Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha consideran que el Ministerio de Hacienda afronta la reforma de la financiación autonómica con un acuerdo ya cerrado con ERC. A poco más de dos semanas del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), previsto para el 29 de julio, el Ejecutivo de Emiliano García-Page afirma que el documento remitido a las comunidades autónomas no abre un proceso real de negociación, sino que reproduce el pacto alcanzado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
Así lo ha asegurado este lunes el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Alfonso Ruiz Molina, quien ha explicado que el texto de unas 70 páginas recibido el pasado viernes servirá de base para la reunión del comité técnico de este martes. Sin embargo, tras analizarlo, la Junta concluye que reproduce la propuesta trasladada por el anterior equipo del Ministerio el pasado mes de enero y que, en su opinión, responde al acuerdo político firmado con los independentistas catalanes.
"Estamos ante el mismo texto, en forma de acuerdo, que el Gobierno de España firmó con Esquerra Republicana de Cataluña. No va a haber margen de negociación porque el acuerdo está cerrado. Pensar que las propuestas que podamos presentar comunidades como Castilla-La Mancha puedan alterar sustancialmente un pacto que ya fue escenificado entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras sería, desde luego, inaudito", ha afirmado.
Para el consejero, el proceso impulsado por el Ministerio constituye "un contrato de adhesión" en el que el resto de autonomías únicamente pueden aceptar o rechazar un modelo previamente negociado con una comunidad autónoma concreta. "Que no nos tomen por tontos e intenten escenificar un proceso de negociación que no existe", ha añadido.
Un modelo que, según la Junta, rompe el principio de igualdad
El Ejecutivo autonómico mantiene que la propuesta del Gobierno genera un trato privilegiado para Cataluña y consolida un sistema que perjudicaría a territorios como Castilla-La Mancha.
Ruiz Molina ha rechazado este criterio al considerar que rompe el principio de igualdad entre comunidades autónomas. "Es una propuesta profundamente injusta porque consagra el principio de ordinalidad, según el cual quien tiene mayor capacidad económica tiene derecho a mejores servicios públicos. Eso es incompatible con el principio de igualdad que defendemos desde Castilla-La Mancha", ha señalado.
En este sentido, ha defendido que cualquier ciudadano debe tener acceso al mismo nivel de sanidad, educación o servicios sociales con independencia de la riqueza del territorio en el que resida. "Castilla-La Mancha no quiere más que nadie, pero tampoco menos. Lo que queremos es disponer de la misma financiación por habitante que cualquier otra comunidad autónoma para poder prestar los servicios públicos en las mismas condiciones de calidad", ha subrayado.
Según los cálculos de la Consejería de Hacienda de Castilla-La Mancha, que la propia Junta considera estimaciones aproximadas, Cataluña podría obtener con este modelo una financiación por habitante superior a la de la comunidad castellanomanchega. En concreto, sostienen que sería necesario incrementar alrededor de un 10% la financiación prevista para Castilla-La Mancha en la propuesta actual para alcanzar los recursos que, según sus estimaciones, recibiría Cataluña con el nuevo modelo.
Aspiramos es a un reparto justo de la riqueza nacional desde el inicio
Durante su intervención, Ruiz Molina también ha desvelado que, en una reunión bilateral celebrada el pasado 22 de junio, el secretario de Estado de Hacienda propuso utilizar el Fondo de Compensación Interterritorial para las comunidades que quedarían infrafinanciadas con el nuevo sistema.
Una posibilidad que el Gobierno de Castilla-La Mancha rechazó desde el primer momento. "Nosotros no queremos que se nos compense después. Lo que aspiramos es a un reparto justo de la riqueza nacional desde el inicio", ha explicado, recordando que la Junta sí reclama desde hace tiempo un fondo transitorio de nivelación mientras se aprueba un nuevo modelo, pero no que se utilice un instrumento constitucional pensado para corregir desequilibrios económicos entre territorios y no para financiar competencias autonómicas como la sanidad o la educación. Además, ha destacado que esa propuesta ya no aparece en el documento remitido por el Ministerio el pasado viernes.
La falta de transparencia centra las críticas al Ministerio
Otro de los reproches del Ejecutivo regional se dirige a la información facilitada por el Ministerio de Hacienda durante todo el proceso. Ruiz Molina ha asegurado que Castilla-La Mancha ha remitido numerosas propuestas técnicas y ha solicitado documentación complementaria que todavía no ha recibido.
Según ha explicado, la Junta sigue sin conocer cómo calcula el Gobierno los 1.248 millones de euros adicionales que, según el Ministerio, obtendría la comunidad con el nuevo sistema. "Solo contamos con una información parcial y sesgada. Todavía somos incapaces de saber cómo se llega a esa cifra y queremos conocer cómo quedaría la financiación del conjunto de todas las comunidades autónomas. No nos vale que nos den información aislada sobre Castilla-La Mancha sin saber con qué escenario nos están comparando", ha criticado.
Por ello, ha reclamado al ministro Arcadi España que facilite al Ejecutivo castellanomanchego la misma información de la que, a su juicio, han dispuesto la Generalitat de Cataluña y ERC durante la negociación.
El Ejecutivo de Page pide al PP que aclare su modelo de financiación
La financiación autonómica también ha servido al Gobierno regional para poner el foco en la posición del Partido Popular. Ruiz Molina ha pedido a Paco Núñez que aclare qué modelo defiende para Castilla-La Mancha y si comparte un sistema basado en el principio de ordinalidad, después de las declaraciones realizadas este fin de semana por dirigentes del PP catalán y de las informaciones que apuntan a contactos entre el Gobierno y Junts para ampliar el acuerdo.
"Me gustaría que el señor Núñez manifestara alguna vez cuál es el modelo de financiación que defiende para Castilla-La Mancha y qué es lo que considera mejor para los intereses de esta comunidad", ha afirmado el consejero, quien ha advertido de que un posible acercamiento con Junts podría traducirse en "una financiación todavía mayor para Cataluña".
Asimismo, Ruiz Molina ha respondido al delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Pablo Sabrido, después de que este valorara positivamente la propuesta del Ejecutivo central. El consejero ha recordado que el último Congreso Federal del PSOE aprobó que la reforma de la financiación autonómica debía negociarse de forma multilateral y ha cuestionado que ahora se respalde un acuerdo alcanzado con una única comunidad autónoma.
Por último, el consejero ha reiterado la petición formulada por el presidente Emiliano García-Page para que el debate se eleve al ámbito político mediante la convocatoria de una Conferencia de Presidentes. Además, ha planteado que el Gobierno central se abstenga en la votación del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que el resultado refleje exclusivamente la posición de las comunidades autónomas. "Lo importante es que el resultado sea el reflejo del sentimiento de las comunidades. Lo demás sería ficticio", ha concluido.
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