Visto para sentencia ha quedado el juicio promovido por Abogados Cristianos contra el Ayuntamiento de Ciudad Real, gobernado por el Partido Popular, por un material escolar que difícilmente parecía candidato a los tribunales: un cuaderno de mandalas para colorear. El material, elaborado por la Concejalía de Educación, fue entregado durante una visita escolar al consistorio, y terminó convirtiéndose en el detonante de una crisis política entre el PP y Vox que acabó rompiendo el pacto de gobierno en la capital provincial. 

El contenido del cuaderno, titulado Mandalas con valores, mostraba a través de diversos dibujos distintos modelos de familia, desde la homoparental ―integrada por dos hombres―, o la homomarental ―formada por dos mujeres―, pasando por la familia adoptiva, la reconstruida, la multirracial o la unipersonal. Las ilustraciones soliviantaron a los representantes de Vox, que las consideraron “un claro ejemplo de doctrina ideológica de género”. El cuaderno también generó pavor en la Fundación Abogados Cristianos, que acabaron por judicializar el caso.

En la vista celebrada este martes en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ciudad Real, los representantes de Abogados Cristianos se han ratificado en su demanda, convencidos de que un material que invita al respeto y la igualdad vulnera la Constitución Española. En concreto, el artículo 27.3, que garantiza el derecho de los padres a decidir la formación moral de sus hijos, y el artículo 103, que, según la asociación, habría sido traicionado por una administración que “actúa contra los intereses generales”.

 

 

El abogado de la entidad, Pablo Jarque, ha pedido que se declarara la nulidad de la actividad educativa y que el Ayuntamiento retire los cuadernillos. En su interpretación, los mandalas “minusvaloran la familia natural”, a la que —ha sostenido— “ni siquiera se cita”. De prosperar la demanda, el Ayuntamiento tendría prohibido repetir la actividad y los cuadernillos deberían ser destruidos.

Abogados Cristianos se enteró por Vox

Jarque explicó que la asociación conoció el caso por “socios y contactos en Ciudad Real” y también gracias a “unos concejales del Ayuntamiento”, sin especificar cuáles, aunque se puede interpretar fácilmente que fueron los de Vox.

En su intervención, el letrado repasó otros casos parecidos que Abogados Cristianos ha promovido en ayuntamientos gobernados por el PSOE y sus socios, citando ejemplos en Getafe o Castellón, donde —ha afirmado— obtuvieron sentencias estimatorias por materiales “ofensivos para la religión católica”.

Por parte del Consistorio, la abogada María Moreno, en declaraciones al medio La Tribuna de Ciudad Real, ha defendido con firmeza que no existe ninguna vulneración de derechos. El cuaderno, ha explicado, “refleja la realidad social actual, en la que conviven distintos modelos de familia, y se limita a transmitir un mensaje elemental: todos somos iguales”. Ha añadido que el Ayuntamiento “no ha creado nuevos conceptos de familia ni ha coartado la libertad de los padres para educar a sus hijos según sus valores”.

Moreno ha lamentado que Abogados Cristianos pretenda “erigirse en portadora única del derecho a decidir sobre la educación de los hijos”, subrayando que la actuación municipal “ha sido objetiva, respetuosa y neutral”. En su opinión, “resulta llamativo que una asociación privada se arrogue la representación de todas las familias, imponiendo su visión particular del mundo como si fuera universal”.

Un cuadernillo infantil que llega a los tribunales

El contenido del cuaderno difícilmente parece incendiario: incluye frases como “cada familia es única, pero todas son igual de válidas” o “lo que no puede faltar es amor y respeto”, acompañadas de mandalas para colorear. Sin embargo, en ciertos sectores de la ultraderecha, el simple reconocimiento de la diversidad familiar sigue despertando una reacción desproporcionada que llega, como en este caso, hasta los tribunales.

Con el juicio ya celebrado, el asunto ha quedado visto para sentencia. Mientras tanto, los mandalas permanecen a la espera de que un juez decida si un cuaderno infantil con mensajes de respeto y convivencia puede considerarse una amenaza al orden constitucional.