El Ejecutivo de Castilla-La Mancha ha dado un paso relevante en el diseño de los Presupuestos regionales para 2026 al situar en el centro de su estrategia la supresión de tasas y la reducción de cargas administrativas a familias y empresas. La reunión del Consejo de Gobierno, celebrada desde este lunes en Cuenca, ha servido para avanzar en la elaboración de la futura Ley de Acompañamiento, una norma que complementará las cuentas autonómicas y que traerá consigo cambios de calado en varias legislaciones vigentes.

El vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, ha explicado que el Gobierno regional va a introducir modificaciones puntuales en la Ley de Aguas con el objetivo social de bonificar el canon del agua a familias en riesgo de exclusión y a personas con un grado de discapacidad superior al 33%. De este modo, el Ejecutivo de Emiliano García-Page plantea aliviar la carga económica de los colectivos más vulnerables, garantizando el acceso a un bien esencial como es el agua.

La futura norma también contemplará una reforma de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU) que permitirá la construcción de viviendas en suelos dotacionales públicos. Con ello se abre la puerta a que los ayuntamientos de la región puedan destinar esas promociones a alquiler asequible, una medida que responde a la creciente dificultad de los jóvenes y de las familias con menos recursos para acceder a una vivienda digna.

El Ejecutivo regional busca con este cambio legal reforzar el papel de los consistorios como agentes activos en materia de vivienda, facilitando instrumentos normativos que hasta ahora no estaban disponibles.

Simplificación y eliminación de trámites

La Ley de Acompañamiento también servirá de paraguas para aplicar la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa, aprobada recientemente. En la práctica, esto supondrá modificar hasta seis leyes autonómicas, introduciendo el principio de silencio administrativo positivo en más de 80 trámites, suprimiendo autorizaciones innecesarias y sustituyéndolas por declaraciones responsables.

Martínez Guijarro ha subrayado que con esta medida se pretende agilizar la actividad económica, acabar con demoras injustificadas y reforzar la confianza en los emprendedores. Un cambio que contrasta con el modelo de trabas y burocracia que tradicionalmente han defendido desde la derecha, donde PP y Vox han recurrido al discurso fácil del "infierno fiscal" mientras bloquean iniciativas que alivian la presión a familias y empresas.

Presupuesto con déficit cero y presión fiscal congelada

En cuanto al diseño de las cuentas regionales para 2026, el vicepresidente primero ha recordado que el techo de gasto asciende a 9.000 millones de euros, lo que supone 686 millones más que en el presente ejercicio. Se trata de un presupuesto que, en palabras de Guijarro, es “equilibrado, con déficit cero y con congelación de la presión fiscal”.

El Gobierno autonómico ha asegurado que el 70% del presupuesto se destinará a gasto social, blindando los servicios públicos básicos como sanidad, educación y dependencia. Además, se ha hecho hincapié en la apuesta por la vivienda y en la colaboración con la iniciativa empresarial como vía para generar empleo y consolidar el crecimiento económico.

Con el lema “crecer para compartir”, el Ejecutivo regional ha defendido que estas cuentas no solo buscan impulsar la inversión y la cohesión social, sino también reducir desigualdades y fortalecer el Estado del Bienestar frente a los modelos de recortes que otros partidos han defendido en el pasado.

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