El relato de ruina económica que Paco Núñez ha tratado de imponer sobre Castilla-La Mancha ha vuelto a tropezar con los datos oficiales, en este caso, con los del Banco de España. La comunidad autónoma se ha situado como la región de régimen común que más ha reducido el peso de su deuda pública durante el primer trimestre de 2026, después de rebajar en siete décimas la ratio de endeudamiento sobre su producto interior bruto (PIB).

Las cifras publicadas este martes por el Banco de España sitúan la deuda castellanomanchega en el 27,6% del PIB al cierre del mes de marzo. En diciembre de 2025 se encontraba en el 28,3%, por lo que Castilla-La Mancha ha mejorado en un solo trimestre ocho décimas más que la media de las comunidades autónomas, donde la ratio ha aumentado una décima.

El dato vuelve a dejar en evidencia el discurso catastrofista mantenido durante los últimos años por el presidente regional del Partido Popular. Paco Núñez ha llegado a hablar de una deuda "desorbitada" y ha atribuido la situación financiera de la región a la "dejadez y desidia" del Gobierno de Emiliano García-Page, dibujando de manera recurrente una comunidad autónoma arruinada y sin capacidad para sostener sus servicios públicos.

La tercera región que más baja su deuda desde 2015

La evolución de las cuentas ofrece, sin embargo, una fotografía muy distinta. Castilla-La Mancha no solo ha encabezado la reducción trimestral entre las comunidades de régimen común, sino que se ha mantenido como la tercera región que más ha rebajado el peso de su deuda desde que Emiliano García-Page llegó a la Presidencia autonómica en junio de 2015.

En aquel momento, la deuda pública representaba el 35,3% del PIB regional. En marzo de 2026 se ha situado en el 27,6%, lo que supone una disminución acumulada de 7,7 puntos porcentuales. La reducción prácticamente ha duplicado la registrada como media en el conjunto de las comunidades autónomas durante ese mismo periodo, que ha sido de 3,9 puntos.

La evolución interanual también ha situado a la comunidad autónoma entre las regiones con un mejor comportamiento. El peso de la deuda ha pasado del 28,9% del PIB en marzo de 2025 al 27,6% registrado en marzo de 2026, una reducción de 1,3 puntos que coloca a Castilla-La Mancha como la tercera comunidad de régimen común que más ha rebajado este indicador durante los últimos doce meses.

Cospedal dejó más deuda y menos servicios públicos

La comparación resulta especialmente incómoda para el PP castellanomanchego, que ha convertido el endeudamiento en uno de sus principales argumentos contra García-Page, pero nunca habla de lo sucedido durante la legislatura de María Dolores de Cospedal. Entre 2011 y 2015, la deuda de Castilla-La Mancha pasó de alrededor de 7.500 millones de euros a superar los 13.400 millones, mientras el Ejecutivo popular aplicaba fuertes recortes en sanidad, educación, servicios sociales y dependencia.

Mientras Paco Núñez utiliza ahora el endeudamiento para atacar al Ejecutivo de García-Page, su partido trata de borrar el agujero que dejó Cospedal. Entre 2011 y 2015, la deuda de Castilla-La Mancha pasó de alrededor de 7.500 millones de euros a superar los 13.400 millones, un incremento de casi 6.000 millones en apenas una legislatura.

Cospedal no solo disparó la deuda, sino que lo hizo mientras ejecutaba algunos de los recortes más duros que ha sufrido la comunidad autónoma. Su Gobierno cerró camas hospitalarias, despidió a profesionales sanitarios y docentes, recortó la dependencia y deterioró los servicios sociales. El PP dejó así una Castilla-La Mancha más endeudada y con peores servicios públicos, desmontando el argumento de que sus tijeretazos sirvieron para sanear las cuentas.

Reducir la deuda sin recortar en servicios

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha defendido que esta reducción se ha producido sin reproducir las políticas de austeridad y recortes desarrolladas por Cospedal. La comunidad autónoma ha mantenido durante este periodo el gasto destinado a sanidad, educación, dependencia y protección social, además de impulsar medidas de apoyo a la actividad económica y a los colectivos más vulnerables.

La mejora de la ratio ha coincidido también con una etapa de reconstrucción de los servicios públicos que quedaron deteriorados durante la única legislatura del PP en Castilla-La Mancha. El Ejecutivo de García-Page ha recuperado profesionales sanitarios y docentes, ha ampliado infraestructuras públicas y ha reforzado la atención en el medio rural, donde prestar servicios resulta más costoso debido a la extensión territorial y a la dispersión de la población.

A pesar de esta evolución, Castilla-La Mancha continúa soportando las consecuencias de un sistema de financiación autonómica que no contempla suficientemente el coste real de prestar servicios en una región extensa y poco poblada. El Ejecutivo autonómico ha reclamado que el futuro modelo tenga en cuenta factores como la dispersión geográfica, el envejecimiento, la superficie y la baja densidad de población, en lugar de limitar el reparto de recursos al número de habitantes.

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