El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un nuevo paso en su política de simplificación administrativa y mejora de los servicios públicos. A partir de ahora, el silencio administrativo dejará de ser un obstáculo para empresas y ciudadanos y pasará a convertirse en una garantía de derechos. Así lo ha anunciado la portavoz del Ejecutivo, Esther Padilla, tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrada este miércoles, en la que se ha aprobado un paquete de medidas que afectan de manera directa a la vida diaria de la ciudadanía.

En concreto, el acuerdo supone la supresión de 80 trámites burocráticos en todas las consejerías, dentro del desarrollo de la Ley de Simplificación Administrativa impulsada por el Ejecutivo que preside Emiliano García-Page. La medida introduce el silencio administrativo positivo en medio centenar de procedimientos, de modo que si la Administración no responde en el plazo legal establecido, la solicitud se entenderá automáticamente aprobada en beneficio del interesado.

Padilla ha defendido que con este cambio "el silencio deja de ser un obstáculo y se convierte en un aliado para la ciudadanía". Una decisión que contrasta con los modelos que en otras comunidades mantienen una burocracia farragosa y que evidencia, una vez más, la voluntad del Gobierno regional de situar a Castilla-La Mancha a la vanguardia en derechos administrativos.

Agilización de trámites

Además, el acuerdo aprobado contempla la sustitución de una treintena de trámites que dejarán de requerir autorización expresa y podrán realizarse a partir de ahora mediante declaraciones responsables o comunicaciones previas. En la práctica, esto permitirá iniciar determinadas actividades sin esperar largos meses de trámites, bastando con certificar el cumplimiento de los requisitos exigidos o notificarlo a la Administración. Será la propia Junta de Comunidades la encargada de verificar posteriormente la validez de la declaración.

Entre los procedimientos afectados se incluyen becas, autorizaciones ambientales, trámites vinculados a agricultura y desarrollo rural, registros y licencias económicas, la marca de calidad Campo y Alma, la inscripción de operadores vegetales o lácteos, la apertura de escuelas de música y danza, los títulos habilitantes para el transporte o la adhesión a la red de hospederías. Sectores estratégicos para la región que verán agilizados sus procesos gracias a esta reforma.

Se esperan más medidas en los próximos meses

La portavoz ha avanzado que las consejerías disponen de un plazo máximo de nueve meses para adaptar la nueva regulación, aunque los trabajos ya están en marcha y se espera que se ejecute en menos tiempo. Y ha dejado claro que esta es solo la primera tanda de medidas, ya que el Ejecutivo trabaja ya en la simplificación de otros trámites de mayor complejidad que también verán la luz en los próximos meses.

Padilla ha destacado que la iniciativa afectará especialmente a áreas sensibles como Hacienda, Agricultura y Desarrollo Sostenible, y ha subrayado que "no solo acorta plazos y elimina papeleo, sino que también evita brechas sociales". A su juicio, los procedimientos excesivamente técnicos o farragosos suelen dificultar el acceso a quienes menos recursos tienen para recurrir a gestorías, por lo que la reforma favorece una Administración más justa e inclusiva.

"Cuando somos ágiles, generamos confianza", ha concluido la portavoz, defendiendo que estas medidas buscan una Administración más cercana, accesible y útil para todos los ciudadanos y empresas de Castilla-La Mancha. Un mensaje que resume la filosofía con la que el Gobierno de Page está abordando la modernización del sector público y que se traduce en más derechos, menos trabas y mayor eficiencia en la gestión.