El Gobierno de Castilla-La Mancha ha respaldado este jueves la aportación estatal de 25 millones de euros para Ceuta destinada a reforzar la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, aunque ha reclamado que se estudien nuevas vías de protección que permitan responder a la situación sin seguir incrementando la presión sobre los sistemas autonómicos.
La posición de Castilla-La Mancha se ha trasladado durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, presidida por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y en la que ha participado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, junto a la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, Guadalupe Martín. El crédito extraordinario para Ceuta ha salido adelante con el respaldo de las comunidades participantes.
El respaldo de la Junta llega después de que el presidente regional, Emiliano García-Page, reclamara una respuesta de Estado ante la situación generada en Ceuta. El jefe del Ejecutivo castellanomanchego ha defendido que lo ocurrido en la ciudad autónoma no puede abordarse únicamente desde la perspectiva migratoria y lo ha situado en el terreno de la seguridad nacional, además de reclamar un Pacto de Estado en materia migratoria.
En este contexto, García Torijano ha defendido la necesidad de que las administraciones actúen ante una situación que requiere una respuesta inmediata y ha valorado positivamente el compromiso económico del Estado. “Hoy desde Castilla-La Mancha hemos querido trasladar a la Conferencia Sectorial de Infancia nuestro apoyo, nuestra solidaridad, con Ceuta en este momento actual, votando a favor de la aportación de 25 millones de euros del Estado”, ha señalado la consejera.
La responsable regional de Bienestar Social ha considerado que se trata de un respaldo económico necesario para comenzar a afrontar las necesidades existentes, aunque ha advertido de que podría ser necesario incrementarlo. “Es un esfuerzo importante y, seguramente, como ya ha vaticinado la ministra, la cantidad tendrá que ampliarse si es necesario, puesto que la financiación no es suficiente”, ha apuntado García Torijano, quien ha definido la partida como “una acción necesaria para empezar a dar respuesta a esta situación que se está viviendo en Ceuta”.
Un sistema de protección ya tensionado
Más allá del apoyo económico a Ceuta, Castilla-La Mancha ha puesto sobre la mesa la situación que atraviesan los sistemas autonómicos de protección de menores. La consejera ha destacado el esfuerzo que viene realizando la región para atender sus responsabilidades en materia de infancia y los nuevos compromisos asumidos. “En Castilla-La Mancha llevamos años cumpliendo con los compromisos derivados de la infancia, también con los derivados del Real Decreto Ley del año pasado, que nos ha supuesto un esfuerzo grande y eso ha tensionado mucho nuestro sistema de protección”, ha explicado.
La Junta considera que cualquier incremento de plazas de acogida debe tener en cuenta que la protección de un menor no consiste únicamente en disponer de un espacio físico. También requiere profesionales especializados, recursos adecuados y un acompañamiento continuado.
Por ello, la delegación castellanomanchega ha valorado que durante la Conferencia Sectorial se hayan planteado otras fórmulas para afrontar la situación de Ceuta sin trasladar automáticamente una mayor carga a las comunidades autónomas. “Valoramos que se puedan explorar otras vías que puedan permitir dar respuesta a esta situación sin seguir sobrecargando los sistemas de las comunidades autónomas”, ha defendido García Torijano.
La consejera ha reiterado así la disposición de la Junta a colaborar con el Ministerio y el resto de administraciones para encontrar soluciones. “Castilla-La Mancha ha manifestado su disposición a poderse sentar para trabajar y para, entre todos, buscar alternativas y soluciones”, ha añadido.
Los derechos de los menores, en el centro
García Torijano ha defendido que cualquier solución debe partir siempre del interés superior del menor y prestar una atención especial a los niños y niñas más vulnerables.
La consejera ha remarcado que el debate migratorio no puede hacer perder de vista que los menores deben ser protegidos por las administraciones. “Los niños y las niñas no son invasores”, ha señalado, defendiendo que sus derechos deben situarse en el centro de cualquier decisión.
Castilla-La Mancha también ha planteado que las posibles soluciones deben analizarse de forma individualizada y con todas las garantías. Entre las alternativas que pueden estudiarse se encuentra la reagrupación familiar, siempre que sea posible y responda al interés del menor, aunque la consejera ha recordado que las circunstancias personales y familiares son diferentes en cada caso y que esta vía no siempre resulta sencilla.
La Junta apuesta así por mantener una interlocución permanente con el Ministerio para buscar mecanismos que permitan atender la emergencia de Ceuta, reforzar los recursos necesarios y evitar que la presión recaiga de forma automática sobre unas redes autonómicas que, según García Torijano, ya se encuentran tensionadas. “Castilla-La Mancha está dispuesta a trabajar y a buscar soluciones entre todos, poniendo siempre en el centro la defensa de los derechos de los niños y niñas y, especialmente, de aquellos perfiles más vulnerables”, ha concluido la consejera.
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