La Inspección de Trabajo ha impuesto una sanción a Conservas El Cazador, una empresa de La Solana (Ciudad Real), por superar el límite legal anual de horas extraordinarias, un incumplimiento que ha afectado de manera directa a una plantilla de alrededor de 50 trabajadores y trabajadoras. La resolución administrativa ha situado el foco sobre Santiago López, concejal del PP en el Ayuntamiento de La Solana, responsable municipal de Economía, Turismo y Comercio, además de Cultura, Festejos y Tradiciones, y persona que ha venido dirigiendo la empresa en la práctica, pese a que formalmente figure su padre como propietario.

Según ha acreditado la Inspección y de acuerdo a una información emitida por UGT, la conservera "ha rebasado de forma reiterada la jornada máxima anual de 1.790 horas", sin que existiera hasta ahora ningún registro de horas extraordinarias, una obligación básica recogida en la legislación laboral. Además de la sanción económica, el organismo estatal ha requerido a la empresa que implante de inmediato ese control horario y que compense las horas extra ya realizadas, bien mediante retribución económica o mediante descansos equivalentes.

Santiago López se ha defendido públicamente a través de redes sociales, asegurando que está siendo víctima de un supuesto acoso por "su condición de político" y negando cualquier responsabilidad en la gestión laboral de Conservas El Cazador. Ha afirmado que es “un trabajador más” en la empresa de su padre, que no firma contratos, no decide horarios y no tiene capacidad de decisión sobre las condiciones laborales.Sin embargo, esa versión choca frontalmente con la imagen que el propio concejal ha proyectado durante años, ya que en numerosas entrevistas y apariciones públicas siempre ha figurado como gerente de la empresa. Un papel directivo que ahora niega, justo cuando la Inspección de Trabajo ha constatado vulneraciones de derechos laborales que afectan a decenas de empleados.

Además, fuentes consultadas señalan que, debido a la edad del padre, es Santiago López quien ha llevado la dirección efectiva del negocio, una circunstancia conocida en el ámbito empresarial y social de La Solana. Este hecho debilita aún más la defensa del edil del PP, que intenta desvincularse de una sanción que afecta directamente a la empresa con la que se le ha asociado públicamente de manera reiterada.

Desde UGT han subrayado que seguirán vigilantes para que la empresa cumpla con lo exigido por la Inspección y para que se respeten los derechos laborales de la plantilla, incidiendo en que la sanción no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una práctica sostenida en el tiempo.

El caso ha reabierto el debate en La Solana sobre la ejemplaridad que se le debe exigir a un cargo público, especialmente a quien gestiona áreas económicas y comerciales desde un ayuntamiento, mientras la empresa que dirige ha sido sancionada por incumplir la normativa laboral. Una situación que deja en entredicho el discurso del PP y que vuelve a evidenciar la distancia entre la retórica política y la realidad de los hechos.