Los sindicatos de la enseñanza que ya se han pronunciado sobre el plan de la Junta de Andalucía para regresar a las aulas se han mostrado muy críticos con el paquete de medidas que desveló ayer el consejero Javier Imbroda tras el Consejo de Gobierno que las aprobó.

La medida estrella del consejero, la que ha acaparado los titulares de todos los medios, ha sido la prometida contratación de 6.300 profesores, aunque los sindicatos CSIF y CCOO, así como el Partido Socialista, no están muy satisfechos: cifran hasta en 30.000 los profesores necesarios para garantizar un regreso seguro a las aulas y se quejan de que Imbroda no haya detallado cómo se distribuirán los docentes de refuerzo.

“Docentes de refuerzo hacían ya falta en los centros educativos antes de la Covid-19", recordaba ayer la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Andalucía, para la cual el volumen de contrataciones es "a todas luces insuficiente e inconcreto". CCOO Enseñanza fue más lejos y tachó de "irresponsables" las medidas de Imbroda, por "no garantizar la salud de las personas".

Ambos sindicatos se quejan del “enroque” de la Junta en “mantener la ratio oficial establecida, cuando las condiciones derivadas de la crisis actual aconsejan claramente que se aumenten de verdad las plantillas de los centros para que la cifra de alumnado por aula se reduzca".

Este entrecomillado de las palabras de presidenta de CSIF Educación Andalucía, Elena García, coincide básicamente con el diagnóstico del secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina: "No es posible reiniciar la actividad docente como si estuviéramos en la más absoluta normalidad; el reforzamiento de plantilla supone sólo un incremento de un 4%, cuando las necesidades de profesorado para prevenir este virus debe superar el 30%, una inversión que aún con esta cifra seguiría siendo inferior a los recortes padecidos en la educación andaluza en los últimos años".

Igualmente, para CSIF el plan para la vuelta a los centros en septiembre "ha de estar basado en una propuesta vertebrada por una necesaria inversión económica que posibilite un menor número de alumnos por aula, la ampliación de las plantillas, así como los recursos que permitan establecer las medidas de seguridad y protección necesarias, tanto para el profesorado como para el alumnado".

En la misma línea, la portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista, Beatriz Rubiño, ha calificado como “insuficiente y poco transparente el plan: “No han enviado el borrador del plan ni a los sindicatos ni a las asociaciones de directores de centros educativos de la comunidad, que no han podido hacer aportaciones al texto, a pesar de que en septiembre la seguridad de la vuelta al colegio recaerá sobre sus hombros”.

La portavoz socialista denuncia que el plan del gobierno de PP y CS aporta “más dudas que certezas” a la comunidad educativa, “propio de un gobierno caótico en la gestión y que sólo piensa en el autobombo”. “Anuncian la contratación de 6.000 profesores pero no informan de las condiciones ni de los criterios de selección, y si será para el inicio del curso escolar o para todo el año”, denuncia Rubiño, que asegura “volver a temer que ocurra el mismo despropósito que con los 3.000 vigilantes de playa contratados a dedo”.