Las sospechas de corrupción que provocaron la salida del exalcalde del Partido Popular de Pepino (Toledo), Inocencio 'Cito' Gil, han llegado a los tribunales. La Fiscalía Provincial de Toledo ha formulado una denuncia ante los juzgados de Talavera de la Reina después de investigar posibles irregularidades cometidas durante su etapa al frente del Ayuntamiento.
Entre las acusaciones que desencadenaron la investigación figuran presuntas adjudicaciones irregulares al hijo de la secretaria municipal, un arquitecto que, según denunciaron los concejales que impulsaron la moción de censura contra Gil, habría recibido encargos municipales reflejados en 34 facturas por un importe superior a los 90.000 euros.
Los denunciantes también acusaron al anterior alcalde de presuntamente falsificar documentación relacionada con determinadas obras municipales y señalaron posibles manipulaciones del registro del Ayuntamiento.
Ahora, según ha comunicado este miércoles el Ayuntamiento, gobernado por José Ignacio Díaz, la Fiscalía ha trasladado el asunto a los tribunales tras completar sus diligencias de investigación.
El procedimiento tiene su origen en la denuncia presentada el 6 de marzo de 2026 ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, después de que el nuevo equipo de Gobierno examinara durante meses la documentación conservada en los archivos municipales.
Anticorrupción remitió posteriormente las actuaciones a la Fiscalía Provincial de Toledo, que ha terminado formulando una denuncia judicial.
Según sostiene el Ayuntamiento, los documentos examinados apuntarían a posibles delitos contra la Administración Pública, supuestamente cometidos con la participación de otras personas y empresas, que habrían ocasionado un importante perjuicio económico a las arcas municipales.
El actual Ejecutivo local asegura que, durante la revisión, también aparecieron nuevas actuaciones presuntamente irregulares. No obstante, el comunicado no precisa cuáles de los hechos denunciados inicialmente recoge la Fiscalía en su escrito judicial.
Una moción de censura que acabó con 14 años de gobierno del PP
El recorrido judicial de estas sospechas tiene su antecedente en la crisis política que sacudió Pepino en octubre de 2025, cuando Inocencio Gil perdió la Alcaldía después de 14 años gobernando el municipio.
La moción de censura salió adelante el 7 de octubre gracias a una alianza poco habitual: tres concejales que habían abandonado el PP, dos representantes del PSOE y otros dos de Vox. Los siete apoyaron la elección de José Ignacio Díaz, antiguo compañero de partido del alcalde destituido.
Los promotores justificaron entonces su decisión por las presuntas irregularidades detectadas en la contratación municipal, entre ellas una adjudicación relacionada con la instalación de una bandera en el municipio a un familiar de la secretaria municipal.
También denunciaron posibles prácticas de nepotismo, tráfico de influencias y falsificación documental, además de cuestionar la transparencia y la gestión económica del anterior Gobierno.
Gil rechazó aquellas acusaciones y calificó la moción de censura de "pacto de la vergüenza", asegurando que estaba tranquilo porque no había cometido ninguna irregularidad.
De hecho, en diciembre de 2025, el PP de Toledo defendió públicamente al exalcalde después de que el Consejo Regional de Transparencia inadmitiera una denuncia relacionada con el acceso a la documentación municipal.
Los populares interpretaron aquella resolución como un respaldo a su gestión, aunque el propio organismo aclaró que no entraba en el fondo de las acusaciones sobre posibles falsificaciones documentales, al tratarse de cuestiones ajenas a sus competencias.
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