Castilla-La Mancha ha dicho ‘no’ al nuevo modelo de financiación autonómica impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez y el debate ya mira al Congreso de los Diputados. El Ejecutivo de Emiliano García-Page ha mantenido este viernes su rechazo frontal a una propuesta que, a su juicio, perjudica a la región y que ha salido adelante en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) pese a la oposición de la mayoría de las comunidades.
El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha dejado en manos de los parlamentarios la decisión sobre el sentido de su voto cuando el nuevo modelo llegue al Congreso. Preguntado por la posición que deberían adoptar los representantes del PSOE de Castilla-La Mancha, ha apelado a “la conciencia de cada diputado” y ha pedido que tengan presentes los intereses de la región.
Ruiz Molina ha explicado que su papel será hacer “pedagogía” para trasladar a la ciudadanía las consecuencias económicas del nuevo sistema. “Cuando cada uno tenga que depositar el voto en relación con ese proyecto de ley, desde mi punto de vista, que actúe mirando los intereses de las circunscripciones que les han votado”, ha reclamado.
La Junta exige retirar una reforma que considera perjudicial
La posición de la Junta se ha mantenido en el CPFF, donde Castilla-La Mancha ha votado en contra de la propuesta presentada por el ministro de Hacienda, Arcadi España. Ruiz Molina había reclamado al titular de Hacienda que se abstuviera y retirara el modelo antes de someterlo a votación, pero su petición no ha sido atendida.
El consejero ha defendido que la oposición de Castilla-La Mancha responde a tres motivos principales. El primero tiene que ver con la forma en la que se ha elaborado, al considerar que se ha negociado “exclusivamente” con un partido político. El segundo se encuentra en el fondo del modelo, basado en el principio de ordinalidad. Y el tercero, en sus efectos sobre Castilla-La Mancha.
“Nuestra oposición es frontal”, ha resumido Ruiz Molina, que ha cuestionado que una reforma que afecta a todas las comunidades pueda diseñarse a partir de un acuerdo particular. “No puede ser que el modelo de financiación de todas las comunidades autónomas se negocie con una sola comunidad”, ha defendido.
El modelo ha salido adelante con el respaldo de Cataluña y Canarias, mientras que Castilla-La Mancha y Asturias han votado en contra. Para el Ejecutivo castellanomanchego, el hecho de que solo dos territorios hayan respaldado inicialmente la propuesta evidencia la falta de consenso territorial.
Castilla-La Mancha, “la peor financiada en términos relativos”
Según Ruiz Molina, la propuesta empeora la posición relativa de Castilla-La Mancha respecto al sistema actual, hasta el punto de convertirla en “la peor financiada en términos relativos”.
Castilla-La Mancha recibiría 1.248 millones de euros adicionales al año, casi un 14% más que los recursos que obtendría en 2027 con el actual sistema. Pese a este aumento, la Junta sostiene que la comunidad perdería posiciones frente al resto de territorios, hasta quedar en la última posición del ranking de financiación por habitante ajustado.
El problema, sostiene la Junta, está en el reparto comparado con el resto de territorios. Para el Ejecutivo de Page, el incremento de recursos no evita que otras comunidades puedan mejorar todavía más su posición y que Castilla-La Mancha termine en peor situación relativa.
En este punto, Ruiz Molina ha cuestionado especialmente el principio de ordinalidad incorporado al nuevo modelo. A su juicio, la propuesta parte de la idea de que “quien más tiene, más impuestos paga y más capacidad económica manifiesta tiene derecho a recibir más”, algo que considera incompatible con la garantía de unos servicios públicos equivalentes en todo el territorio.
El propio García-Page ha sido especialmente crítico con este planteamiento desde que se conocieron los detalles de la reforma. El presidente castellanomanchego ha reclamado a Pedro Sánchez que consulte a la militancia socialista y ha definido el nuevo sistema como “el modelo más insolidario, más injusto y más desigual de la democracia española”.
También ha advertido sobre los efectos de la ordinalidad, al considerar que quienes tienen una mayor capacidad económica “tendrán siempre más por tener más los que más tienen y menos los demás”.
El temor a que Junts cambie el modelo
El siguiente escenario será el Congreso. La aprobación en el CPFF no supone el final del recorrido, ya que la reforma deberá pasar por el Consejo de Ministros y posteriormente iniciar su tramitación parlamentaria. En ese proceso, uno de los elementos que preocupan a Castilla-La Mancha es la posibilidad de que el texto vuelva a modificarse para conseguir el apoyo de Junts.
Ruiz Molina ha sido especialmente contundente al referirse a esa posibilidad. “Se me ponen los pelos de punta”, ha reconocido al ser preguntado por un eventual cambio del sistema para satisfacer las exigencias de la formación de Carles Puigdemont.
El consejero teme que una nueva negociación política pueda introducir más ventajas para Cataluña y agravar las diferencias entre territorios. De ahí que haya insistido en que la reforma debería abordarse desde una perspectiva multilateral y no mediante acuerdos particulares.
Castilla-La Mancha ha defendido que existen alternativas y ha llegado a plantear incluso renunciar a algunas de sus propias reivindicaciones si se abre un debate sobre una “nivelación total” del sistema, justo el principio contrario a la ordinalidad que rechaza.
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