Castilla-La Mancha ha consolidado en los últimos años una expansión sin precedentes de la red pública de escuelas infantiles, situando la educación de 0 a 3 años como uno de los pilares de las políticas sociales impulsadas por el Gobierno de Emiliano García-Page. Una estrategia que ha permitido más que duplicar el número de centros existentes, reforzando el acceso a la educación temprana como un derecho y no como un privilegio condicionado por la renta o el lugar de residencia.

El Ejecutivo autonómico ha abierto 140 escuelas infantiles públicas, lo que ha supuesto la creación de 3.036 plazas repartidas por el conjunto de la comunidad autónoma. Gracias a este despliegue, la oferta de centros ha crecido un 60,01% y la de plazas un 21,1%, cifras que reflejan un modelo claramente orientado a fortalecer los servicios públicos esenciales, especialmente en municipios pequeños y zonas afectadas por la despoblación.

Este esfuerzo sostenido contrasta con la etapa anterior de María Dolores de Cospedal, la cual estuvo marcada por cierres, recortes, paralización de infraestructuras educativas, despidos y una mayor dependencia del sector privado, una dinámica que el actual Gobierno regional ha revertido con una política claramente alineada con la igualdad de oportunidades y la cohesión territorial. Frente a los discursos de Partido Popular y Vox, que cuestionan reiteradamente la inversión pública y defienden modelos más restrictivos, el Ejecutivo de Page ha optado por blindar la educación pública desde la primera infancia como herramienta clave para fijar población y apoyar a las familias.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha enmarcado esta expansión dentro de un enfoque integral de políticas públicas que abarcan todo el ciclo vital. Una visión que vincula la escolarización temprana con la generación de oportunidades, el empleo femenino y la igualdad real entre territorios, alejándose de planteamientos que reducen estos servicios a un gasto prescindible.

Aperturas en pequeños municipios

En la provincia de Toledo, el impacto de este programa ha sido especialmente significativo. En total, se han abierto 38 escuelas infantiles, con 1.081 plazas públicas, lo que ha incrementado la oferta de centros en un 49,93% y la de plazas en un 17,85%. Datos que evidencian una planificación territorial equilibrada, pensada para llegar también a municipios de menor tamaño que tradicionalmente habían quedado fuera de este tipo de inversiones.

Uno de los ejemplos más recientes de este modelo es la apertura de la Escuela Infantil Señorita Amelia en Albarreal de Tajo, un municipio de pequeño tamaño que ha incorporado un nuevo recurso educativo público gracias al impulso del Gobierno regional. Durante el acto de inauguración, el consejero ha subrayado que este tipo de centros sirven para “hacer más municipio” y ampliar la oferta de servicios públicos que permiten a las familias desarrollar su proyecto de vida sin verse obligadas a abandonar su localidad.

La nueva escuela infantil ha sido financiada con fondos europeos Next Generation y ha supuesto una inversión superior a los 617.000 euros, ejecutada en un plazo especialmente reducido. El centro inició su actividad el pasado mes de diciembre y cuenta con 41 plazas, además de servicio de comedor escolar, reforzando su carácter de recurso público integral al servicio de las familias.

El equipamiento dispone de tres unidades diferenciadas por edades: un aula para niños y niñas de 0 a 1 años con ocho plazas, otra para el tramo de 1 a 2 años con 13 plazas y una tercera destinada a menores de 2 a 3 años con 20 plazas. En estas primeras semanas de funcionamiento, dos de las unidades ya están operativas, con once menores matriculados, una cifra que previsiblemente irá aumentando conforme se consolide el servicio.

La política educativa del Gobierno de Page ha situado la educación pública como eje vertebrador del desarrollo regional, frente a planteamientos que han priorizado la reducción del gasto y la externalización de servicios. La ampliación de la red de escuelas infantiles se ha convertido así en una de las expresiones más visibles de un modelo que apuesta por lo público como garantía de igualdad, cohesión territorial y futuro para Castilla-La Mancha.