El Gobierno de Emiliano García-Page se ha mostrado a favor de avanzar hacia la prohibición del burka al considerarlo un elemento que “atenta directamente contra los derechos de las mujeres”, aunque ha cuestionado abiertamente la estrategia y la finalidad política de Vox al llevar esta iniciativa al Congreso.

La consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Sara Simón, se ha pronunciado de esta manera después de que el Congreso haya rechazado esta semana la toma en consideración de la proposición de Ley Orgánica presentada por Vox para prohibir el velo integral en el espacio público.

Desde el Ejecutivo castellanomanchego han querido separar el fondo del debate de la intención política que atribuyen a Vox. Simón ha asegurado que el burka “es un elemento que atenta directamente contra los derechos de las mujeres” y ha defendido que se debería avanzar “hacia una sociedad en la que se prohíba cualquier elemento que las denigra”.

“Deberíamos avanzar hacia una sociedad en cualquier lugar del mundo que, ante todo, ante cualquier otro derecho, defienda y proteja los derechos de las mujeres”, ha afirmado. A su juicio, cualquier práctica que suponga ocultamiento o invisibilización femenina entra en contradicción con los principios de igualdad que inspiran las políticas públicas en Castilla-La Mancha.

No obstante, la consejera ha mostrado su sorpresa por el hecho de que sea Vox quien haya impulsado esta propuesta en el Congreso. Ha asegurado sospechar que su finalidad “no es la justicia ni proteger los derechos de las mujeres”, sino “seguir sembrando debates que desde luego no son reales”.

Cuestionan la estrategia de Vox

En este punto, ha sido especialmente crítica con la formación de extrema derecha. “Estamos demasiado acostumbrados a ver a la extrema derecha, un partido como Vox, decir que toda la culpa de la violencia hacia las mujeres la tienen las personas que vienen de otros países cuando sabemos que no es real”, ha aseverado. Para Simón, este tipo de planteamientos forman parte de una estrategia política orientada a generar confrontación social y a vincular la defensa de los derechos de las mujeres con discursos excluyentes.

A su entender, la proposición para prohibir el burka se enmarca en esa lógica. “Yo creo que esto también es una medida que tiende bastante a sembrar el racismo entre la población”, ha añadido, cuestionando la coherencia de una formación que, según ha deslizado, no ha demostrado una defensa constante de las políticas de igualdad.

El posicionamiento del Gobierno de García-Page introduce así un matiz relevante en el debate nacional. Mientras Vox ha tratado de situar la discusión en el terreno identitario y de seguridad, la Junta ha optado por centrarla en la protección de los derechos de las mujeres, aunque sin avalar la estrategia política de la formación de extrema derecha.

Perímetros de seguridad en clínicas abortivas

En la misma comparecencia, Simón ha abordado otra cuestión vinculada a los derechos reproductivos. Preguntada por la posibilidad de que el Ministerio de Igualdad establezca un perímetro de seguridad para evitar concentraciones antiaborto en el entorno de las clínicas donde se practican interrupciones voluntarias del embarazo, la consejera ha confiado en que el departamento estatal facilite “las herramientas para que podamos actuar” si fuera necesario.

En relación con las vigilias convocadas por el colectivo ‘40 días por la vida’ frente a estas clínicas en algunas ciudades de la comunidad autónoma, la titular regional de Igualdad ha señalado que se trata de “un elemento de presión hacia las mujeres que hay que combatir”.

Para el Gobierno castellanomanchego, estas concentraciones suponen “un acoso ante la libertad que tienen las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo”. Simón ha defendido que las administraciones deben contar con instrumentos jurídicos suficientes para garantizar que este derecho pueda ejercerse sin intimidaciones ni presiones externas.

El Ejecutivo regional ha vuelto a marcar así distancias con Vox en dos debates sensibles, el del velo integral y el de los derechos reproductivos, insistiendo en que la defensa de la igualdad no puede convertirse en un instrumento para alimentar discursos de confrontación o exclusión.