La Fiscalía Europea ha puesto el foco sobre la gestión de alrededor de 450.000 euros de fondos comunitarios en la Fundación Legado Bustillo de La Solana (Ciudad Real), una histórica institución benéfica estrechamente vinculada durante décadas al Ayuntamiento y cuya gestión experimentó un profundo cambio después de la llegada del Partido Popular al Gobierno municipal en 2023.
La Fundación Legado Bustillo es una institución benéfica histórica de La Solana creada para gestionar un importante patrimonio de tierras y bienes y destinar sus recursos a fines sociales, educativos y de desarrollo del municipio. A lo largo de los años ha financiado ayudas, proyectos formativos, iniciativas agrícolas, medioambientales y culturales, y ha mantenido una estrecha relación con el Ayuntamiento, hasta el punto de que tradicionalmente representantes municipales formaban parte de su Patronato.
¿El motivo? La Fiscalía trata de esclarecer cómo se gastó ese dinero europeo y a qué empresas terminaron llegando parte de esos fondos, después de que tres patronos de la Fundación pusieran en su conocimiento documentación sobre posibles subcontrataciones y contrataciones de servicios con empresas vinculadas entre sí y relacionadas profesional o mercantilmente con responsables de los proyectos. Entre las actuaciones cuestionadas aparecen programas relacionados con el cultivo del azafrán, cultivos minoritarios, economía social y diferentes servicios de asistencia externa. Los denunciantes cifran el conjunto de fondos gestionados en unos 450.000 euros.
El decreto que abre la investigación está fechado el pasado 16 de julio y apunta a la posible existencia de delitos de fraude de subvenciones de la Unión Europea o contra sus presupuestos y malversación relacionados con programas desarrollados durante 2024 y 2025 con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La investigación deberá determinar ahora si los trabajos contratados estaban correctamente justificados, si los fondos se emplearon para los fines subvencionados y qué relevancia tienen las conexiones existentes entre algunas de las entidades participantes.
De hecho, los patronos que llevaron la documentación a la Fiscalía han hablado expresamente de posibles subcontrataciones a empresas vinculadas a directivos. También hicieron pública una factura de 2.000 euros correspondiente a 2025 que, según denunciaron, habría sido emitida por una empresa propiedad del propio director-gerente de la Fundación, Miguel Ruiz. Los propios denunciantes matizaron que esta operación concreta no forma parte del núcleo de los 450.000 euros investigados, sino que la exhibieron como ejemplo de las prácticas que cuestionaban.
La Fiscalía Europea no investiga al Ayuntamiento de La Solana ni al Partido Popular como tales. Sin embargo, las fechas de los hechos sí otorgan al caso una evidente dimensión política: los programas cuestionados fueron ejecutados durante la etapa en la que Luisa Márquez, alcaldesa del PP, presidía también el Patronato del Legado Bustillo, mientras Miguel Ruiz García ejercía ya como director de la institución.
Ruiz había llegado precisamente tras el cambio político producido en La Solana. En octubre de 2023, apenas unos meses después de que el PP de Márquez alcanzara la Alcaldía, el Patronato aprobó su contratación con los cinco votos a favor de los representantes del PP y los dos votos en contra del PSOE. Los socialistas denunciaron que no hubiera una convocatoria pública ni un proceso abierto para concurrir a un puesto con un sueldo de 48.000 euros anuales. El PSOE llegó a definir posteriormente aquella incorporación como una contratación "a dedo".
La apuesta del nuevo Gobierno del PP por Ruiz fue explícita desde el principio. Durante su presentación, Márquez aseguró tener depositada en él su "máxima confianza", mientras la nueva dirección anunciaba una transformación profunda del funcionamiento del Legado y un plan estratégico a ocho años.
Y ese respaldo se mantuvo incluso cuando su gestión empezó a generar fuertes críticas. En febrero de 2025, con patronos socialistas y arrendatarios cuestionando distintas actuaciones, Márquez salió públicamente en defensa de Ruiz: afirmó que seguía gozando de "toda la confianza y todo el respaldo" del Patronato y añadió que contaba también con su apoyo personal para continuar gestionando el patrimonio de la Fundación.
Empresas relacionadas con Miguel Ruiz facturaron al Legado Bustillo
Uno de los principales elementos bajo la lupa es precisamente que empresas vinculadas profesional o mercantilmente al director del Legado Bustillo terminaron trabajando para la propia Fundación dentro de los proyectos financiados con fondos públicos.
Entre ellas aparece Educacem Academy, anteriormente denominada Grupo Educativo Al-Andalus. El BORME acredita que Miguel Ruiz García fue nombrado apoderado de esta sociedad en agosto de 2023, apenas dos meses antes de ser elegido gerente del Legado Bustillo con los votos del PP. La vinculación llegó más lejos: en abril de 2026, Ruiz llegó a figurar registralmente como socio único de Educacem, aunque ese mismo día la condición pasó a otra persona.
Educacem figura entre las entidades que prestaron servicios dentro de los proyectos desarrollados por el Legado Bustillo, al igual que otras sociedades conectadas con las mismas personas. Es el caso de Proyectos Culturales y Educativos SL, cuyo administrador único, Antonio Luis del Saz Ruiz, había ocupado anteriormente cargos de responsabilidad en Educacem.
También aparecen en torno a esos proyectos Steam para Nosotras y Fundación Cellbitec, entidades que mantienen vínculos profesionales con ese mismo entramado. De hecho, la propia Educacem presenta en su web a ambas organizaciones dentro de su apartado de "Obra social".
Por tanto, lo que deberá esclarecer la Fiscalía Europea no es únicamente cómo se gastaron los fondos, sino también qué papel jugaron estas empresas y entidades relacionadas con responsables de los proyectos en las contrataciones y subcontrataciones realizadas por el Legado Bustillo y si esas relaciones tuvieron alguna incidencia irregular en el destino del dinero europeo.
El PP rompió una etapa marcada por el consenso
La llegada del PP al Ayuntamiento en 2023 abrió una etapa muy distinta en el Legado Bustillo. Hasta entonces, la Fundación había funcionado durante años con amplios consensos entre los grupos políticos y buena parte de sus decisiones se adoptaban por unanimidad.
Con Luisa Márquez ya en la Alcaldía y en la Presidencia del Patronato, el PP impulsó la contratación de Miguel Ruiz pese al voto contrario del PSOE y puso en marcha una profunda transformación de la gestión.
Desde entonces, la Fundación ha acumulado enfrentamientos internos por las tierras, el coto de caza, las contrataciones, los proyectos educativos o las ayudas sociales. El PSOE ha denunciado reiteradamente falta de información y decisiones unilaterales, mientras Márquez ha defendido que heredó una situación jurídicamente complicada y que los cambios buscaban profesionalizar la entidad.
Lo cierto es que la etapa que ahora está bajo la lupa de la Fiscalía Europea es precisamente la posterior a ese cambio de gestión, durante 2024 y 2025, cuando Márquez presidía el Patronato y Ruiz dirigía la Fundación.
Aunque en 2025 el PP reformó los estatutos para "despolitizar" el Legado y sacar a concejales y cargos públicos del Patronato, la influencia municipal se mantiene: cuatro de los actuales patronos fueron propuestos por el PP, tres por el PSOE y uno por Alcaldía.
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