El Gobierno de Castilla-La Mancha ha confirmado que las deducciones fiscales comprometidas para 2026 se tramitarán en tiempo y forma para que entren en vigor en la próxima declaración de la renta, cumpliendo así el calendario anunciado por el Ejecutivo autonómico. Así lo ha remarcado la consejera portavoz, Esther Padilla, quien ha precisado que el trámite legislativo se materializará en el primer semestre del año, tal y como estaba previsto.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Padilla ha recordado que el compromiso adquirido por la Junta era que estas deducciones fiscales tuvieran efectos reales y directos sobre la economía de las familias castellanomanchegas, y no quedaran relegadas a anuncios sin aplicación práctica. En este sentido, ha señalado que la planificación normativa se ha ajustado al calendario fiscal para que las medidas puedan aplicarse ya en el ejercicio correspondiente, garantizando seguridad jurídica y certidumbre a los contribuyentes.

Las nuevas deducciones se articularán a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades y mediante modificaciones legislativas complementarias, un procedimiento habitual en la comunidad autónoma para introducir cambios fiscales de alcance social. Según ha explicado la portavoz, este instrumento permite adaptar el marco normativo a las necesidades reales de la ciudadanía, manteniendo la coherencia con las cuentas públicas y con los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Desde el Ejecutivo regional se ha subrayado que las políticas fiscales de Castilla-La Mancha han tenido una orientación continuada hacia la equidad y la cohesión territorial, con especial atención a colectivos que afrontan mayores dificultades. En años anteriores, estas deducciones han estado vinculadas a ámbitos como la lucha contra la despoblación, el acceso a la vivienda, el apoyo a las familias o la mitigación del impacto de la inflación, beneficiando a miles y miles de contribuyentes en el conjunto del territorio regional.

Padilla ha incidido en que esta línea de actuación no responde a medidas puntuales, sino a una estrategia fiscal sostenida en el tiempo, enmarcada dentro del modelo de comunidad que impulsa el Gobierno regional. Un modelo que combina la aplicación de incentivos fiscales con el mantenimiento de unos servicios públicos sólidos, especialmente en sanidad, educación y servicios sociales, considerados ejes fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades con independencia del lugar de residencia.

En este contexto, la portavoz ha reiterado que el Ejecutivo autonómico ha cumplido siempre con las deducciones anunciadas y que el diseño de estas medidas se ha realizado teniendo en cuenta tanto el impacto económico para las familias como la viabilidad financiera de la administración regional. La Junta ha defendido que la política fiscal no puede analizarse de forma aislada, sino en relación directa con el conjunto de servicios y prestaciones que sostiene el presupuesto público.

Finalmente, Padilla ha garantizado que las deducciones fiscales comprometidas por el presidente regional, Emiliano García-Page, durante el último Debate sobre el Estado de la Región se han llevado a cabo conforme a lo anunciado, reforzando la idea de estabilidad y previsibilidad en la acción de gobierno.