El Gobierno de Castilla-La Mancha ha asegurado que no retirará la demanda presentada contra el Estado por la gestión del trasvase Tajo-Segura hasta analizar en profundidad las nuevas reglas de explotación anunciadas para esta infraestructura. Así lo ha manifestado este jueves la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, quien ha insistido en que el Ejecutivo autonómico aún no conoce el contenido concreto de la reforma y, por tanto, no ha podido valorar si responde a las exigencias marcadas por los tribunales.

Durante una rueda de prensa celebrada en Toledo con motivo de la presentación de los Premios de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Gómez ha recordado que la región ha mantenido abierto el frente judicial para garantizar el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo relativas a los caudales ecológicos del río Tajo.

“Nosotros no conocemos en estos momentos exactamente cómo quieren mejorar la regla de explotación del trasvase”, ha afirmado la consejera. Según ha explicado, el Gobierno regional ha esperado que cualquier modificación permita ejecutar de forma efectiva las resoluciones judiciales que, a su juicio, el Estado no ha trasladado todavía plenamente a la normativa vigente.

La responsable autonómica ha sido tajante al señalar que la demanda seguirá adelante mientras no exista una garantía clara de que los cambios previstos beneficien a Castilla-La Mancha y respeten las obligaciones legales derivadas de las sentencias. “Evidentemente tampoco retiraremos la demanda que tenemos presentada contra el Estado hasta que veamos que beneficia y se cumple lo establecido en las sentencias”, ha declarado.

Retraso de más de dos años

Mercedes Gómez ha aprovechado su comparecencia para criticar la demora acumulada en la revisión de las normas que regulan el trasvase. Según ha recordado, la modificación de las reglas de explotación debería haberse producido hace más de dos años, un periodo en el que además se han conocido nuevas resoluciones judiciales que han reforzado la necesidad de introducir cambios.

“Ya hace más de dos años que tendrían que haberse establecido estas nuevas reglas”, ha lamentado la consejera, quien ha considerado que durante este tiempo se han dictado “dos sentencias muy contundentes” que han respaldado la necesidad de mejorar la gestión de la infraestructura hidráulica.

Desde el Ejecutivo de Emiliano García-Page entienden que la actualización de las normas debe servir para adaptar el funcionamiento del trasvase a las exigencias ambientales actuales y a los caudales ecológicos fijados para el Tajo, una cuestión que se ha convertido en uno de los principales puntos de confrontación entre Castilla-La Mancha y los territorios receptores del agua transferida.

La Junta reclama participar en las decisiones 

La consejera también ha puesto el foco en el procedimiento que deberá seguir la aprobación de las nuevas reglas. Según ha recordado, la reforma tendrá que materializarse mediante un Real Decreto y pasar previamente por la comisión de explotación del trasvase Tajo-Segura.

En este contexto, ha vuelto a denunciar que Castilla-La Mancha no cuenta con representación en ese órgano técnico de decisión. Gómez ha precisado que la exclusión ha afectado incluso a Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, entidad que la Junta considera usuaria directa del recurso hídrico.

“No está no porque no esté el Gobierno de Castilla-La Mancha, es que no está Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, que es usuario”, ha explicado. La consejera ha recordado que esta entidad ha prestado servicio, a través de la Llanura Manchega, a cerca de 73.000 consumidores de la comunidad autónoma.

Por ello, la Junta ha considerado imprescindible corregir esta situación y ha trasladado formalmente esa petición al Ministerio para la Transición Ecológica. El objetivo ha sido que la región pueda participar de manera directa en las decisiones que afectan a la gestión del agua del Tajo y al futuro del trasvase.

La titular de Desarrollo Sostenible ha concluido su intervención insistiendo en que todavía ha quedado un largo recorrido administrativo antes de que la reforma pueda hacerse efectiva. Mientras tanto, ha asegurado que Castilla-La Mancha seguirá defendiendo sus intereses hídricos y reclamando una gestión más favorable para la cuenca cedente.

“Todavía hay un recorrido enorme por delante”, ha señalado Gómez, quien ha criticado que durante este proceso se continúe, a su juicio, “dilapidando el agua del Tajo que le pertenece a Castilla-La Mancha”.

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