El Gobierno de Castilla-La Mancha quiere combinar la promoción de vivienda pública con una mayor intervención social en los barrios y con nuevas medidas para hacer frente a la despoblación. GICAMAN, la empresa pública de gestión de infraestructuras y servicios de Castilla-La Mancha, prevé impulsar más de 400 nuevas viviendas protegidas al tiempo que refuerza el acompañamiento a las familias que ya residen en sus promociones.
La directora general de Planificación Territorial y Urbanismo y presidenta de GICAMAN, Silvia López, ha presentado este miércoles las principales actuaciones de la empresa pública durante la firma de un convenio con la Asociación Socioeducativa Athena. El acuerdo permitirá desarrollar programas de acompañamiento social, mediación comunitaria e intervención socioeducativa en promociones de vivienda pública de Toledo.
El convenio tendrá una vigencia inicial de dos años y no supondrá coste económico para las partes. Su objetivo será reforzar la atención personalizada a las familias, detectar posibles situaciones de vulnerabilidad y mejorar la convivencia vecinal. “Queremos que la vivienda pública no sea únicamente un techo, sino también un espacio donde las familias puedan desarrollar su proyecto de vida con estabilidad”, ha señalado López, en línea con la apuesta del Ejecutivo autonómico por acompañar las políticas de vivienda con medidas sociales.
Un plan piloto para 148 viviendas en Toledo
Una de las principales novedades será la puesta en marcha de un plan piloto en una promoción de 148 viviendas de Toledo. La iniciativa combinará medidas económicas, sociales y de gestión para abordar los problemas detectados en estas viviendas.
López ha explicado que el programa persigue “mejorar la convivencia, reducir la morosidad y prevenir nuevas situaciones de ocupación ilegal”, mediante una intervención coordinada y personalizada.
Entre las actuaciones previstas figura una adecuación temporal de las rentas a niveles similares a los de otras promociones de vivienda protegida, así como programas individualizados para la regularización de deudas. A estas medidas se sumará el acompañamiento y la mediación social de profesionales de Athena.
La responsable de Planificación Territorial y Urbanismo ha defendido que esta experiencia permitirá comprobar la eficacia de un modelo que posteriormente podría trasladarse a otras promociones públicas con características similares. “El objetivo es que esta experiencia piloto contribuya a mejorar la estabilidad residencial de las familias y pueda servir de modelo para otras promociones de vivienda pública”, ha afirmado.
El convenio se desarrollará en coordinación con los servicios sociales y con los distintos agentes que trabajan en estos entornos, de manera que la intervención permita anticiparse a los conflictos y ofrecer respuestas adaptadas a cada familia.
Athena reforzará el trabajo sobre el terreno
El acuerdo se suma al proyecto ‘Habitando casas, construyendo hogares’, que desarrolla la Asociación Socioeducativa Athena con el respaldo de la Consejería de Bienestar Social. Este programa cuenta con una financiación de alrededor de 92.000 euros.
El director general de Acción Social, Santi Vera, ha puesto el foco en la importancia de trabajar directamente con las familias y los barrios. “La convivencia es algo que se construye”, ha defendido, reivindicando una intervención basada en itinerarios personalizados y familiares.
El programa contempla mediación entre vecinos, prevención y resolución de conflictos y coordinación con los servicios sociales y las administraciones. “Se plantean soluciones ante los conflictos de convivencia, se media entre vecinos y vecinas y se trabaja en red para promover buenas prácticas”, ha explicado Vera.
La intervención también busca mejorar la calidad de vida de las personas residentes y favorecer su autonomía y empleabilidad, además de fomentar valores como la tolerancia y el respeto.
Más de 400 viviendas protegidas
Junto a estas medidas sociales, el Gobierno regional sitúa la ampliación del parque público de vivienda entre las prioridades de GICAMAN. La empresa pública trabaja en diferentes actuaciones que permitirán impulsar más de 400 nuevas viviendas protegidas en Castilla-La Mancha.
La estrategia pretende incrementar la oferta residencial destinada a las familias que tienen más dificultades para acceder al mercado libre y avanzar en una política de vivienda vinculada también a la planificación del territorio.
La actuación se enmarca en el conjunto de medidas que la Junta está desarrollando para aumentar el parque de vivienda protegida y facilitar el acceso a una vivienda a colectivos con mayores dificultades económicas.
Refuerzo frente a la despoblación
La actuación de GICAMAN incorpora además una vertiente territorial. La empresa pública incorporará 12 profesionales especializados para reforzar el trabajo contra la despoblación en las cinco provincias de Castilla-La Mancha.
El nuevo equipo estará compuesto por cinco responsables provinciales y siete técnicos de inventario. Su función será prestar asistencia a los municipios rurales en cuestiones relacionadas con la planificación territorial, el análisis de datos y la preparación de proyectos estratégicos.
La Junta pretende que los pequeños municipios dispongan así de mayor capacidad técnica para detectar oportunidades, planificar actuaciones y poner en marcha proyectos que contribuyan a generar actividad y fijar población.
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