Un juzgado pone contra las cuerdas la operación del PP para hacerse con la Alcaldía de Malagón en una moción de censura

La llegada del Partido Popular a la Alcaldía de Malagón (Ciudad Real) ha quedado bajo una seria sombra judicial. Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ciudad Real ha estimado el recurso presentado por el anterior alcalde, Luis Carlos Segura, del partido independiente 'Somos Malagón', y ha declarado nula una resolución municipal vinculada a la renuncia de él y otros cuatro concejales de su grupo. El fallo no solo cuestiona un trámite administrativo, sino que puede afectar al camino que acabó permitiendo al PP hacerse con el Gobierno local mediante una moción de censura.

Para entender el caso hay que volver a las elecciones municipales de 2023. En Malagón, el PP fue la lista más votada, pero no consiguió mayoría absoluta. Obtuvo seis concejales, mientras que Somos Malagón logró cuatro y el PSOE consiguió tres. La suma de Somos Malagón y PSOE alcanzaba siete ediles, suficientes para gobernar frente a los seis del Partido Popular. Por eso, ambas formaciones alcanzaron un acuerdo para repartirse la Alcaldía durante el mandato.

Ese pacto permitió que Luis Carlos Segura, de Somos Malagón, fuera alcalde durante la primera parte de la legislatura. Después, según lo acordado, debía producirse un relevo para que la Alcaldía pasara al PSOE. Sin embargo, ese relevo saltó por los aires cuando la candidata socialista prevista para asumir el cargo, Justine Martín, decidió dar un paso atrás. A partir de ahí, el escenario político cambió por completo y el PP vio una oportunidad para hacerse con el poder municipal.

El movimiento decisivo llegó con Jesús Domínguez, concejal elegido en la candidatura del PSOE que acabó apoyando la moción de censura impulsada por el PP. Con sus seis concejales y el respaldo de este edil, el Partido Popular consiguió reunir los votos necesarios para desalojar a Luis Carlos Segura y convertir a Adrián Fernández en alcalde de Malagón. La operación quedó marcada desde el principio por el peso de un concejal tránsfuga, ya que el voto que permitió el cambio de Gobierno procedía de un edil que había concurrido a las elecciones bajo otras siglas.

La sentencia conocida ahora introduce un elemento clave. Un día antes de esa moción de censura, el 2 de julio se celebró un pleno extraordinario en el Ayuntamiento cuyo único punto del orden del día era la renuncia de Luis Carlos Segura a la Alcaldía. Al terminar ese pleno, el ya exalcalde anunció que los otros tres concejales de Somos Malagón también habían presentado su renuncia al acta. El Ayuntamiento dio por hecho que esas renuncias eran válidas y actuó como si esos cuatro ediles ya no formaran parte de la Corporación.

Ahí está el núcleo del problema. El juzgado ha concluido que las renuncias de los cuatro concejales de Somos Malagón no podían darse por efectivas en el pleno del 2 de julio, que solo había sido convocado para tomar conocimiento de la renuncia de Luis Carlos Segura a la Alcaldía. Según la sentencia, para que esas renuncias tuvieran efectos jurídicos, los escritos debían haberse registrado antes de la sesión y la cuestión debía haberse incluido expresamente como punto en el orden del día. Como eso no ocurrió, el juez entiende que los cuatro concejales seguían manteniendo sus actas.

Esa conclusión es clave porque afecta al escenario previo a la moción de censura. Si esos cuatro ediles seguían siendo concejales, el Ayuntamiento no podía actuar como si ya hubieran dejado la Corporación. Por eso, la sentencia abre la puerta a cuestionar el camino administrativo y político que terminó facilitando la moción de censura con la que Adrián Fernández, del PP, alcanzó la Alcaldía con el apoyo de un edil tránsfuga.

Puede afectar a la moción de censura

No se trata de un simple papel mal presentado. Si esos cuatro concejales seguían siendo concejales, el Ayuntamiento no podía actuar como si ya no existieran. Y si seguían formando parte de la Corporación, también surge la duda sobre los pasos posteriores que llevaron a la moción de censura y a la elección de Adrián Fernández como alcalde. En otras palabras, la Justicia ha señalado que una pieza previa del procedimiento estaba mal colocada, y eso puede afectar a todo lo que vino después.

Por eso la sentencia puede poner contra las cuerdas la operación del PP. La moción de censura que dio la Alcaldía a Adrián Fernández se produjo en un contexto en el que el Ayuntamiento ya había dado por fuera de la Corporación a los concejales de Somos Malagón. Pero el juzgado ha dicho ahora que esos ediles no habían perdido sus actas, porque su renuncia no se tramitó correctamente. Esa conclusión abre la puerta a que se cuestione si la moción de censura se desarrolló sobre una composición municipal realmente válida.

El fallo no anula la moción de censura

El fallo no anula automáticamente la moción de censura ni expulsa al PP del gobierno municipal. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo y, en su caso, tendrían que impulsarse nuevas acciones judiciales para pedir la nulidad de otros actos. Pero sí deja una base jurídica de gran calado para discutir la validez del proceso que permitió al PP alcanzar la Alcaldía.

La cuestión política es igual de relevante. El Partido Popular llegó al Gobierno de Malagón gracias a una operación sostenida por el voto de un concejal elegido en las listas del PSOE y en medio de una situación institucional ahora cuestionada por la Justicia. Lo que el PP presentó como un cambio de gobierno puede acabar revisándose como una maniobra construida sobre una renuncia irregular de cuatro ediles que, según el juez, seguían siendo concejales.

El caso también puede tener consecuencias sobre decisiones adoptadas por el nuevo equipo de Gobierno si se acaba cuestionando la validez de los actos posteriores. Entre ellas figura una de las más polémicas, la retribución de 52.272,61€ brutos anuales aprobada para la concejala del PP, Olga Bastante Palomares, además de los 15.000€ brutos anuales fijados para la concejala Alma María Navas Hervás. Son acuerdos que podrían quedar igualmente bajo revisión si prospera la tesis de que el origen del cambio de Gobierno estuvo viciado.

Malagón queda así ante un escenario políticamente incómodo para el PP. Adrián Fernández se hizo con la Alcaldía mediante una moción de censura apoyada por un edil tránsfuga, después de que se diera por hecha la salida de cuatro concejales de Somos Malagón. Ahora, un juzgado ha dicho que esa salida no fue válida en los términos en los que se tramitó. Y esa decisión judicial deja tocada la operación que permitió al Partido Popular hacerse con el Ayuntamiento.