El Ayuntamiento de Ciudad Real tendrá que devolver al callejero los nombres de varios dirigentes de Falange y altos cargos de la dictadura franquista. Lo hará en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) que anula parcialmente el acuerdo aprobado en mayo de 2021 por el Pleno municipal, entonces presidido por la socialista Pilar Zamora.
La decisión judicial supondrá que cinco calles y espacios públicos vuelvan a rendir homenaje a personas con una participación acreditada en las estructuras políticas del franquismo. Entre ellas aparecen procuradores de las Cortes de la dictadura, responsables provinciales del Movimiento y miembros destacados de Falange Española.
Pero la noticia no está únicamente en el contenido de la sentencia. También se encuentra en la facilidad con la que el actual Gobierno municipal del Partido Popular parece dispuesto a asumirla. El portavoz del Ejecutivo local, Guillermo Arroyo, ha anunciado que el Consistorio estudiará cómo ejecutar el fallo y sus consecuencias administrativas, pero no ha trasladado ninguna voluntad política de defender los nombres actuales ni de explorar hasta el final las posibilidades jurídicas existentes.
El Gobierno de Francisco Cañizares tampoco ha aprovechado su comparecencia para marcar distancias con las trayectorias de los personajes que regresarán al callejero. Por el contrario, Arroyo ha utilizado la sentencia para acusar al anterior Ejecutivo socialista de actuar de manera “sectaria” y de dedicar tiempo a cuestiones ideológicas en lugar de atender los problemas de la ciudad. La paradoja es evidente. Para el PP, retirar de los espacios públicos a dirigentes franquistas constituye una decisión ideológica. Recuperarlos por orden judicial, en cambio, se presenta como un simple trámite administrativo carente de cualquier significado político.
Cinco nombres con una trayectoria difícil de ocultar
La sentencia afectará al pasaje de la Pandorga, que volverá a denominarse pasaje José Gutiérrez Ortega; a la calle Manuel Herrera Piña, que recuperará el nombre de José María Aparicio Arce; a la plaza Gloria Fuertes, que volverá a llamarse Fernando Merry del Val y García Zapata; a la calle Irene Villa, que recuperará la denominación de Gregorio Sánchez-Puerta; y al Grupo Adolfo Suárez, que volverá a ser el Grupo Vicente Galiana. No se trata, al menos en cuatro de los cinco casos, de figuras con una relación accidental o meramente circunstancial con el régimen franquista.
José Gutiérrez Ortega militó en las JONS y en Falange y fue jefe provincial de FET y de las JONS en Ciudad Real entre 1942 y 1944. También ocupó la Vicepresidencia de la Diputación y fue fundador y primer director del diario Lanza. El Diccionario Biográfico de Castilla-La Mancha encuadra su orientación dentro del “franquismo radical”, mientras que otras fuentes documentales recogen condecoraciones como la Medalla de la Vieja Guardia y la Medalla del Águila Alemana.
José María Aparicio Arce fue alcalde de Alcázar de San Juan, presidente de la Diputación de Ciudad Real, gobernador civil y jefe provincial del Movimiento en Zamora y Málaga. Además, ejerció como procurador en las Cortes franquistas entre 1954 y 1977 y formó parte del Consejo Nacional del régimen.
Gregorio Sánchez-Puerta perteneció a la Vieja Guardia falangista, fue miembro del Consejo Nacional de FET y de las JONS, procurador en las Cortes de la dictadura y delegado nacional de Personal del Movimiento.
Vicente Galiana Utrilla fundó Falange Española en Daimiel y fue uno de sus primeros responsables provinciales en Ciudad Real. Tras ser asesinado en Madrid en 1936, el régimen franquista utilizó su figura como símbolo político y propagandístico.
El caso de Fernando Merry del Val y García Zapata presenta más matices. La documentación municipal lo identifica como ingeniero, buscador de petróleo y consejero de Cepsa y de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, entidad que promovió las viviendas de la zona. No consta que ocupara responsabilidades políticas comparables a las de los otros cuatro personajes.
Una interpretación judicial que merece ser examinada
El TSJCM diferencia entre los nombres relacionados con batallas de la Guerra Civil y los dedicados a personas concretas. Según la explicación ofrecida por el Ayuntamiento, el tribunal considera que la trayectoria política o personal de estas figuras no basta por sí misma para justificar la retirada de sus nombres.
La interpretación resulta especialmente discutible cuando no se está analizando la vida privada de los homenajeados, sino su participación directa en las instituciones de una dictadura. Dar el nombre de una persona a un espacio público constituye un reconocimiento institucional que las administraciones tienen derecho a revisar cuando cambia el marco democrático y aparece nueva documentación sobre su trayectoria.
El fallo llega, además, en un momento de creciente cuestionamiento sobre la confianza de los ciudadanos en la Justicia y sobre la contaminación política de determinados procedimientos. Este mismo lunes, el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena ha calificado de “tragedia” la desconfianza existente hacia los jueces y ha reconocido el daño que provoca la percepción de parcialidad ideológica, especialmente en los procedimientos de mayor contenido político.
Ese contexto no permite afirmar automáticamente que cada resolución judicial responda a motivaciones políticas. Sí obliga, sin embargo, a analizar críticamente las decisiones de los tribunales, sobre todo cuando sus consecuencias afectan a cuestiones tan sensibles como la memoria democrática.
Los vecinos volverán a pagar las consecuencias
El proceso comenzó en 2016 y desembocó en el cambio de las nueve denominaciones aprobado por la Junta de Gobierno Local en 2018, después de una consulta ciudadana. Una primera sentencia anuló aquel acuerdo al considerar que la competencia correspondía al Pleno y no a la Junta de Gobierno. Para corregir ese defecto, el Ejecutivo de Pilar Zamora volvió a someter los cambios a votación en mayo de 2021.
Ahora, los vecinos, comercios y propietarios de las cinco vías tendrán que modificar nuevamente sus direcciones. La resolución no afecta a los otros cuatro cambios, por lo que Emilia Pardo Bazán no volverá a denominarse Belchite, María Zambrano no recuperará el nombre de Brunete, Sara Montiel seguirá sustituyendo a Santa María de la Cabeza y Miguel Ángel Blanco mantendrá su denominación frente a Simancas.
Los servicios municipales deberán determinar cómo se realizará la sustitución de las placas, qué plazo tendrán los residentes para actualizar su documentación y qué costes asumirá el Ayuntamiento por devolver al callejero unos nombres que habían sido retirados hace ocho años.
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