Letur es una de las localidades que recibirá las ayudas de un programa impulsado por el Gobierno y dotado con 60 millones de euros que beneficiará a 62 ayuntamientos para financiar sistemas de alerta, barreras contra el agua y obras de adaptación contra inundaciones.
La resolución de estas ayudas directas, publicada por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, busca financiar actuaciones que reduzcan la vulnerabilidad de los municipios ante futuras riadas como la que provocó la dana en 2024. La cuantía total asciende a 59.881.285,76 euros y los beneficiarios son principalmente ayuntamientos de la Comunitat Valenciana.
La comisionada para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la dana, Zulima Pérez, ha señalado que la publicación de la resolución supone “un paso más en la prevención de los municipios afectados por la dana de hace dos años”. Según ha destacado, los fondos permitirán que las localidades estén “mejor preparadas ante el riesgo de inundación”.
Algemesí, Aldaia y Catarroja, entre los municipios con más fondos
La mayor parte de las ayudas se concentra en municipios valencianos. Algemesí recibirá 3,75 millones de euros, mientras que Aldaia y Catarroja contarán con 3,2 millones cada una. Paiporta y Alfafar dispondrán de 2,8 millones por localidad. La ciudad de València recibirá 1,8 millones de euros.
Los fondos permitirán a los ayuntamientos financiar medidas para reducir los daños que podrían provocar nuevas inundaciones, tanto mediante intervenciones en infraestructuras como a través de sistemas de prevención y respuesta ante emergencias.
Barreras, alertas tempranas y adaptación de infraestructuras
Entre las actuaciones subvencionables figuran la compra de barreras para impedir la entrada de agua, válvulas antirretorno y bombas de achique, así como obras de adaptación en edificios afectados por la riada.
Las ayudas también podrán destinarse a elaborar planes municipales de adaptación al riesgo de inundación, implantar sistemas de alerta temprana y desarrollar planes de protección civil. Asimismo, contemplan medidas para proteger explotaciones ganaderas e instalaciones de acogida de animales, además de adaptar carreteras, vías de comunicación y otras infraestructuras.
Otra de las actuaciones previstas es la adquisición de terrenos y edificios afectados, que deberán dedicarse a la protección frente a inundaciones durante un periodo mínimo de 50 años. La convocatoria excluye las obras y reparaciones que no estén directamente relacionadas con la adaptación al riesgo de inundación. Sí podrán financiarse actuaciones ya iniciadas o ejecutadas desde el 30 de octubre de 2024, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la resolución.
Cuatro años para ejecutar las actuaciones
Los ayuntamientos dispondrán de 48 meses desde la recepción de los fondos para ejecutar los proyectos financiados. El plazo podrá ampliarse hasta otros 48 meses cuando exista una imposibilidad justificada para completar las actuaciones dentro del periodo inicial.
Pérez ha defendido que el compromiso del Ejecutivo con las personas afectadas por la dana continúa vigente, cuando se acerca el segundo aniversario de las inundaciones de 2024. “No se trata solo de reconstruir. Hablamos de proteger”, ha afirmado la comisionada, que ha destacado el papel de las barreras, los sistemas de alerta y los planes municipales para evitar daños y reducir el riesgo para la población.
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