Castilla-La Mancha quiere llevar su oposición al nuevo modelo de financiación autonómica más allá del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El Gobierno de Emiliano García-Page ha anunciado que buscará apoyos entre los grupos parlamentarios del Congreso para intentar evitar que salga adelante una reforma que considera perjudicial para los intereses de la comunidad autónoma.
El vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, ha reiterado este lunes en Albacete el rechazo frontal del Ejecutivo regional a la propuesta planteada por el Gobierno central y ha confirmado que la estrategia pasa ahora por intensificar los contactos políticos. “Nos hemos opuesto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, estamos hablando en el Gobierno de España y lo haremos con los grupos parlamentarios para explicar nuestro planteamiento”, ha señalado.
La Junta considera que el futuro sistema debe garantizar que los ciudadanos puedan acceder a unos servicios públicos de calidad con independencia del territorio en el que residan. Ese principio de igualdad se encuentra precisamente en el centro de las críticas del Ejecutivo castellanomanchego, que entiende que el modelo planteado no corrige las diferencias de financiación entre comunidades, sino que puede agravarlas.
“El sistema de financiación tiene que garantizar la igualdad de los españoles a acceder a los servicios públicos”, ha defendido Guijarro, que ha situado en este criterio la razón principal de la oposición de Castilla-La Mancha.
La Junta prepara su ofensiva parlamentaria
La posición del Gobierno regional no es nueva. Castilla-La Mancha ya votó en contra de la propuesta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y ha reclamado que el modelo sea revisado antes de continuar su tramitación. Ahora, el Ejecutivo autonómico pretende trasladar sus argumentos directamente a los grupos con representación en el Congreso.
La estrategia adquiere especial relevancia porque la reforma tendrá que superar posteriormente el trámite parlamentario. La Junta quiere aprovechar ese recorrido para explicar a los diputados las consecuencias que, según sus cálculos y su interpretación del sistema, tendría para la región.
Guijarro ha sido contundente al resumir la posición del Gobierno de Page: “Estamos radicalmente en contra”. Y ha insistido en que el rechazo no responde únicamente a una discrepancia sobre el reparto de recursos, sino a la concepción del propio sistema.
A juicio del vicepresidente, la propuesta que se encuentra sobre la mesa “no solo no corresponde a las necesidades de Castilla-La Mancha sino que empeora el posicionamiento que tenemos con respecto al actual modelo”.
La Junta ya había advertido de que el nuevo esquema podría dejar a Castilla-La Mancha en una posición relativa peor frente a otros territorios, pese a que el conjunto de recursos que recibiría aumentaría. En la propuesta analizada por el Ejecutivo autonómico, la comunidad obtendría más financiación, pero perdería posiciones en términos comparativos por el efecto del reparto entre territorios. El Gobierno regional considera que no basta con recibir más dinero si el sistema mantiene o amplía las diferencias en recursos disponibles para prestar servicios públicos.
Críticas al acuerdo con los independentistas
Otro de los argumentos utilizados por la Junta para rechazar la reforma tiene que ver con su origen político. Guijarro ha cuestionado que el diseño del nuevo sistema responda a un acuerdo alcanzado con fuerzas independentistas y ha advertido de que un modelo destinado a financiar a todas las comunidades no puede construirse atendiendo a los intereses particulares de algunos territorios. “El actual modelo fue pactado con los independentistas, y responde a los intereses de los independentistas y no al conjunto del Estado”, ha afirmado.
Esta crítica conecta con la posición que García-Page ya había expresado públicamente contra la propuesta. El presidente castellanomanchego ha cuestionado especialmente el principio de ordinalidad y ha defendido que la financiación debe preservar la igualdad entre ciudadanos, con independencia de dónde vivan. También ha reclamado una negociación multilateral en la que participen todas las comunidades y ha pedido un mayor debate interno dentro del PSOE antes de cerrar el nuevo sistema.
Para el Ejecutivo autonómico, por tanto, el problema no se limita a cuánto dinero recibirá Castilla-La Mancha, sino a cómo se distribuyen los recursos y qué posición ocupa cada territorio. La Junta considera que cualquier reforma debe permitir financiar en condiciones suficientes servicios como la sanidad, la educación o la atención social, especialmente en comunidades con características demográficas y territoriales como la castellanomanchega.
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