La política de vivienda impulsada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, tiene consecuencias que ya no se quedan dentro de sus fronteras administrativas. La falta de una apuesta decidida por la vivienda pública asequible, unida a un modelo que ha favorecido la entrada masiva de grandes inversores y fondos internacionales, ha terminado por expulsar a miles de madrileños y madrileñas que hoy buscan en Castilla-La Mancha lo que no encuentran en su propia región: un hogar a un precio razonable.

Esta realidad ha sido puesta de relieve durante la visita de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, a una promoción de 159 viviendas de alquiler asequible en Illescas (Toledo), donde ha señalado sin rodeos que Castilla-La Mancha está acogiendo en torno al 30% de las personas que abandonan la Comunidad de Madrid, en gran medida empujadas por la imposibilidad de acceder a una vivienda digna. Un dato que, más allá de la cifra, refleja el impacto directo de una política madrileña que ha renunciado a intervenir para garantizar el derecho a la vivienda.

Rodríguez ha criticado que la prioridad del Ejecutivo de Ayuso no haya sido reforzar el parque público, sino abrir la puerta a inversores extranjeros que han comprado barrios enteros, encareciendo el mercado y desplazando a la población residente. Un modelo que ha convertido la vivienda en un activo financiero y no en un bien social, y cuyas consecuencias se están pagando fuera de Madrid, especialmente en municipios del eje de la A-42 y del corredor del Henares castellano-manchego.

En este contexto, Illescas se ha convertido en un ejemplo claro del contraste entre dos modelos. Mientras Madrid presume de liberalización y de dejar el mercado actuar, el municipio toledano ha crecido al calor de una planificación urbana y una política de vivienda orientada a la mayoría social. La ministra ha felicitado al alcalde, el socialista José Manuel Tofiño, por una gestión que ha sabido anticiparse al crecimiento demográfico derivado tanto del desarrollo industrial como de la llegada de población procedente de Madrid, precisamente por esa falta de alternativas habitacionales al otro lado de la frontera regional.

Illescas, ejemplo de éxito

Rodríguez ha subrayado que "Illescas representa el éxito de una buena política industrial acompañada de una buena política de servicios públicos y de vivienda", frente a un modelo madrileño que ha tratado a los trabajadores como simple capital productivo, obviando que las personas tienen derecho a vivir donde trabajan. Una afirmación que cobra especial sentido en un momento en el que miles de personas se ven obligadas a recorrer decenas de kilómetros cada día porque su comunidad autónoma ha renunciado a garantizarles un techo asequible.

La ministra también ha puesto en valor la apuesta de Castilla-La Mancha por la vivienda pública, una línea de actuación sostenida en el tiempo y respaldada por la inversión estatal. Desde 2018, el Gobierno de España ha destinado más de 390 millones de euros a la región, con los que se ha financiado la construcción y rehabilitación de 6.090 viviendas. Una cifra que contrasta con el escaso peso del parque público en la Comunidad de Madrid, una de las regiones con mayor tensión del mercado inmobiliario y menor capacidad de respuesta pública.

La promoción visitada en Illescas cuenta con una subvención de 7,9 millones de euros del Gobierno de España y un préstamo del Instituto de Crédito Oficial cercano a los 20 millones de euros, y permitirá ofrecer alquileres de entre 600 y 650 euros mensuales, incluyendo plaza de garaje y trastero. Precios muy alejados de los que se registran en gran parte del área metropolitana madrileña, donde la ausencia de vivienda pública ha dejado el mercado completamente desregulado.

Mientras el Gobierno de Ayuso sigue defendiendo un modelo que prioriza al inversor frente al residente, Castilla-La Mancha continúa absorbiendo el impacto social de esa política, demostrando que la vivienda no es solo una cuestión de mercado, sino de voluntad política.