada vez resulta más excepcional en España: ser la única comunidad autónoma que continúa sin oferta universitaria privada implantada, en un momento en el que este tipo de centros se expande por prácticamente todo el territorio nacional.
Las clases de grado de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) comenzaron oficialmente el pasado 1 de septiembre y este lunes 14 arrancan los estudios de máster. Para el curso 2026/2027, la institución ha ofertado 9.359 plazas de nuevo ingreso, 6.449 correspondientes a grados y otras 2.910 a másteres, un 10% más estas últimas que el año anterior.
El comienzo del curso vuelve a poner sobre la mesa un modelo universitario que el Gobierno socialista de Emiliano García-Page ha reivindicado como una cuestión política de fondo: reforzar la universidad pública, facilitar económicamente el acceso de los jóvenes y establecer barreras de calidad ante una eventual llegada de proyectos privados.
La peculiaridad castellanomanchega se ha acentuado precisamente estos días. Asturias, uno de los últimos territorios sin presencia privada, autorizó el pasado 9 de septiembre el comienzo de la actividad del Centro Universitario Instituto Nebrija de Avilés, adscrito a la Universidad Antonio de Nebrija, para este mismo curso 2026/2027.
Extremadura también dejó atrás esa condición después de reconocer en 2025 la Universidad Internacional para el Desarrollo, UNINDE, con sede en Badajoz. La ley salió adelante con los votos de PP y Vox, mientras el PSOE se abstuvo y Unidas por Extremadura votó en contra.
Algo similar ha ocurrido este año en Baleares, donde el Parlament aprobó la creación de la Universidad de Mallorca, de carácter privado y constituida como sociedad limitada. La iniciativa fue impulsada por el PP y aprobada con los votos de populares y Vox, mientras el PSIB se abstuvo.
El contraste es especialmente evidente en Madrid, donde el modelo impulsado por Isabel Díaz Ayuso ha convivido durante años con las denuncias de infrafinanciación de las seis universidades públicas mientras se multiplicaba la oferta privada. Los propios rectores llegaron a alertar en 2025 del "estrangulamiento financiero" que sufrían sus centros, en una región que ya contaba con 13 universidades privadas frente a solo seis públicas.
Frente a esa expansión, Castilla-La Mancha conserva un sistema sustentado en la UCLM y en la presencia de la también pública Universidad de Alcalá en Guadalajara. El propio García-Page presumió el pasado junio, durante el 40 aniversario de la Universidad regional, de que Julián Garde era el rector de "la única región que no tiene universidad privada 40 años después".
El primer curso, prácticamente gratis
La apuesta no se limita a evitar la llegada indiscriminada de universidades privadas. Uno de los principales cambios introducidos por el Ejecutivo autonómico afecta directamente al bolsillo de las familias.
Por segundo curso consecutivo, la Junta mantiene una bonificación del 99% de la primera matrícula del primer año de los grados y dobles grados de la UCLM y del campus de Guadalajara de la Universidad de Alcalá para los alumnos.
La ayuda se aplica hasta un máximo de 60 créditos en los grados y de 72 en los dobles grados. Cuando se puso en marcha, el Gobierno regional calculó que podría beneficiar a más de 5.100 estudiantes.
Es, en la práctica, una política destinada a que el origen económico no determine el acceso a los estudios superiores, especialmente relevante en una comunidad dispersa territorialmente y donde estudiar una carrera implica para muchos jóvenes asumir también gastos de alojamiento y desplazamiento.
A ello se suma que las tarifas universitarias llevan años sin incrementarse. Los precios públicos se mantienen congelados desde hace más de una década. Sin aplicar ayudas, un curso completo de 60 créditos cuesta entre 727 y 1.132 euros dependiendo del grado de experimentalidad.
Más de 1.000 millones para sostener la UCLM
Detrás de esa política existe también una financiación pública sostenida. El contrato-programa firmado entre la Junta y la Universidad para el periodo 2022-2026 contempla 1.000,3 millones de euros, de los que más de 984 millones corresponden a transferencias nominativas y 16 millones al cumplimiento de objetivos.
El acuerdo supuso incrementar en unos 37 millones de euros anuales la financiación respecto al anterior marco plurianual y ha permitido sostener programas de investigación, nuevas titulaciones, becas, infraestructuras y proyectos como UCLM Rural.
El Ejecutivo y la institución académica trabajan ya en el siguiente pacto de financiación. La Junta ha adelantado que pretende firmarlo antes de terminar 2026 para mantener la estabilidad de la universidad pública en los próximos ejercicios.
Poner coto a las "factorías de títulos"
En paralelo, el Gobierno de Page prepara la primera Ley de Universidades de Castilla-La Mancha, actualmente en elaboración después de superar el periodo de información pública. La norma pretende ordenar el sistema universitario regional y establecer el marco al que tendría que someterse cualquier proyecto privado que quisiera instalarse en la comunidad.
Page ya dejó clara en junio su posición ante la proliferación de universidades privadas. El presidente defendió la necesidad de "regular las condiciones que protejan" a la UCLM y a la Universidad de Alcalá y alertó frente a modelos convertidos en simples "factorías de títulos".
La portavoz regional, Esther Padilla, fue incluso más explícita. El Gobierno castellanomanchego, aseguró, no favorecerá ningún "chiringuito expedidor de títulos" y cualquier proyecto privado que pretenda instalarse deberá acreditar niveles de calidad docente e investigación comparables a los exigidos a las instituciones públicas.
La posición dibuja un contraste especialmente visible con comunidades donde PP y Vox han facilitado la entrada de nuevas universidades privadas, como Extremadura o Baleares. Castilla-La Mancha inicia así el curso universitario 2026/2027 manteniendo una anomalía dentro del mapa español mientras el anteproyecto de su nueva ley continúa avanzando y la Junta negocia con la UCLM el marco financiero que deberá sustituir al actual contrato-programa.
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