El Gobierno de Castilla-La Mancha ha criticado la abstención del Partido Popular durante la aprobación, el pasado martes en el Pleno del Congreso de los Diputados, de la reforma del sistema de dependencia impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales que dirige Pablo Bustinduy. La norma, que permitirá que la comunidad autónoma disponga de 47,1 millones de euros adicionales, ha sido defendida por la portavoz regional, Esther Padilla, como un avance en la protección de los derechos de las personas dependientes y con discapacidad.
La reforma modifica tanto la Ley de Dependencia como la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad para ampliar derechos y simplificar el acceso a las prestaciones. Entre las principales novedades, elimina incompatibilidades entre ayudas, agiliza la tramitación de los expedientes, refuerza la asistencia personal y facilita que determinados grados de discapacidad puedan reconocerse a partir de la valoración de dependencia. Asimismo, establece que el Estado asumirá el 50 % de la financiación del sistema, una reivindicación que Castilla-La Mancha venía defendiendo desde hace años.
La iniciativa salió adelante con el respaldo de la mayoría del Congreso, la abstención del Partido Popular y el voto en contra de Vox. A partir de ese resultado, la portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, ha reprochado a los populares que no respaldaran una reforma que amplía derechos para las personas dependientes y con discapacidad. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno ha calificado de "curioso" que el PP facilitara la llegada de más recursos a las comunidades autónomas con su abstención, pero no apoyara el conjunto de la reforma. "Dicen sí a los recursos, pero no se mojan cuando se trata de garantizar y consolidar derechos para las personas con discapacidad y para quienes necesitan la atención a la dependencia", ha afirmado.
Para la portavoz, esta actitud evidencia una contradicción entre el discurso de los populares y su actuación parlamentaria. "Los discursos están muy bien, pero son las votaciones y las decisiones políticas las que realmente merecen la pena valorar y, otra vez, el PP no ha estado a la altura", ha insistido.
Más allá del enfrentamiento político, Padilla ha querido poner el foco en el impacto que tendrá el acuerdo para la comunidad autónoma. Los 47,1 millones de euros destinados a Castilla-La Mancha servirán para reforzar el sistema regional de atención a la dependencia, una medida que, según ha señalado, beneficiará tanto a las personas usuarias como a sus familias y a los profesionales del sector. La portavoz ha valorado "positivamente" la decisión del Gobierno de España de incrementar la financiación estatal de este servicio.
La portavoz ha destacado que el acuerdo responde a una reivindicación histórica del Ejecutivo de Emiliano García-Page, que durante años ha reclamado una mayor implicación económica del Estado en la financiación del sistema de dependencia. En este sentido, ha subrayado que el principal avance no reside únicamente en el aumento de los recursos, sino en que el Ejecutivo central asuma el 50 % del coste del sistema, recuperando "el principio de corresponsabilidad que siempre hemos defendido".
Un esfuerzo autonómico para mantener el sistema
Padilla ha recordado que, pese a reclamar reiteradamente un aumento de la financiación estatal, Castilla-La Mancha nunca dejó de prestar atención a las personas dependientes y asumió con recursos propios buena parte del coste del sistema.
Según ha explicado, el Ejecutivo regional compensó durante años la menor aportación del Estado para evitar que los usuarios vieran reducidos los servicios. En ese contexto, también ha contrapuesto la política desarrollada por el actual Gobierno de España con la que, a su juicio, llevó a cabo el Ejecutivo de Mariano Rajoy. "El Gobierno del Partido Popular recortó la financiación hasta unos niveles muy importantes, poniendo en riesgo la atención a la dependencia. En Castilla-La Mancha tuvimos que suplir esa falta de financiación con recursos propios para no dejar desatendidas a las personas que lo necesitaban", ha señalado.
La portavoz ha defendido que el incremento de la financiación estatal permitirá consolidar un sistema que ya presenta, según ha recordado, algunos de los mejores indicadores del país.
Actualmente, más de 82.000 personas reciben atención dentro del sistema regional de dependencia, con más de 121.000 prestaciones y servicios activos y alrededor de 27.500 empleos vinculados a este ámbito.
Además, Castilla-La Mancha continúa situándose entre las comunidades con menor tiempo de resolución de expedientes. Mientras la media nacional alcanza los 341 días, en la región se sitúa en 165 días, un dato que el Gobierno autonómico atribuye tanto al incremento de recursos como a la mejora de la gestión.
Del "suspenso" al liderazgo nacional
Padilla ha aprovechado estos datos para poner en valor la evolución del sistema de dependencia en Castilla-La Mancha desde la llegada de García-Page al Gobierno en 2015. La portavoz ha recordado que la comunidad ha pasado de obtener un 4,6 en el Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, situándose entonces entre las autonomías con peor gestión durante la etapa de María Dolores de Cospedal, a liderar por primera vez en solitario el ranking nacional, con una calificación de 8,25 puntos.
Según ha defendido la portavoz, el Ejecutivo autonómico ha incrementado de forma sostenida la inversión en dependencia, ampliando tanto el número de personas beneficiarias como las prestaciones y reduciendo prácticamente a la mitad los tiempos de resolución de los expedientes respecto a la media nacional. "Ese esfuerzo económico, presupuestario y de gestión nos ha permitido pasar del suspenso que tenía Castilla-La Mancha en la etapa del Partido Popular al liderazgo nacional en dependencia. Este mismo año se nos ha reconocido como la comunidad autónoma que mejor gestiona la dependencia en el conjunto del país", ha afirmado la portavoz.
En este sentido, Padilla ha defendido que la reforma permitirá consolidar la evolución experimentada por el sistema de dependencia en los últimos años. A su juicio, el aumento de la financiación estatal servirá para seguir reforzando un servicio que atiende ya a más de 82.000 personas y que ha definido como "uno de los principales pilares del Estado del bienestar". "Es una buena noticia para las personas dependientes, para sus familias, para los profesionales y para las entidades que trabajan cada día en este ámbito", ha concluido.
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