La ley contra la despoblación en Castilla-La Mancha cumple cinco años con un balance que el Gobierno de Emiliano García-Page considera un punto de inflexión en la evolución del medio rural. Lo que comenzó en 2021 como una ambiciosa estrategia para combatir la pérdida constante de habitantes en cientos de municipios se traduce hoy, según los datos de la Junta, en un crecimiento de población en las zonas más afectadas por el declive demográfico, una ampliación de los servicios públicos y un incremento de las oportunidades para vivir y trabajar en los pueblos.
Coincidiendo con el quinto aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias contra la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural, el vicepresidente primero del Ejecutivo autonómico, José Luis Martínez Guijarro, ha destacado que los territorios incluidos dentro de las zonas despobladas han sumado 4.732 habitantes desde entonces, un dato que rompe con la tendencia que venían registrando estos municipios durante años.
"Hoy estamos revirtiendo la tendencia", ha subrayado Martínez Guijarro, quien ha defendido que los resultados son consecuencia de una estrategia basada en garantizar servicios públicos, incentivar la actividad económica y favorecer fiscalmente a quienes deciden desarrollar su proyecto de vida en el medio rural.
La norma aprobada en Castilla-La Mancha fue una de las primeras legislaciones específicas de Europa dirigidas a combatir la despoblación desde una perspectiva transversal. Lejos de limitarse a una única área de actuación, la ley incorporó medidas relacionadas con la sanidad, la educación, la vivienda, el empleo, la fiscalidad o el transporte.
El objetivo era claro: evitar que la falta de oportunidades continuara expulsando población de los pueblos y generar condiciones que hicieran posible permanecer o regresar a ellos.
Cinco años después, el Gobierno regional sostiene que ese enfoque integral ha permitido cambiar la dinámica demográfica de numerosos municipios que durante décadas habían acumulado pérdidas constantes de habitantes.
Más servicios cerca de donde vive la gente
Uno de los principales argumentos que esgrime la Junta para explicar esta evolución es el refuerzo de los servicios públicos en las zonas rurales.
Desde 2021 se han mejorado una veintena de centros de salud y consultorios médicos y se han abierto 88 botiquines en municipios afectados por la despoblación. La actuación también se ha extendido al ámbito educativo, con la puesta en marcha de más de cien escuelas infantiles en pequeñas localidades, una medida orientada a facilitar la conciliación y favorecer la fijación de población joven.
A ello se suma la apertura de nuevas residencias para mayores en distintos municipios de la región, reforzando una red asistencial especialmente importante en territorios con una elevada tasa de envejecimiento.
Otro de los proyectos que la Junta destaca como ejemplo de adaptación a la realidad rural es el Transporte Sensible a la Demanda, un sistema diseñado para conectar localidades con escasa población y garantizar desplazamientos básicos. Actualmente presta servicio a 337 núcleos de población y más de 54.000 habitantes, acumulando ya más de 160.000 usuarios.
Ventajas fiscales para vivir en los pueblos
La fiscalidad diferenciada se ha convertido en una de las medidas más representativas de la ley. Castilla-La Mancha fue pionera en introducir deducciones específicas para quienes residen en municipios afectados por la despoblación, una herramienta con la que pretende compensar las dificultades derivadas de vivir en territorios con menor densidad de población.
Según los datos aportados por el Ejecutivo autonómico, más de 98.000 contribuyentes se beneficiaron de estas ventajas fiscales en la última campaña de la renta.
Para Martínez Guijarro, estas medidas han contribuido a convertir los pueblos en espacios más atractivos para establecer un proyecto vital, especialmente entre familias jóvenes y trabajadores que buscan alternativas fuera de los grandes núcleos urbanos.
Impulso a la actividad económica
La estrategia contra la despoblación también ha buscado fortalecer el tejido productivo rural. Para ello, la ley contempla incentivos adicionales para empresas y emprendedores que desarrollen su actividad en municipios afectados por el reto demográfico.
Las ayudas destinadas al establecimiento y consolidación empresarial incluyen incrementos que pueden alcanzar el 40% respecto a otras zonas. Gracias a estas medidas, miles de autónomos, pequeñas empresas y proyectos emprendedores han recibido apoyo durante los últimos cinco años.
La intención del Gobierno regional es que la generación de empleo y actividad económica actúe como un factor decisivo para consolidar la recuperación demográfica a largo plazo.
Vivienda: el nuevo frente de la lucha contra la despoblación
Si hace cinco años el objetivo era frenar la pérdida de población, ahora el reto pasa por dar respuesta a las nuevas necesidades derivadas del crecimiento demográfico. Entre ellas, la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones en numerosos municipios rurales, donde la oferta disponible resulta insuficiente para atender la creciente demanda.
El vicepresidente primero ha reconocido que el acceso a una vivienda asequible es uno de los desafíos más importantes para consolidar la recuperación demográfica de estas zonas. En algunos municipios, la escasez de inmuebles dificulta la llegada de nuevos residentes e incluso el asentamiento de familias que desean permanecer en el territorio.
Para hacer frente a esta situación, el Gobierno regional ha puesto en marcha diferentes iniciativas destinadas a ampliar el parque de vivienda disponible. Entre ellas destaca un programa pionero de rehabilitación de inmuebles de titularidad municipal para destinarlos al alquiler asequible. La actuación ha permitido recuperar 11 viviendas en siete localidades de Castilla-La Mancha, todas ellas actualmente ocupadas, un dato que refleja la demanda existente en estos entornos.
A ello se suma el desarrollo del programa PREE 5000, centrado en la rehabilitación energética y residencial de viviendas en municipios de menos de 5.000 habitantes. Castilla-La Mancha lidera la ejecución de esta iniciativa a nivel nacional, con una inversión de 60 millones de euros que ha permitido actuar sobre 1.009 viviendas y beneficiar a 3.450 personas.
Desde el Ejecutivo autonómico consideran que garantizar una oferta residencial suficiente será clave para consolidar los avances alcanzados en la lucha contra la despoblación. "Este aumento de la demanda de vivienda en los pequeños municipios supone un nuevo reto en el que estamos trabajando", ha señalado Martínez Guijarro, que sitúa esta cuestión entre las prioridades de la próxima fase de la estrategia regional frente al reto demográfico.
Cinco años después de la entrada en vigor de la ley, el Gobierno regional considera que la lucha contra la despoblación ha dejado de centrarse exclusivamente en evitar pérdidas de población para pasar a gestionar nuevas demandas derivadas del crecimiento.
En este contexto, el Ejecutivo trabaja ya en la elaboración del futuro Estatuto del Pequeño Municipio, una iniciativa que pretende dotar a las localidades rurales de un marco jurídico específico, simplificar procedimientos administrativos y reforzar las herramientas disponibles para garantizar su desarrollo.
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