El relato de inacción que el PP de Paco Núñez ha intentado instalar durante más de una semana sobre la gestión del temporal ha quedado en entredicho después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha haya anunciado una partida extraordinaria de siete millones de euros para la reparación de caminos afectados por las lluvias. Una cifra que no solo responde a una de las principales demandas de los municipios, sino que desmonta la estrategia de confrontación que los ‘populares’ han venido impulsando en plena crisis climatológica.
El vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, ha confirmado desde Valdepeñas que el Ejecutivo autonómico destinará esos siete millones a la reparación de infraestructuras rurales, especialmente caminos de titularidad municipal, que han sido uno de los daños más extendidos tras el tren de borrascas de las últimas semanas. Lo ha hecho además en respuesta directa a las declaraciones del presidente de la Diputación de Ciudad Real, el 'popular' Miguel Ángel Valverde, quien había insistido en reclamar más implicación económica a la Junta.
Caballero ha defendido que el Gobierno regional ha asumido su responsabilidad desde el primer momento y ha rechazado lo que ha calificado como una "permanente exigencia" hacia la Junta por parte de la institución provincial. En este contexto, ha considerado “lógicos” los dos millones de euros anunciados por la Diputación, pero ha recordado que las diputaciones se financian en gran medida de las transferencias del Estado, subrayando así la corresponsabilidad institucional.
Frente al tono de reproche mantenido por el PP regional, el vicepresidente segundo ha insistido en que en una crisis climatológica lo que corresponde es colaborar y cooperar entre administraciones, no utilizar los daños para erosionar políticamente al adversario. Una crítica implícita a la actitud del Partido Popular, que en los últimos días ha acusado al Ejecutivo de Emiliano García-Page de no actuar con la suficiente rapidez.
Caballero ha ido más allá al señalar que hasta ahora no había existido en Castilla-La Mancha una percepción de exigencia constante de una diputación hacia el Gobierno autonómico. Aunque ha reconocido que en la provincia de Ciudad Real existe buena relación institucional, ha deslizado que “siempre al final hay una puntillita al gobierno regional, un pellizquito”, en alusión a la posición de Valverde. Una frase que retrata el clima político actual, marcado por la tensión entre administraciones gobernadas por distinto signo.
La Junta, la administración con mayor dedicación durante el temporal
El dirigente socialista ha reivindicado que la Junta ha sido la administración con mayor dedicación ante el temporal, destacando el papel de la delegada provincial, volcada prácticamente las 24 horas en la atención a los municipios afectados. Según ha explicado, los daños han sido finalmente menores de lo que se temía en un primer momento, aunque se han concentrado especialmente en caminos rurales y en explotaciones agrarias y ganaderas.
En el ámbito agrícola, los datos preliminares apuntan a una reducción del 5% en la cosecha de olivar respecto a lo estimado para la campaña, mientras que la pérdida de cabezas de ganado en la provincia ronda la decena. El Ejecutivo autonómico está evaluando la magnitud real de los daños y, si estos lo justifican, solicitará al Ministerio de Agricultura la incorporación de Castilla-La Mancha a la convocatoria especial ya abierta para Andalucía y Extremadura.
Además, Caballero ha recordado que el Gobierno de España ha puesto en marcha ayudas para que los ayuntamientos puedan optar a subvenciones que cubran el 50% de los daños, así como líneas para particulares que acrediten perjuicios. En paralelo, la Junta ha triplicado el presupuesto destinado a seguros agrarios, pasando de cuatro a 12 millones de euros, con el objetivo de reforzar la cobertura ante siniestros.
Municipios como El Robledo, Fernán Caballero o Luciana han sufrido con especial intensidad las lluvias, y es en ellos donde el Ejecutivo regional ha centrado buena parte de los esfuerzos técnicos y económicos. En este escenario, el anuncio de los siete millones supone no solo una inyección directa para la reconstrucción de caminos, sino también un mensaje político frente a una oposición que ha optado por la confrontación en lugar de la cooperación institucional.